Tras el caos en la tramitación de las becas de comedor de este curso en la Comunidad de Madrid, que llevó al Gobierno regional a concederlas a todos los solicitantes, el Consejo de Gobierno anunció el miércoles que va a invertir 68 millones de euros para conceder más de 137.000 ayudas el próximo curso 2024/25, 30.000 beneficiarios más que en este. Además, cambian las normas reguladoras: se ha incrementado el límite de renta a casi el doble, se ha ampliado a los alumnos de la ESO y se han simplificado los trámites “con el objetivo de llegar a más beneficiarios”. Pero, para CC OO, el gran problema está en la base, en la falta de plazas de comedor en los centros públicos, que cifran nada menos que en 60.000.
Estas becas estarán el curso que viene destinadas a los alumnos de Educación Infantil, Primaria, y, por primera vez, también a los de Secundaria, que estén escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de la región, es decir, públicos y concertados. Para pedirlas, se requerirá ahora que las familias tengan una renta per cápita que no supere los 8.400 euros anuales, una cantidad que duplica la fijada para la anterior convocatoria ―4.260 euros― y que permitirá, según se felicita el Gobierno regional, “ampliar el número de alumnos que puedan utilizar el servicio”.
El quid de la cuestión es quién tiene acceso a los comedores. Según los cálculos globales de la Federación de Enseñanza de CC OO Madrid, faltan 60.000 plazas en los centros educativos públicos, “un déficit que afecta a todos los ciclos, pero sobre todo al alumnado de la ESO, FP y Bachillerato”. Tras la aprobación de la nueva convocatoria, el sindicato ha recordado al Gobierno regional que “las becas no construyen comedores” y que “asignarlas cuando el alumnado de los centros públicos no tiene en muchos casos acceso a este servicio no responde a criterios de equidad”.
“En los institutos públicos no hay comedores, solos en los CEIPSOS ―que abarcan de Infantil a Secundaria― y hay muy pocos, mientras que los tienen todos los colegios concertados, que incluyen la ESO”, explica Isabel Galvín, secretaria de Educación de CC OO, por lo que sospecha que conceder la beca a los alumnos de Secundaria y duplicar el umbral de acceso es “una nueva medida de gracia para beneficiar a la educación concertada”. “Este dinero para las becas comedor incide aún más en la inequidad y en la discriminación, ya que la ampliación de las ayudas va a ir a la privada”, sentencia Galvín. “Premian a las familias que más dinero tienen y despojan a los que menos, esto es discriminación alimentaria”, se queja Galvín, que recuerda que esta es “la dinámica de cada una de las políticas educativas de la Comunidad”.
¿Cuántas plazas de comedor hay en la Comunidad y cómo están repartidas? La Consejería de Educación no dispone de este dato, según un portavoz. Según CC OO, en este curso el porcentaje de alumnado en segundo de Infantil en centros públicos era del 54,8%, pero los usuarios del comedor solo representaban el 50%. “En Primaria, más de lo mismo: el 54,7% cursaba Primaria en centros públicos, pero el porcentaje de los que acudían al comedor baja al 49,6%”, señala el sindicato en una nota de prensa.
Este desfase “se agrava en la ESO: el 53,1% estudia esta etapa en un centro público, pero apenas el 2,8% usa el comedor”. “En la ESO, para tener un porcentaje de alumnos de centros públicos similar al de los privados habría que dotarlos de 60.000 plazas de comedor”, indica Galvín.
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Al margen de la ampliación de los beneficiarios, también hay cambios en las modalidades. El menú escolar costaba este curso 979 euros (5,5 euros al día) tras una subida del 12,7% y existían dos tipos de ayudas en función de la renta y de ciertas condiciones como ser refugiado o víctima del terrorismo: a los grupos más necesitados se les costeaba el 100% y el resto abonaba un copago. El curso que viene, las familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI) o Ingreso Mínimo Vital (IMV) recibirán por primera vez la beca completa y ya no tendrán que abonar un euro diario. Tampoco lo harán las víctimas de violencia de género y terrorismo y los hijos de policías y guardias civiles con destino en la región, los alumnos en acogimiento familiar o residencial, los beneficiarios de protección internacional, los afectados por la guerra de Ucrania o los escolarizados de oficio en centros sostenidos con fondos públicos que hagan uso del servicio de transporte escolar.
También cambia el sistema de tramitación. Hasta el curso pasado, se gestionaba a través de los propios centros. Pero este sistema fue sustituido por la concesión de ayudas directas a las familias, cuya gestión se concedió a una empresa privada. El cambio en el modelo generó retrasos en los pagos y meses de problemas burocráticos para las familias, a los que solicitaban documentos que ya habían presentado. Por ejemplo, a madres solteras les echaban para atrás las solicitudes al no constar el padre en el libro de familia o no haber presentado una sentencia de divorcio. Finalmente, el 18 de octubre, la Comunidad anunció que concedería la beca a todos los solicitantes, 107.000, con independencia de que cumplieran o no los requisitos, siempre eso sí que la hubieran pedido dentro del plazo. En un principio, estaba destinada a 86.000 familias, por lo que se produjo un sobrecoste de 17 millones de euros.
De cara al próximo curso, “para facilitar y agilizar todo lo posible la tramitación”, afirma la Comunidad, las familias solo deberán presentar “una solicitud en la que figuren sus datos básicos y el permiso expreso para que la Administración regional pueda comprobar el resto de la documentación requerida”. Este permiso deberá estar firmado por todas las personas mayores de edad que figuren en la solicitud.
Otra de las novedades es que las familias que resulten beneficiarias podrán prorrogarlas para siguientes cursos, siempre que sigan cumpliendo los requisitos. La solicitud de la prórroga deberá acompañarse con una declaración responsable que certifique que se mantiene esta situación y la Administración podrá reclamar la documentación que lo confirme.
De momento, se desconoce cuándo empezará el plazo para presentar las solicitudes. “En este Consejo de Gobierno se han aprobado las normas reguladoras y en otro posterior se aprobará la inversión de los 68 millones y se establecerán el periodo de solicitudes y las cuantías de estas becas para las distintas circunstancias socioeconómicas”, aclara el portavoz de Educación. Las solicitudes, una vez abierto el plazo y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se podrán presentar a través del portal de la Comunidad, en los registros oficiales o en los colegios públicos y concertados.
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