La democracia española hiede. La degradación institucional, económica y moral inherente al socialismo no sólo no ha encontrado freno, sino que lo ha impregnado todo y generado en torno a ella su propio ecosistema. Un hábitat perfectamente adaptado a sus intereses, donde las reglas del juego democrático ya no sirven para garantizar ni igualdad, ni justicia, ni transparencia, sólo para blindar al sanchismo y a sus socios.
El Estado de derecho ha involucionado hacia una forma degenerada de sí mismo, conformando un sistema mimetizado con el PSOE en el que ya sólo prosperan los adscritos, los útiles o los indiferentes. Donde antes había mecanismos de fiscalización, hoy se alzan impedimentos y barreras que retuercen la legalidad para garantizar impunidad a quien debería responder por sus actos. Los principios constitucionales se interpretan según convenga, las garantías procesales se estiran o se encogen en función de la adscripción política del justiciable y la ley ya no es igual para todos. Un auténtico lodazal que apesta a componenda y a corrupción.
En las últimas 48 horas, la actualidad ha estado trufada de informaciones que revelan comportamientos del entorno socialista más propios de organizaciones criminales que de un partido político. Incompatibles con una democracia occidental. Pero nadie ha asumido la menor responsabilidad y ningún resorte institucional ha reaccionado, salvo alguna honrosa excepción. Nada. Sólo olor a podrido.
Las grabaciones y vídeos que se están publicando por distintos medios, incluido este, revelan la existencia de una operación de demolición de la UCO orquestada por el PSOE. Los hechos, dispersos en titulares que se pisan unos a otros, empiezan a dar forma a una trama con lógica interna, con actores conectados y objetivos claros: desacreditar, neutralizar y sobrevivir en el poder. El epicentro de esta operación lleva nombre propio: Leire Díez, apodada «la fontanera» del PSOE, no por casualidad, sino porque su función parece ser la de atajar los problemas judiciales que cercan al Gobierno y al partido rebuscando entre las inmundicias de las cloacas.
El material audiovisual publicado revela que Díez, junto a otras figuras vinculadas a las cloacas del partido, se reunió con un empresario con problemas judiciales y fiscales, Alejandro Hamlyn, para ofrecerle pactos con la Fiscalía y un trato fiscal favorable a cambio de información comprometedora con la que desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que, como bien es sabido, investiga el enjambre de corrupción socialista. Más que un intercambio de favores se trataría de un intercambio de delitos.
Pero los trabajos de la fontanera no se limitaron a obtener información para desacreditar a la UCO. Leire Díez también mantuvo encuentros con periodistas a los que mostró un vídeo de contenido sexual referido a un fiscal señalado por los políticos procesistas y por la mafia rusa. Intentó convencerles de que lo publicasen para erosionar la credibilidad y honorabilidad de un servidor público miembro del Poder Judicial. Por cierto, ese mismo fiscal había denunciado ante sus superiores un intento de soborno en el que le ofrecían una importante suma de dinero a cambio de cerrar diferentes causas. Unas diligencias que la Fiscalía archivó tras no conseguir citar al chantajista, que les cogió el teléfono sólo la primera vez. Parece un chiste de Gila teléfono en mano.
Ante la magnitud de lo revelado, cabría esperar dimisiones fulminantes o la apertura de investigaciones judiciales de gran calado. Pero el PSOE ha respondido con la frialdad cínica de quien se sabe intocable: se ha limitado a negar que Díez actuase en nombre del partido o del Gobierno y a lanzar una cortina de humo en forma de expediente informativo sin medidas cautelares, sin consecuencias reales, sin intención de llegar a nada. Un teatrillo mediático al que ella no ha dudado en sumarse afirmando que actuó a título particular y en el ámbito de una investigación que pretendía plasmar en un libro. Es más que evidente que el PSOE toma a la gente -en especial a sus votantes- por gilipollas, no sin cierta razón.
Pero estos burdos intentos de hacer pasar a su fontanera por una señora autopercibida como la pequeña Nicolás del PSOE parecen tener los días contados. Se ha hecho pública una grabación de Javier Pérez Dolset -otro de los fontaneros de Ferraz que participó en la reunión con Alejandro Hamlyn-, en la que asegura que el presidente del Gobierno y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, son quienes dirigen la campaña contra la UCO: «Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán, con Santos Cerdán, y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir». El Uno y su leal escudero también hieden a cloaca.
Por otro lado, la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sigue avanzando con nuevas declaraciones clave. El nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, confirmó ante el juez instructor, Juan Carlos Peinado, que recibió a Gómez en una reunión institucional para abordar la financiación de un software vinculado a la cátedra que ella dirigía. Esta declaración refuerza la línea de investigación que explora si existió un trato de favor hacia empresas relacionadas con Gómez que luego resultaron beneficiadas con prebendas. Lejos de diluirse, el caso se consolida con cada comparecencia, desmontando la narrativa oficial que lo presentaba como un bulo y una causa sin recorrido judicial sustentada en recortes de prensa de los pseudomedios.
«España no está gobernada por socialistas: España es socialista. Todo está impregnado de esa lógica clientelar y burocrática que premia la obediencia y castiga la disidencia»
En cualquier caso, y al margen de las posibles responsabilidades penales, el simple hecho de que Begoña Gómez se valiera de su condición de esposa del presidente para obtener ventajas en su actividad privada a cambio de favores es éticamente demoledor. Sólo eso debería bastar para que Pedro Sánchez presentase su dimisión, pero ni ha sucedido ni va a suceder.
El mismo análisis y conclusión merece la maniobra de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, que «enchufó» al hermano del presidente del Gobierno en la diputación de Badajoz. Horas antes de que la instructora dictase el auto de procesamiento, maniobró para aforarse como diputado autonómico con el fin de ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, a pesar de haber asegurado previamente que no lo haría. Una artimaña de dudosa legalidad que ya veremos si los magistrados del TSJ extremeño se atreven a atajar para evitar que el olor a podredumbre les impregne las togas. Tanto afán por aforarse del susodicho me lleva a no ser optimista, pero ojalá me equivoque.
El colofón viene, de nuevo, de mano de la UCO, que ha constatado irregularidades en la contratación de 85 personas por parte de la extinta Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe), vinculada a anteriores gobiernos socialistas en Andalucía. Las contrataciones se realizaron sin ajustarse a la normativa vigente y muchos de los contratados eran familiares de socialistas, incluyendo a la esposa del que fuera secretario general del PSOE andaluz y candidato a la Junta, Juan Espadas. ¡Para que luego digan que los socialistas no saben combatir el problema del paro!
Y, sin embargo, ante este paisaje en ruinas, no hay reacción. Ni en la sociedad civil, anestesiada o resignada, ni en las estructuras del Estado, que prefieren la cobarde equidistancia al riesgo de mojarse. España no está gobernada por socialistas: España es socialista. Tanto sociológica como institucionalmente. Todo está impregnado de esa lógica clientelar y burocrática que premia la obediencia y castiga la disidencia. Los que aún creemos en la libertad, en la ley igual para todos, en la honestidad como mínimo ético, somos cada vez menos. Cuatro gatos. Y cada día estamos más solos. Cansa. Cansa mucho. Y hay momentos -demasiados ya- en los que uno empieza a pensar que no merece la pena.
