El traslado de menores migrantes desde Canarias y Ceuta promete provocar una tormenta política, además de una cascada de recursos judiciales, el primero anunciado por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un cambio en la ley de extranjería que exigirá solidaridad a todas las comunidades autónomas cuando el sistema de acogida de algunos territorios alcance el triple de su capacidad. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha declinado dar cifras esgrimiendo que las comunidades autónomas tiene hasta el 31 de marzo para enviar sus datos actualizados, pero las proyecciones ya dibujan un mapa de cómo quedará aproximadamente la distribución de los primeros 4.400 niños y adolescentes.
Para calcular la futura distribución se tienen en cuenta varios criterios objetivos. Se tiene en cuenta la población (con un peso en el cálculo del 50%), la dispersión de población (2%), la renta per cápita (13%) y el desempleo (15%). Para contemplar la singularidad de cada comunidad también se tendrá en cuenta la insularidad (2%) y si el territorio es frontera (2%), el número de menores acogidos en los últimos seis meses (6%) o el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en atender a este colectivo (10%).
Según la tabla a la que ha tenido acceso EL PAÍS, y siempre a falta de actualizar los datos, Madrid será la comunidad autónoma que más menores tendrá que acoger, un total de 806, una cifra que viene determinada sobre todo por su gran población y por la limitada dimensión de su sistema de acogida. Según ese cálculo, Andalucía también tendría que recibir 795 menores, por los mismos motivos que Madrid. En el extremo opuesto se sitúa Cataluña, que apenas recibirá 27 niños. A pesar de que le pesaría el criterio de población, en el caso catalán, la capacidad de acogida está por encima de lo que le correspondería. En el caso del País Vasco, la cuenta es algo mayor, con 88 niños y adolescentes por acoge. El cálculo vasco sube por la población, por su alta renta per cápita y por la baja tasa de desempleo, pero acaba compensada por la dimensión de su sistema de acogida, mayor que el de otras comunidades.
La capacidad ideal de acogida parte de cálculos internos del Ministerio de Juventud con los que se establece que el promedio deseable es que cada comunidad cuente con una plaza de acogida por cada 2.250 habitantes. Según estos cálculos, con datos a diciembre de 2023, Madrid, que no llega a 2.000 camas, debería contar con 1.145 más. También ocurre con Andalucía, donde hay 3.000 plazas destinadas a niños migrantes, pero, según los cálculos del Ministerio, debería haber al menos 800 más. Cataluña, con 4.651 plazas tiene un excedente de 1.065 y País Vaco, con 1.498, cuenta con 498 camas por encima de la media. “No partimos de cero, es necesario reconocer la situación de cada territorio en términos económicos, poblacionales, de empleo, etc. Y, también, por supuesto el esfuerzo ya realizado en términos de acogida y el trabajo que han realizado para dimensionar su sistema de acogida”, explican fuentes ministeriales.
La definición de cuál es el tamaño que deben tener los sistemas de acogida autonómicos es clave no solo para la redistribución sino para la financiación. Según dicta el real decreto ley, Hacienda solo asumirá los costes de los sistemas sobreocupados por la acogida de menores migrantes trasladados desde otros territorios. Esto implica que para recurrir al fondo estatal las comunidades autónomas deberán, primero, acreditar su número de plazas ocupadas, lo que servirá la Ministerio de Juventud para calcular lo que han denominado “capacidad ordinaria”. Todas las comunidades que no alcancen un ratio mínimo no entrarán a formar parte de este fondo y serán ellas las que tendrán que asumir los costes de ampliar su red de acogida menores.
