El ministro del Interior, Fernando Grande–Marlaska, ha defendido este martes el registro de viajeros que entrará en vigor el próximo 2 de diciembre y que exige a hoteles y plataformas turísticas recabar más datos sobre sus huéspedes. La norma ―que ha recibido críticas en medios internacionales― obliga a recopilar hasta 42 datos tanto de los establecimientos como de los turistas, incluyendo el medio de pago, el número de la tarjeta y la fecha de caducidad. El ministro ha sostenido que en la elaboración de ese registro se valoró en profundidad “el derecho a la intimidad, a la privacidad, pero también la necesidad de proteger la seguridad del conjunto de los ciudadanos”.
El registro, en realidad, no es nuevo. Lo creó el Real Decreto 933 del 26 de octubre de 2021, pero lo que ha ocurrido es que su entrada en vigor se ha ido aplazando en medio de un aluvión de críticas del sector hotelero. Para ese gremio, la norma impone cargas desproporcionadas a los hoteles y las plataformas a la hora de recopilar datos sensibles sobre los turistas, además de generar más carga de trabajo y ralentizar la cadena de atención. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), ha asegurado que la norma “es incompatible con la realidad del sector turístico”. El próximo 4 de octubre habrá una reunión entre el ministerio y los representantes del sector, pero Interior ha anunciado que no habrá más prórrogas y de ahí que el 2 de diciembre se produzca la entrada en vigor definitiva.
Preguntado por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Marlaska ha defendido que cuando se elaboró el decreto “se estudió, valoró y tuvo en consideración todos los intereses evidentemente en litigio”. Prueba de ello, ha dicho, es que el real decreto pasó todos los controles pertinentes, incluido el del Consejo de Estado, “donde no se hizo ninguna observación” y que la norma no ha sido impugnada. Ha añadido además que en este periodo de adaptación a la nueva norma su ministerio ha hecho “una labor de coordinación con los ministerios competentes al respecto y también evidentemente con todo lo que es la empresa y los obligados al cumplimiento”.
En concreto, la norma eleva de 14 a 42 los datos requeridos para los viajeros a la hora de alojarse en hoteles y demás plataformas turísticas. El bloque que ha suscitado mayores cuestionamientos es el referido a “datos de la transacción”, en el que se deberá diligenciar fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida, medio de pago, tipo de tarjeta y número de la tarjeta, IBAN de la cuenta bancaria, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha del pago. Sobre los viajeros, además de los datos personales básicos, se deberá indicar el parentesco entre ellos, aunque solo en el caso de que alguno sea menor de edad.
La norma ha sido cuestionada en España por el sector hotelero, pero también en Europa ha acaparado titulares grandilocuentes: “Furia por la ley del Gran Hermano que obligará a los británicos a entregar información sensible cada vez que visiten España”, tituló el Daily Mail de Reino Unido el pasado 20 de septiembre; “Las vacaciones en España serán una experiencia de Gran Hermano”, publicó el diario De Telegraaf, de Países Bajos.
