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«Hice la huelga para los compañeros de Albacete», ironiza una funcionaria de Justicia que presta servicios en Andalucía. El pacto entre Félix Bolaños, CSIF y UGT ha soliviantado a los trabajadores de las regiones de ámbito no transferido, que no se beneficiarán del incremento salarial acordado. «Nunca los he visto tan enfadados», asegura José Luis Fernández Alaya, portavoz de STAJ. Su sindicato, CCOO y CIG han anunciado movilizaciones porque «el conflicto continúa vigente». Cifran en 3.000 euros de media el dinero que perdieron los empleados públicos que secundaron las huelgas del año pasado.
Bolaños firmó el pasado jueves con CSIF y UGT el acuerdo que supondrá una subida salarial de entre 165 y 250 euros al mes, muy lejos de los 450 que reclamaban los funcionarios de Justicia. El aumento será progresivo: a partir de la nómina de mayo se cobrará el 50% con efecto retroactivo desde el 1 de enero y, a partir del próximo año, se cobrará el total de lo acordado. Sin embargo, el pacto guarda una sorpresa que han denunciado sindicatos con STAJ y CCOO.
El pacto solo beneficiará a 12.000 empleados, aquellos que desarrollan su labor en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla. El acuerdo también favorecerá a los funcionarios de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, el Registro Civil y los juzgados centrales. Los sindicatos que rechazan la medida la han calificado de «impresentable» y de «traición».
Cisma en Justicia
El acuerdo deja fuera a 33.000 funcionarios de Justicia, el 70% de la plantilla. Todos aquellos empleados públicos que ejercen en regiones con las competencias transferidas. Muchos de ellos secundaron las huelgas que comenzaron en abril del año pasado, que se alargaron durante dos meses y medio. Los sindicatos decidieron posponer las protestas ante la inminencia electoral. Un trabajador que presta servicios en Madrid asegura a THE OBJECTIVE que su presencia en los paros le privó de ingresar 2.500 euros «para nada».
Una desazón que comparten todos aquellos funcionarios de Justicia que operan en regiones de ámbito no transferido. Otra trabajadora de Andalucía admite que su bolsillo se resintió en 1.000 euros el año pasado porque faltó a un puñado de huelgas, ya que su sueldo es el único que entra en casa. Asegura que intuía que las movilizaciones no iban a dar el fruto esperado y muestra su enfado por el acuerdo «discriminatorio» de Bolaños, CSIF y UGT.
«Hice la huelga para los compañeros de Albacete», afirma con sorna la mujer. STAJ y CCOO calculan que los funcionarios de Justicia dejaron de ganar 3.000 euros de media por secundar las huelgas del año pasado, primero parciales y luego totales. Fernández Alaya, portavoz de STAJ, sostiene que las pérdidas de cada compañero oscilaron entre los 2.500 y los 4.000 euros, ya que sus emolumentos varían según la antigüedad y los complementos especiales, como los de destino.
En algunos casos, el perjuicio alcanzó los 6.000 euros, afirma Luis Calero, portavoz de CCOO. Tanto su organización como STAJ se han rebelado contra Bolaños por discriminar a 33.000 funcionarios de Justicia. En opinión de Fernández Alaya, el asunto se hubiese resuelto poniendo sobre la mesa unos 200 millones de euros más de lo que va a desembolsar el Gobierno, ya que al tratarse de un cuerpo nacional las comunidades autónomas han declinado hacer frente a dicho gasto.
Coste para el Estado
«El coste no hace ni cosquillas a las arcas públicas», recalca el portavoz de STAJ. Desde su punto de vista se trata de una cuestión política y acusa a Bolaños de querer salvar el escollo con el menor coste económico posible. Además, critica que el ministro repita desde que accedió al cargo a finales de noviembre que su mandato iba a estar marcado por el diálogo cuando solo ha llegado a un acuerdo con CSIF (sindicato mayoritario) y UGT, «que no llegan ni al 40% de la representatividad».
Bolaños subrayó el jueves, durante la firma del acuerdo, que este «pone fin a un conflicto que llevaba tiempo bloqueado». Un extremo que niegan los sindicatos que no se han sumado al pacto, que consideran que el problema continúa y ya planean nuevas movilizaciones. «El ministerio no va a encontrar la paz que tanto ansía», insiste Fernández Alaya.
Las primeras protestas tendrán lugar el 23 de abril. STAJ, CCOO y CIG han convocado conjuntamente los afectados a realizar concentraciones de 30 minutos en las puertas de los centros de trabajo de la Administración de Justicia de toda España en las capitales de provincias y grandes poblaciones. Cuatro días más tarde, el sábado 27, están llamados a una gran manifestación en Madrid.
Los sindicatos demandan que se paralice la ley de eficiencia organizativa que planea el departamento de Bolaños porque «pone en riego los centros de destino, la movilidad voluntaria, los puestos de trabajo y las retribuciones complementarias, incluidas las guardias». Entre sus peticiones también se encuentra el incremento del complemento general del puesto que abarque al personal de todos los ámbitos territoriales y que se reconozca profesional y retributivamente las funciones que realizan.
«Por la puerta de atrás»
Los funcionarios de Justicia iniciaron el conflicto en abril del año pasado. Tras dos meses y medio de paros, decidieron posponerlos en junio ante la inminencia electoral. Reclamaban un aumento salarial de entre 350 y 430 euros al mes «en concordancia» con el incremento retributivo pactado con los letrados de la Administración de Justicia.
El Gobierno se comprometió a ello tras la investidura de Pedro Sánchez. Las mesas de negociación comenzaron el 10 de enero, aunque no incluían el incremento retributivo, por lo que algunos sindicatos consideran que se ha realizado «por la puerta de atrás».
