Todos los pasos que da el Gobierno de Pedro Sánchez con Venezuela están medidos al milímetro. Cada palabra, cada gesto está estudiado para evitar precisamente lo que ha pasado en las últimas horas, esto es que el régimen de Nicolás Maduro entre en una deriva antiespañola que haga perder influencia a España en la salida de la crisis y sobre todo en el intento que están realizando varios países decisivos, como Brasil y Colombia, aliados en esto con Madrid, para convencer al todavía presidente que asuma la realidad de que no puede tomar posesión en enero y debe dejar el poder o abrir paso a unas nuevas elecciones con verdaderas garantías en el recuento. Por eso en sectores importantes del Ejecutivo han sentado muy mal las palabras de Margarita Robles, la ministra de Defensa, que calificó a Venezuela de “dictadura” y con eso le dio a Maduro la excusa para llamar a consultas a su embajadora en Madrid. “Nos ha complicado todo y además le ha dado una baza absurda al PP para criticar al Gobierno”, señalan fuentes del Ejecutivo al analizar las palabras de la ministra. Efectivamente, el PP rápidamente las aprovechó para asegurar que estaba de acuerdo con Robles y que eso es lo que debería decir también el presidente.
Diversas fuentes del Gobierno trasladan su malestar con Robles, que creen que en este caso, como en otras ocasiones, “ha ido por libre” y con ello ha perjudicado una estrategia que venía muy medida desde La Moncloa y Exteriores. Pedro Sánchez y José Manuel Albares pudieron hablar con calma de este asunto porque la salida de Edmundo González de Caracas se produjo justo mientras el presidente y su ministro de Exteriores viajaban juntos en el avión oficial a China. Allí, durante varios días, pudieron planificar la manera de gestionar una situación tan delicada como la que viene ahora, con el candidato opositor acogido en España, donde ha solicitado asilo, y un régimen cada vez más acorralado en Venezuela. A pesar de la fuerte presión que venía del Congreso, donde se aprobó con los votos del PNV una iniciativa del PP para reconcer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, extremar la cautela y evitar repetir el error que se cometió al reconocer a Juan Guaidó como “presidente encargado”.
No es la primera vez que hay tensiones con Robles por entrar en asuntos delicados de política internacional, aunque hasta ahora no habían tenido consecuencias tan relevantes como este último, que está en el origen de la llamada a consultas del embajador venezolano. En mayo, en plena tensión entre España e Israel por el reconocimiento de Palestina que decidió Sánchez, la ministra de Defensa dijo: “lo que está pasando en Gaza” es “un “auténtico genocidio”. Era un término que usaban abiertamente los ministros de Sumar, pero no los del PSOE. Israel contestó rápidamente: “lamentamos que la Ministra de Defensa, Margarita Robles, haya hecho suyo el relato falso e infundado de la organización terrorista Hamás”.
Ni entonces ni ahora, ningún miembro del Gobierno, ni el más directamente implicado, Albares, ni mucho menos el presidente, han desautorizado a Robles, algo que sí hizo el ministro de Exteriores cuando la tensión fue con ministros de Sumar o de Podemos, a los que siempre recordaba en público que las únicas voces autorizadas para hablar de política exterior son el presidente y él. En el Ejecutivo de Sánchez hay instrucciones para evitar las tensiones públicas entre ministros del PSOE. Pero eso no quiere decir que no exista malestar con las palabras de Robles, que varios miembros del Ejecutivo consultados confían en que finalmente no tengan más consecuencias que este gesto de la llamada a consultas de la embajadora. Si la crisis fuera más allá, España podría perder el papel decisivo que buscar tener, con el trabajo de mediación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero de fondo, para buscar una salida pactada y evitar un conflicto en un país con una enorme comunidad española -más de 140.000 personas con ciudadanía aún viven allí, pese a que decenas de miles han salido- y con vínculos históricos e intereses de todo tipo.
Sánchez recibió a González en La Moncloa pero lo hizo sin corbata, sin banderas detrás, con imágenes en los jardines y no en el despacho oficial, sin declaraciones y con un mensaje en redes sociales, no oficial, que se centraba en el aspecto humanitario de la decisión de acoger al opositor, sin darle ningún rango especial. Todo estaba medido para mostrar el cariño con el opositor, y el mensaje claro de que España le apoya y le acoge, como a otros líderes opositores instalados en el país huyendo de la represión de Maduro, pero sin tensar la cuerda con Caracas para mantener la interlocución y sobre todo la influencia en la salida de la crisis. España, explican estas fuentes, quiere ser parte de la solución, y sobre todo quiere influir para que haya una salida pacífica y se pueda restituir la normalidad democrática en Venezuela.
El presidente lo dejó claro con palabras diplomáticas en su última rueda de prensa, realizada en China al finalizar su viaje oficial de tres días. “El Gobierno de España ha pedido la publicación de las actas de las elecciones en Venezuela. No reconocemos la victoria de Maduro y trabajamos por la unidad dentro de la Unión Europea que permita un margen mediación de aquí a final de año para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas del pueblo venezolano”. Esa es la posición oficial del Gobierno. Dar el salto a hablar de “dictadura” y provocar así la reacción de Maduro, con el riesgo de que España deje de ser un actor fundamental en la salida de la crisis, está fuera de esa línea, y por eso ha causado mucho malestar en diversos sectores del Ejecutivo consultados.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
