He tenido el privilegio de leer antes de su lanzamiento el primer libro para público no especializado de Manuel Marchena: La justicia amenazada. Al terminarlo, mi conclusión fue que, cuando eligió la toga, los españoles ganamos a un juez extraordinario, pero perdimos a un formidable divulgador y a un portentoso escritor. Su estreno en el terreno del ensayo así lo confirma: cada página nos muestra al jurista brillante, sí, pero también al narrador con un talento innato para escribir mucho más que sentencias.
La justicia amenazada es un alegato en defensa de un sistema judicial que se enfrenta a las presiones del poder político, a la galopante demagogia legislativa y a una imparable degradación institucional. No es un libro técnico, pero el autor no renuncia al rigor jurídico ni se deja arrastrar por el corporativismo o la autocomplacencia. Desde las primeras páginas, Marchena deja claro que no escribe para congraciarse con nadie, ya que su finalidad es otra: guiar al lector a través de las polémicas y debates que se han suscitado durante los últimos años en torno al poder judicial. Todo ello sin estridencias, sin tono de trinchera, pero con una claridad y valentía difícil de encontrar en un miembro en activo de la judicatura, lo cual yo me permito agradecerle.
El libro advierte sobre la desconfianza ciudadana hacia la justicia, alimentada desde un poder político que aspira a su control. No es un secreto para nadie que, en los últimos tiempos, proliferan discursos que persiguen abiertamente el descrédito institucional de quienes integran la judicatura para justificar reformas regresivas que, lejos de reforzar la independencia judicial, la menoscaben.
Pero la confianza social en el poder judicial pasa, sin duda, porque no se rechacen ni menosprecien las controversias que la aplicación de algunas leyes suscita. Marchena demuestra ser plenamente consciente de ello y no las esquiva. El libro aborda cuestiones candentes como la independencia del ministerio fiscal, el agotamiento del actual modelo de Consejo General del Poder Judicial, la violencia de género, la acción popular, los delitos de odio, las prerrogativas parlamentarias, la prisión permanente revisable o la irrupción de la IA, entre otros muchos.
En el apartado institucional, Marchena defiende con solvencia y brillantez la necesidad urgente de reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal, tanto orgánica como funcional, para fortalecer la confianza ciudadana en su imparcialidad. También advierte sobre la necesidad de reformar el actual sistema de nombramientos partidista del CGPJ para que deje de ser percibido como un órgano politizado: renovarse o morir. Y quien crea que lo hace sorteando la polémica en la que él mismo se vio involuntariamente involucrado, se equivoca.
En el plano legislativo, el autor denuncia que la necesaria lucha contra la violencia machista ha degenerado en un dogmatismo que rechaza cualquier análisis crítico de la Ley Integral contra la Violencia de Género so pena de linchamiento social. En otro capítulo, advierte que, bajo el pretexto de combatir los discursos de odio en las redes sociales, algunos Estados están avanzando hacia formas de control político del espacio digital. En la parte dedicada a la figura de la acción popular, en modo alguno rechaza adoptar medidas correctoras para evitar su uso abusivo, pero advierte sobre las nefastas consecuencias que conllevaría vaciarla de contenido, ya que, detrás de las iniciativas legislativas para limitarla no hay un afán de mejorar el proceso penal, sino el malestar de determinados actores políticos ante el escrutinio ciudadano.
Tampoco rehúye el escabroso tema de las prerrogativas judiciales en un país donde los aforamientos han proliferado como setas y en el que los políticos han forzado las costuras de la inviolabilidad y de la inmunidad. Incluso explora la hipótesis de la eventual denegación de un suplicatorio por parte del Congreso y la anomalía democrática que ello supondría, en tanto que determinaría la quiebra de la igualdad ante la ley y supondría una injerencia inadmisible del poder político en el judicial. Otra más.
El ensayo avanza hacia temas aparentemente menos polémicos pero igual de inquietantes, como la transformación del juez en un mero aplicador mecánico del Derecho. Marchena advierte sobre el riesgo de que muchos vean en el automatismo una garantía de imparcialidad y que la lógica estadística reemplace la valoración individual, expulsando del razonamiento judicial la empatía y la ponderación. La inteligencia artificial, si bien puede mejorar la eficiencia judicial, no debe sustituir el juicio humano. Pero no se trata de desgranarles el libro ni las opiniones ni conclusiones de Manuel Marchena sobre las cuestiones que en él aborda, sino de recomendarles encarecidamente la lectura de la justicia amenazada para que se ilustren sobre temas en los que nos prefieren ignorantes. Y que lo hagan de la mano de quien reúne la formación, la experiencia y la independencia para hacerlo.
