El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acompañado de la consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, ha anunciado este lunes que ha alcanzado un acuerdo con Vox, su exsocio de Gobierno, para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Los votos de Vox son imprescindibles para que sean aprobados por mayoría absoluta.
Así lo ha señalado en una declaración institucional en las Cortes Valencianas que ha llegado después de que los Presupuestos de la Generalitat se prorrogasen al finalizar el año y su presentación se haya aplazado en varias ocasiones.
Mazón ha dicho que esas negociaciones con Vox para unos «Presupuestos de reconstrucción» tras la dana del 29 de octubre también se ampliarán a un plan de impulso para la Comunitat Valenciana y ha criticado la actitud del Gobierno y de la oposición de izquierdas en Les Corts Valencianes frente al trabajo de la Generalitat después de las inundaciones, según recoge EFE.
Las devastadoras inundaciones del pasado 29 de octubre obligaron a posponer su aprobación en primer lugar, ya que estaba previsto que llegasen a Las Cortes el 31 de octubre. La dana llevó consigo una remodelación del Consell y cambió las necesidades presupuestarias para hacer frente a la recuperación.
Mazón, ha manifestado que no se debe a otra cosa que a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, a su reconstrucción y a la recuperación de la normalidad tras los efectos de la dana de octubre, «y lo voy y lo vamos a seguir haciendo», ha dicho. «He comprometido mi acción política a la recuperación», y con el acuerdo anunciado «damos un paso importante para conseguirlo con estos presupuestos».
«No admitirá más repartos de inmigración ilegal»
Mazón ha anunciado este lunes que la Comunidad Valenciana «ha rebosado su capacidad y no admitirá más repartos de inmigración ilegal», al tiempo que ha pedido al Gobierno que informe sobre la cifra de personas que fueron detenidas por pillaje y saqueos tras la dana y su nacionalidad.
Mazón ha aludido a una resolución adoptada por Las Cortes el pasado 11 de julio en la que se pide la inclusión en las estadísticas judiciales del dato relativo al país del cual sean nacionales las personas condenadas. «No podemos permitir que haya personas que han perdido todo a causa de la riada y que encima vean como salen impunes los autores de los saqueos y los actos de pillaje en sus propias casas y negocios durante los días posteriores al 29 de octubre», ha agregado.
