Una manifestación masiva ha recorrido este sábado por la tarde las calles de Barcelona para protestar contra el precio de los alquileres y defender el derecho a la vivienda. Con el lema “¡Se acabó! Bajemos los alquileres”, convocados por el Sindicato de Inquilinas y con el apoyo de los grandes sindicatos y entidades vecinales (hasta 4.000 asociaciones, según la organización), a la capital catalana han llegado manifestantes de toda Cataluña, muestra de que la emergencia habitacional ha rebasado las grandes ciudades y se extiende por el territorio. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carme Arcarazo, ha asegurado que la protesta es “histórica y marcará un punto de inflexión”. En la ciudad, es la más grande de las que se han hecho por la vivienda. “Basta de destinar la mitad de nuestros sueldos a pagar vivienda, basta de meter nuestras cosas en cajas cada vez que se nos acaba el contrato, se acabó que los rentistas sean cada vez más ricos y nosotros cada vez más pobres”, ha añadido. “Y a los políticos”, ha advertido, “basta de excusas sobre competencias, porque hay un partido que lo gobierna todo, que se llama Partido Socialista”. La organización ha cifrado la asistencia en 170.000 personas y la Guardia Urbana en 22.000.
En las 30 columnas organizadas por los convocantes están representados numerosos barrios de Barcelona y su entorno, pero también otras localidades del resto de Cataluña. A la protesta se han sumado vecinos de pueblos del Pirineo donde las segundas residencias suman hasta el 90% de la vivienda, municipios de las costas Daurada o Brava donde los trabajadores del sector turístico no tienen donde vivir, y capitales como Tarragona o Girona y ciudades del entorno (Reus o Salt), donde conviven fenómenos propios de grandes urbes con altos índices de vulnerabilidad. La marcha ha arrancado en un ambiente festivo, con participantes de perfiles muy variados y familias enteras. Entre las consignas más coreadas, “No se entiende, gente sin casas y casas sin gente”, “Ninguna vecina, fuera del barrio”, “Rentistas, tenemos las llaves” o “Ni un euro más, huelga de alquileres”.
La manifestación apunta a cuatro demandas concretas: bajada del precio de los alquileres a la mitad; contratos indefinidos; recuperar pisos vacíos, turísticos y alquileres de temporada para los vecinos; y prohibir los pisos que no sean para vivir. En el horizonte, los convocantes apuntan a una huelga de alquileres y recuerdan que desde 2018 ya hay edificios propiedad de grandes tenedores o multipropietarios que han dejado de pagar parcialmente aumentos ilegales o que consideran abusivos. La diferencia, la consignan en un juzgado. En la protesta han participado cargos electos de los comunes, ERC y la CUP.
La protesta de Barcelona llega tras la masiva marcha de Madrid el pasado 13 de octubre y movilizaciones similares en otras ciudades españolas como Málaga o Sevilla. Y en el ámbito doméstico, precedida de anuncios en materia de vivienda y para contener el turismo masivo por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que las entidades consideran que llegan tarde y son insuficientes. Cataluña es la única comunidad autónoma que aplica la regulación de los precios del alquiler prevista en la ley estatal de vivienda, aunque la medida no cuenta con un régimen sancionador ni inspecciones que garanticen su aplicación. Además, para esquivarla, los propietarios han desviado masivamente la oferta al alquiler por meses.
Barcelona es desde hace décadas un laboratorio de la vivienda en España: aquí irrumpieron masivamente los pisos turísticos, aterrizaron el capital global y los fondos de inversión, pero también aquí surgieron movimientos por el derecho a la vivienda como la PAH, la Asamblea de Barrios por el decrecimiento turístico (ABDT) o el Sindicato de Inquilinas. Y fue donde las Administraciones, en parte empujadas por los activistas, vieron venir lo que se venía encima y legislaron de forma pionera. Pese a todo, el mercado parece ir por delante (a los alquileres de temporada se suman ahora habitaciones a precios desorbitados) y hace tiempo que el precio medio de los alquileres ha superado el salario mínimo. Cuando la renta se desmadra y es el principal gasto de las familias, es también el principal factor de empobrecimiento y desigualdad, coinciden todos los actores.
Algunos datos para ilustrar el contexto de la protesta. En Barcelona, alquilar un piso requiere más de la mitad del sueldo medio y vivir solo es prácticamente imposible. Casi la mitad de los pisos de alquiler de la ciudad son de propietarios que tienen más de cinco viviendas. Y la ABDT ha estimado que, en conjunto, la oferta turística legal e ilegal suma 190.000 camas. Mientras, la capital catalana es la ciudad española donde más visados se han concedido a extranjeros extracomunitarios por comprar pisos de más de 500.000 euros, doblando los que se han concedido en Madrid o Málaga. En Cataluña, los precios de los alquileres han subido tres veces más que los ingresos de las familias en los últimos 20 años.
Entre los manifestantes no han faltado vecinos de edificios que se han convertido en símbolos de la lucha por la vivienda en Barcelona, como Casa Orsola (donde la protesta ha parado para leer el manifiesto) o los de la calle de Tarragona. También de barrios de rentas modestas y golpeados por los desahucios como Nou Barris, y otros que claman contra la incipiente gentrificación, como El Clot. En la protesta no faltaban vecinos que no viven de alquiler, que tienen el piso pagado e incluso alquilan el de solteros o el de la suegra, pero aseguran que están en la protesta por sus hijos.
Por parte de colectivos llegados de fuera de Barcelona han participado Pirineu Viu, que agrupa municipios desde el Valle de Arán y Lleida hasta Girona. “El problema de la vivienda debido a las segundas residencias afecta a pueblos grandes y pequeños, pero se acentúa en dos zonas: entorno a las pistas de esquí, con hasta un 90% de viviendas vacacionales, que de media se ocupan solo 10 noches al año; y La Seu d’Urgell y su comarca, donde se traslada el enorme problema que tiene Andorra con la vivienda”, explica Bernat Lavaquiol, miembro de la plataforma y candidato de la CUP por Lleida en las últimas elecciones autonómicas.
Desde el Sindicato de Vivienda de Reus (Tarragona), Guillem Jové relata que en esa ciudad conviven una elevada subida de precios con la irrupción de fondos de inversión y con ocupaciones por parte de colectivos vulnerables y racializados a quienes nadie quiere alquilar pisos. “Las cláusulas abusivas o el incumplimiento de la ley del alquiler provoca además que profesores con contratos de trabajo indefinido que llegan a la ciudad se vean obligados a firmar falsos contratos de temporada, o que no encuentren pisos en Reus, que también expulsa vecinos a su entorno”, asegura. Ciudades medianas como Reus (108.000 habitantes) comparten con otras como Girona la presencia de “burguesía local que actúa como poder informal en sus propiedades”, añade.
En tren y coches particulares se han desplazado también vecinos y activistas de Girona y su entorno. En el Sindicato de Inquilinas de la zona, Aliou Diallo, con un pie en la ciudad y otro en la vecina Salt, da cuenta del doble conflicto que se vive allí: “Por un lado, desahucios que afectan a familias con niños y que están causando un problema del que los docentes han alertado que afecta al funcionamiento de escuelas e institutos, o racismo por parte de propietarios y familias vulnerables que no pueden pagar… y por otro, la turistificación y gentrificación de Girona capital, donde parte del parque se ha desviado a alquiler turístico o de temporada porque las inmobiliarias se saltan la regulación de precios”.
Otras dos movilizaciones se han llevado a cabo este sábado en España contra el alto precio de los alquileres. En Jerez de la Frontera (Cádiz), la protesta ha sido organizada por la plataforma ciudadana Jerez por la Vivienda. Entre los miles de asistentes que se concentraron este medio día había representantes de Izquierda Unida, que han subrayado la necesidad de regular las viviendas turísticas, ampliar el parque público, limitar los precios para combatir la especulación inmobiliaria y garantizar el derecho a una vivienda digna, informan medios locales. La otra convocatoria ha sido en Burgos, donde se ha anunciado la creación del Sindicato de Vivienda de Burgos. Los organizadores han insistido en que solo el año pasado se registraron 250 desahucios en la localidad, una realidad que atribuyen a las elevadas rentas.
