«Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo»
Refranero español
Acusado hace tiempo –ya no recuerdo por quien- de «mentir sin parar», Pedro Sánchez adujo lo siguiente: «Yo no miento, pero algunas veces cambio de opinión». Claro que una cosa es cambiar de opinión y otra muy distinta no cumplir lo prometido. Y, si no recuerdo mal, prometió no indultar a los golpistas catalanes y los indultó. Negó que sacaría adelante una ley de amnistía ad hominem y lo hizo.
No creo que a un político –ni a ningún ciudadano- se le pueda exigir que sea sincero. Entre otras cosas, porque la sinceridad no es socialmente ninguna virtud, y con frecuencia se convierte en el origen de actitudes de mala educación. Lo que sí se le puede y debe exigir a un político es que cumpla lo prometido, y también que sus palabras sean creíbles. Y que cuando dice «con este partido jamás iré ni a misa» no nos meta después a ese partido en el Gobierno.
La semana pasada el PSOE presentó en las Cortes una proposición de ley al dictado del Gobierno que contenía 80 normas, cada una de su padre y de su madre. Dentro de ella iba la subida de las pensiones, dinero para los golpeados por la dana y subvenciones para el transporte público. Esta vez los separatistas de Junts juntaron sus votos con los de PP y Vox y rechazaron el texto en su totalidad.
Ante este resbalón, Sánchez cargó contra el PP (no contra Junts) por «ir contra la subida de las pensiones». Poco después aceptó eliminar 61 de las 80 normas que contenía aquel mamotreto legal.
Es una anécdota más dentro de una situación verdaderamente demencial que está horadando la Constitución. Un ejemplo: los presupuestos del Estado, que la Constitución obliga a que el Gobierno presente el proyecto en las Cortes; pues bien, a Sánchez se la suda lo que diga la Constitución.
«Sánchez promete cosas que no están en su mano: por ejemplo, que el Tribunal Supremo aplique la amnistía a Puigdemont»
En palabras de Ignacio Varela, en El Confidencial, «incapaz de sacar adelante una ley por el procedimiento ordinario, el Gobierno recurre a varios ardides igualmente fulleros: el primero es el vacío. El balance de la producción legislativa de esta legislatura cabrá en medio folio. El segundo es abusar descaradamente de proposiciones de ley para eludir los informes preceptivos y de decretos-leyes cuya convalidación posterior hay que negociar a precios de pelo de elefante. Al parecer, durante el Gobierno de Sánchez se ha producido cada tres días un caso de ‘extraordinaria y urgente necesidad’ merecedor de un decreto-ley (CE, art.86). El tercero es legislar ad personam: leyes con nombres y apellidos dictadas por los interesados. Por si algo faltara, está el truco infantil de apelotonar en una misma ley el universo entero para solucionar en una sola votación la deuda externa, la pesca con anzuelo, la superliga de fútbol o cualquier otro asuntillo pendiente que se le ocurra a algún subsecretario».
Y es que Sánchez se compromete con sus socios a hacer cosas incompatibles entre sí. Firma con ERC una financiación confederal para Cataluña y hace aprobar lo contrario en el congreso del PSOE y parece que a todos les da igual, porque saben que la legislatura terminará sin que se haya dado un solo paso efectivo en la financiación autonómica. Además, promete cosas que no están en su mano: por ejemplo, que el Tribunal Supremo aplique la amnistía a Puigdemont o que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea. Presenta leyes sabiendo que carece de votos para aprobarlas y cuando se las tumban en el Congreso, pues echa la culpa al PP.
Por supuesto, ni se le pasa por la cabeza sentarse a hablar seriamente con el PP sobre el difícil futuro de nuestro sistema de pensiones.
