Por su edad podrían ya colgar la bata blanca y pasar a la jubilación. Pero a veces pueden más la vocación y las «ganas de echar una mano» que la retirada del ejercicio de una profesión que, además, no pasa por sus mejores momentos en cuanto a efectivos. En Castilla y León, más de 300 médicos tienen autorizado por la Consejería de Sanidad seguir ejerciendo más allá de los 65 años -la que tradicionalmente ha sido la edad de dejar la vida laboral-. Con los datos registrados hasta mediados de julio, casi la mitad de ellos, 126 -otros 14 estaban a la espera de obtener el visto bueno- son de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, que es precisamente una de las ramas que tiene un mayor déficit de profesionales actualmente en el sistema sanitario de la Comunidad y de toda España. Sanitarios veteranos que optan por permanecer en centros de salud y, en muchas ocasiones, en consultorios locales del mundo rural, y deciden seguir adelante mientras acompañen la salud y las fuerzas.
Es precisamente en los pueblos donde la escasez de sanitarios es más acusada y, además, se trata de una especialidad que no atrae ya a quienes se preparan para ser médicos. En la pasada convocatoria de elección de plazas para la formación de MIR, casi uno de cada cuatro puestos quedaron vacantes para ser residentes en la rama de Familia.
En el conjunto de 322 autorizaciones, después se encuentra la categoría denominada Cuerpo Facultativo Superior Escala Sanitaria (Médicos), con 97. En menor medida, se contabilizan también las denominadas prolongaciones del servicio activo -que no pueden otorgarse más allá de los 70 años tal y como establece la legislación estatal- en otras especialidades. Por detrás de las dos anteriores, se encuentra la rama de Médicos de Urgencias Hospitalarias, con 13; Pediatría y sus áreas específicas y Radiodiagnóstico, con 8 cada una, y Cirugía Ortopédica y Traumatología, con 6. Otras categorías sanitarias diferentes de los médicos también han accedido a esa extensión de su actividad profesional. Nueve inspectores han obtenido el visto bueno de la Consejería de Sanidad , al igual que un profesional de Enfermería y un administrativo.
A mediados de julio permanecían pendientes de tramitar otras 38 primeras peticiones. Y es que en las solicitudes de renovación, tras la aprobación de una nueva orden el pasado mes de junio con la que se pretende simplificar la tramitación y animar a los facultativos, pero también a otras categorías sanitarias a dar el paso de seguir en activo, el trámite es automático y se necesita únicamente el informe favorable del servicio de prevención correspondiente, que tiene que remitirse anualmente.
El requisito indispensable para poder conceder la autorización es reunir «las capacidades suficientes», según la nueva normativa, que hace referencia al objetivo de «garantizar la actividad de prestación de los servicios sanitarios con la mayor eficacia y la continuidad asistencial».
Además, el texto habla de la «imposibilidad de cobertura, por los procedimientos de selección y provisión de personal fijo o temporal establecidos legalmente, de la plaza vacante derivada directamente de la jubilación del interesado o de cualquier otra plaza que, siendo de la misma categoría y consecuencia de la jubilación, resulte vacante».
Por último, se tendrá en cuenta la «conveniencia» o interés en la continuidad del personal interesado por «la relevancia de las técnicas sanitarias que realiza o de los proyectos de investigación o de interés estratégico para la organización asistencial» que lidere y se estén ejecutando, así como «la especificidad de las funciones que realiza o el perfil profesional especialmente cualificado que presenta».
Esta es una medida que se puso en marcha desde hace una década y las peticiones han subido progresivamente con el tiempo. Tiene «buena acogida», sobre todo en Medicina de Familia, asegura el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos, José Luis Díaz Villarig. Sin embargo, esta «no es la solución» a la falta de médicos, concluye.
A su juicio, la clave está en «una reorganización o reordenación, como quiera llamarse» en la Atención Primaria en la que deben participar «todas las fuerzas sociales, desde los médicos hasta los sindicatos, los vecinos y los alcaldes. «Hay que ordenar el sistema sanitario en general porque, si no se toman las medidas oportunas contando con todo el mundo, el sistema sanitario tal cual lo entendemos no va a ser viable», resumió. A eso se suma que la Atención Primaria en Castilla y León es «especial y complicada» en España por «el envejecimiento y la dispersión». «No son lo mismo todas las provincias», dice, y existe un problema «importante» con las zonas de difícil cobertura, donde los sanitarios son «más reacios a ir».
