Los socios parlamentarios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quieren que el Ejecutivo y el Partido Socialista pasen de los gestos a los hechos ante el avance de la trama que afecta al PSOE y exigen poner el foco en las «empresas corruptoras», además de castigar a los políticos corruptos.
El informe de la UCO que implicó al último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el caso Koldo apunta a al menos cuatro empresas, entre ellas Acciona, que presuntamente habría pagado contraprestaciones económicas al exministro José Luis Ábalos y su exasistente Koldo García a cambio de contratos públicos; y Servinabar, una pequeña mercantil navarra que ejecutaba obras a través de una UTE con Acciona.
Esta constructora ha abierto una investigación interna para aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades y ha despedido al que fuera su director de Construcción para España, mientras que Servinabar ha rechazado que pueda imputarse a esta empresa ningún delito y ha negado que Cerdán haya sido o sea socio de la misma, como apuntan los informes de la UCO.
Los aliados de Sánchez quieren que el castigo para las empresas que paguen mordidas sea máximo. Que se les impongan sanciones «de por vida» y multas millonarias, resumió el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, tras reunirse esta semana con Sánchez en la Moncloa.
Según explicó, Sánchez se comprometió a mejorar la persecución de los «corruptores» y ERC presentará una propuesta legislativa para ello. Se ha adelantado Sumar. Desde ese grupo, Más Madrid ha registrado ya una proposición de ley para modificar el Código Penal y la Ley de Contratos del Sector Público para perfeccionar la lucha contra la corrupción política y económica.
En 2010 se fijó por primera vez en el Código Penal la responsabilidad penal de las empresas por corrupción de los negocios, es decir, el pago de sobornos para obtener ventajas competitivas; y en el catálogo de penas se incluyó la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público o gozar de beneficios fiscales. Pero esas penas, alerta Más Madrid, no se incluyeron entre las posibles medidas cautelares que pueden aplicarse, con lo que durante años los recursos públicos quedan desprotegidos, ya que la instrucción judicial de estos delitos es enormemente compleja y pasa mucho tiempo hasta que se dicte sentencia.
Las condenas, además, han sido escasas, ya que no basta con que el delito cometido por una persona física beneficie a la empresa, sino que hay que acreditar, por ejemplo, la falta de medidas de control adecuadas para impedir las prácticas corruptas. Los Comunes y el BNG también han pedido iniciativas para evitar que empresas y personas condenadas contraten con el sector público y el PNV ha coincidido en la necesidad de tomar medidas que afecten a las empresas.
Investigación interna en Acciona
Tras publicarse las informaciones sobre las presuntas contrataciones públicas irregulares que habrían beneficiado a Acciona, la empresa emitió un comunicado para expresar su «total desconocimiento, sorpresa y preocupación» y anunciar la apertura de una investigación para analizar una «posible elusión de los controles internos».
En aquel primer comunicado, fechado el 12 de junio, subrayaba que Fernando Agustín Merino Vera, al que expresamente se señalaba en las diligencias judiciales, fue despedido de la compañía el 12 de abril de 2021. Merino es uno de los cinco empresarios que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decidido imputar en un auto dictado este mismo viernes.
Junto a Merino está Antxon Alonso, administrador de la empresa Servinabar 2000, que según la UCO transfirió el 45 % de las participaciones de la compañía a Cerdán en 2016. También están imputados Antonio y Daniel Fernández Menéndez, vinculados a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR); y José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).
De acuerdo a los indicios reunidos hasta el momento, todos ellos podrían haber efectuado pagos irregulares para lograr adjudicaciones de obras públicas, según el juez, que ha pedido además información sobre las cuentas o productos bancarios de los imputados y de las empresas en cuyo beneficio podrían haber actuado.
