Los jueces progresistas salen en defensa de Félix Bolaños. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) pide a las 12 comunidades autónomas con competencia en Justicia que «cooperen para que la reforma judicial sea posible». La petición llega solo un día después de que las siete regiones gobernadas por el PP plantaran al ministro de Justicia. Estaban convocadas para abordar la nueva ley de eficiencia judicial, que entró en vigor el jueves. Los populares consideran que la conferencia sectorial de Barcelona solo servía para hacerse la foto y no entraba de lleno en cuestiones como la financiación. El Gobierno sostiene que la reforma les permitirá ahorrar 290 millones de euros.
JJpD reclama a las comunidades autónomas competentes «que no abandonen a la Administración de Justicia» y que, ante los cambios legislativos, «cooperen para que la reforma judicial sea posible y mejore el servicio público que se presta a la ciudadanía». Su portavoz, Edmundo Rodríguez Achútegui, hace esta solicitud tras las diferencias en la cumbre sectorial celebrada este viernes en Barcelona, que pretendía coordinar la puesta en marcha de los tribunales de instancia. Sin embargo, acabó con los siete consejeros del PP abandonando la reunión que presidía Bolaños.
«Reformas legislativas ha habido siempre, y quedan algunas, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de gran relevancia», asegura Rodríguez Achútegui en un comunicado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En opinión del representante de JJpD, «ante retos tan importantes como la puesta en marcha de los tribunales de instancia, que persiguen mejorar la eficiencia del trabajo judicial y racionalizar su organización, no sobra ninguna administración».
Bolaños acusa al PP
El portavoz de JJpD pide que «sean cuales sean las diferencias», los obligados a gestionar estos cambios «se sienten a dialogar y coordinen sus políticas, porque la sociedad necesita una Administración de Justicia más ágil y dinámica, que resuelva con prontitud y calidad sus demandas de tutela judicial». La conferencia sectorial es el órgano de cooperación entre el Estado y las regiones. A la de este viernes asistieron los consejeros de País Vasco, Cataluña, Canarias, Navarra y Asturias, pero no puedo celebrarse el pleno por falta de quórum.
«Todos los colectivos afectados, desde la judicatura, Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios públicos, tenemos la responsabilidad de sacar adelante una reforma que puede mejorar un servicio público esencial como el que prestamos», insiste Rodríguez Achútegui. Para eso, reconoce, «necesitamos que las comunidades autónomas con competencia no abandonen su responsabilidad y superen sus discrepancias, abordando políticas comunes que persigan que los tribunales de instancia actúen con plena efectividad cuanto antes».
Rodríguez Achútegui considera que «el horizonte común que debiéramos perseguir es atender con diligencia y eficacia las demandas que las profesiones jurídicas plantean a los tribunales en representación de cuantos reclaman tutela judicial efectiva». Los consejeros del PP decidieron plantar a Bolaños al considerar que no se había fijado un orden del día con puntos esenciales, como la financiación necesaria para implementar la nueva normativa.
Bolaños calificó la espantada como «gamberrismo institucional». El ministro aseguró que el PP «cada día se parece más a Vox» y tildó de boicot que los representantes de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, La Rioja y Cantabria no asistieran a la cumbre, que se celebró en el Recinto Modernista de Sant Pau en Barcelona. El consejero de Justicia madrileño, Miguel Ángel García, explicó que la razón del plantón era que se trataba de «un paripé».
«Un paripé»
«Nos vamos como vinimos, porque prácticamente lo único que hemos visto es que aquí se quería hacer un paripé. Ninguno de los puntos que nos parecían fundamentales para poder abordar una ley de eficiencia que va a transformar por completa la estructura judicial de nuestro país, ninguno de esos puntos han sido recogidos y no han sido incorporados al orden del día», insistió García Martín. En su opinión, la nueva ley va a tener un coste «muy importante» para las regiones. En el caso de la Comunidad de Madrid, asegura, más de 40 millones de euros.
Una versión que contradice el Gobierno. El Ministerio de Justicia asegura que la ley de eficiencia supondrá un ahorro de 290 millones de euros en la próxima década a las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la competencia. Su implantación, eso sí, requerirá una inversión de alrededor de 15 millones entre todos los territorios, «ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma».
La ley de eficiencia, considerada la mayor reforma en décadas, entró en vigor el jueves, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 3 de enero. La norma busca modernizar y agilizar los procesos judiciales mediante una reorganización estructural y la digitalización del sistema. Entre las principales medidas se encuentra la creación de los tribunales de instancia, que reemplazarán a los juzgados unipersonales. Este cambio permitirá integrar a los más de 3.800 juzgados actuales en 431 tribunales colegiados, lo que busca facilitar una distribución más equitativa de la carga de trabajo y unificar criterios judiciales.
