España hunde a la mitad su gasto en prevención de incendios forestales. Las cifras de inversión en esta materia en 2022 eran el 50% de lo que se invertía en 2013, una tendencia que no se ha revertido en este 2025 de récord total en cuanto a superficie quemada. El número de incendios este año (230) es menor que en otras campañas, pero el terreno afectado es de 391.581 hectáreas, estableciendo un nuevo máximo histórico de superficie calcinada. Son datos extraídos del Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (EFFIS), que monitoriza desde 2006 la evolución de fuegos en todos los países de la Unión Europea. La caída del gasto en prevención coincide con el aumento de los macroincendios.
La serie histórica europea (EFFIS) para 2006-2024 muestra un descenso sostenido en el número de siniestros en España, pero al mismo tiempo episodios de superficie arrasada inéditos, con picos muy superiores a los de la década anterior. Es decir: menos igniciones, pero incendios más grandes, más rápidos y más difíciles de controlar.
La fotografía que deja EFFIS para España es significativa. Tras años con miles de conatos y fuegos de menor entidad, el país encadenó campañas con pocos partes pero con megaincendios que dispararon las hectáreas calcinadas, culminando en 2022 con un máximo de la serie y consolidando la tendencia a grandes fuegos de comportamiento extremo. Ese patrón –menos fuegos, más territorio perdido– se observa en el tramo final de la serie (2017-2024), cuando los eventos de sexta generación explican que un puñado de siniestros concentre la devastación de toda una temporada.
El paradigma de esta evolución se ha registrado en este 2025. Los gráficos del EEFIS muestran que en el pasado lo habitual era que la superficie quemada fuera menor en proporción al número de fuegos. En 2006, las 118.000 hectáreas quemadas en 219 incendios dejaban una media de 540 hectáreas por cada foco. En 2025, esa cifra se eleva a 1.389 hectáreas por incendio. Acercándose al triple y rompiendo todas las previsiones históricas.
En paralelo, el esfuerzo presupuestario preventivo ha ido disminuyendo año a año hasta colocar a España a la cola de gasto europeo en esta materia, a pesar de ser uno de los países más amenazados por este riesgo. Según ha publicado El País, la inversión pública en prevención de incendios (Estado y comunidades) se redujo prácticamente a la mitad en 13 años: de 364 millones anuales a 176 millones, con el último dato cerrado en 2022. El gasto de extinción, en cambio, se ha mantenido más estable, consolidando un modelo que prioriza apagar frente a evitar que el monte arda, pese a que se ha calculado que cada euro en prevención ahora 99 en extinción. Es cien veces más caro apagar incendios que prevenirlos,
Prevención y terrenos privados
En España, alrededor del 72% de la superficie forestal es privada y el 28% pública, gestionada por el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En términos absolutos, las Administraciones Públicas administran unos 7,7 millones de hectáreas, lo que equivale al 27–28% de la superficie forestal y alrededor del 16% del territorio nacional, según los datos del informe sobre la estructura del terreno rústico en España elaborado por Cocampo, una plataforma de alquiler y venta de terreno rústico, y analizado por este diario.
«Si tú como administración tienes que hacer un cortafuegos potente en un Parque Nacional, imagina a cuánta disputa social tienes que enfrentarte. Si se trata de limpia de montes bajos y cortafuegos contundentes, eso tiene un impacto en el ecosistema y hay gente que no lo acepta», señala Regino Coca, CEO de Cocampo y experto en el mundo rural en conversación con THE OBJECTIVE. Además, en el caso de los Ayuntamientos, que son propietarios de más de seis millones de hectáreas de tierra, hay un problema presupuestario. «Tienen poca capacidad en el presupuesto municipal para dedicarlo a una contundente limpieza de montes», añade. Por su parte, la organización agraria Asaja señala el «clamoroso abandono» de fincas públicas y montes, la falta de limpieza de vías, caminos y cunetas, y la inadecuada planificación de los planes de prevención.
