La Comunidad de Madrid reconoce “deficiencias”, “defectos” y “anomalías detectadas” en los equipos de protección contra incendios de centros de salud, consultorios locales y otros servicios dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. Así consta en un contrato licitado en plena Semana Santa con un valor estimado de 1.978.181,84 euros, y que afecta potencialmente a más de 400 locales, según se explicita en el expediente. Sin embargo, un portavoz de la consejería de Sanidad, que dirige Fátima Matute, asegura que todo se debe a “un error de redacción”, que la propuesta licitada se refiere a averías que se detecten a partir de su entrada en vigor y que, en todo caso, se va a desistir de ella tan solo una semana después de publicarla, para sustituirla por otra “más completa”. El expediente público apunta a la necesidad de reparar grupos de bombeo, puertas corta fuegos o redes de rociadores, o a que hay extintores y mangueras que no cumplen con aspectos de la normativa como la altura.
“El servicio de mantenimiento, así como el propio personal de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, ha identificado diversas averías que se pretenden subsanar, para dejar en perfecto estado de funcionamiento los elementos propios de las instalaciones de protección contra incendios”, se reconoce en el expediente. “El adjudicatario efectuará los trabajos de adecuación de las instalaciones de Protección Contra Incendios para la subsanación de las deficiencias identificadas y corrección de anomalías detectadas”, se explicita. Y se añade: “La prioridad es la mejora continua de las condiciones de los pacientes, de ahí que las actuaciones se centren en aquellas instalaciones donde existan defectos o [necesidad de] actualización de recursos en materia de seguridad”.
Lo que cuenta el contrato lo conocen con toda crudeza los trabajadores que viven el día a día de los centros de salud, sometidos a un trajín constante.
“Los centros de salud de hace 40 años desde luego no cumplen la normativa”, dice un portavoz del sindicato Satse. “Se están haciendo revisiones en los centros de salud de los lugares de trabajo”, amplían desde el sindicato Amyts. “En algunos se han visto que presentan deficiencias en cuanto a equipos y sistemas de protección antiincendios, así como en el mantenimiento de los equipos”.
Sin embargo, un portavoz de la consejería de Sanidad rechaza la textualidad de lo recogido en el contrato. “El contrato lo que tiene es un problema de muy mala redacción”, dice este interlocutor, que afirma que el acuerdo se diseñó para averías de nueva detección, pese a que su título es “Obras de subsanación de las deficiencias encontradas (…)”. “La Comunidad va a desistir de este contrato dado que el mantenimiento (correctivo) se va a englobar en un gran contrato que emanará de la agencia de contratación sanitaria”, añade. “Actualmente, existe un contrato de mantenimiento. Siempre que hay una incidencia se solventa”, remata.
El 72% de los centros de salud de la Comunidad de Madrid no tiene suficientes médicos para atender a la población que tienen asignada, según un estudio realizado por el Observatorio de la Atención Primaria de los sindicatos AP Se Mueve y Amyts. A esa situación, que dificulta el seguimiento de los pacientes y la obtención de citas, se une ahora la posibilidad de estas intervenciones de reparación. Por ello, la Administración requiere del adjudicatario una precisión quirúrgica, pues se actuará sobre una de las partes más sensibles del sistema sanitario. O eso hacía al menos en el contrato del que ahora dice que va a desistir.
Cuando la Gerencia Asistencial de Atención Primaria considere como urgente una intervención, esta se realizará “de forma inmediata, en un plazo máximo de 24 horas”, se explicita en el contrato. Además, se deberá garantizar que se mantenga “en todo momento” la operatividad de todos los servicios. De hecho, si la intervención obligara a un corte general de electricidad, la empresa que gane el contrato deberá activar un generador que permita que el trabajo de médicos, enfermeras y personal administrativo prosiga como si no ocurriera nada. Y si es necesario, tendrá que intervenir fuera del horario de atención al público.
Riesgos desconocidos
La Comunidad de Madrid ya contaba con un contrato de mantenimiento de estos equipos, que comprometía a los adjudicatarios de los diferentes lotes a revisiones trimestrales, semestrales o anuales de los diferentes equipos contra incendios. Ahora el foco estará puesto en el funcionamiento de los grupos de presión de agua, en la red de distribución, en los rociadores, en los sistemas fijos de extinción por gases, polvo, espuma o CO2, extintores, alarmas o sistemas de sectorialización (como contrapuertas contrafuegos).
La previsión es que el adjudicatario esté habilitado para instalar grupos de bombeo valorados en 33.000 euros o se ocupe de la legalización de las nuevas instalaciones (2.941 euros), y adecuar a la normativa actual la altura de extintores, bocas de incendio, o los pulsadores que activan y paran los extintores automáticos. También se prevé reparar grupos de bombeo, puertas corta fuegos o redes de rociadores.
“Los Equipos de Atención Primaria desconocen los riesgos inherentes a sus instalaciones”, lamentan en el sindicato Comisiones Obreras (CC OO). “Además, carecen de conocimiento sobre los equipos de extinción disponibles en su entorno de trabajo, sus características y su uso adecuado, lo que les impide actuar de manera efectiva en caso de emergencia, actuando en origen”, siguen estos representantes de los trabajadores. “No conocen el funcionamiento de los medios de protección a su alcance ni su uso, por lo que no pueden verificar que funcionen debidamente y sean fiables”, finalizan.
