La ciudad de Valencia tiene más de 800.000 habitantes, pero su oferta habitacional se limita a 150 viviendas de obra nueva en venta, mientras que el precio del alquiler se sitúa entre los tres que más han crecido en los últimos años. En 2023 la capital recibió más de 2,3 millones de visitantes y sumó casi 5,5 millones de pernoctaciones. Quizá por ello, el número de apartamentos turísticos pasó de los menos de 6.000 registrados a finales de 2023 a los más de 10.000 ofertados a principios de 2024. Ese crecimiento provocó que en mayo el Ayuntamiento de Valencia aprobara una moratoria de un año para la concesión de nuevas licencias para la apertura de viviendas de uso turístico.
Contra la subida de los precios de la vivienda, la “inundación” de pisos turísticos y la destrucción del territorio se han manifestado este sábado miles de personas en Valencia —15.000 según la Delegación del Gobierno y 50.000 según los organizadores— con un movimiento que denuncia que la ciudad está “en venta”. “Valencia se ahoga” fue el lema escogido para una marcha impulsada, fundamentalmente, por colectivos vecinales en recuerdo a la gran riada que inundó la ciudad hace 67 años y que arrasó todo lo que encontró a su paso.
Los vecinos han reclamado un decrecimiento para la capital valenciana que, según apuntan, ha perdido su identidad propia y cultural “en favor de la construcción y la edificación desmedidas, la desaparición del comercio tradicional y los problemas de contaminación y convivencia”. “Cada día nuestros barrios son despojados de su identidad y la turistificación convierte nuestras calles en un decorado para turistas”, denunciaron a través de un manifiesto. “Necesitamos decrecer turísticamente”, han reclamado.
La plataforma en la que se han unido los colectivos denuncia una mercantilización de la ciudad: “Todo está en venta”, exponen. “Ya no tenemos casas en las que habitar, ni comercios donde comprar, ni espacios donde convivir”, lamentan, con lo que estos factores, entre otros, están provocando la desaparición de los barrios. “Somos una ciudad, no un destino turístico”, se leía en algunas pancartas mientras los manifestantes tintineaban sus llaves.
El grueso de la protesta se formó con la unión de cuatro columnas llegadas desde los distintos puntos cardinales de la ciudad, lo que dificultó dimensionar el número de participantes. En cualquier caso, quienes llegaron primero a la plaza del Ayuntamiento hubieron de esperar más de una hora hasta que accedieron al espacio los últimos manifestantes. La marcha se abrió paso a través de tres de las plazas más turísticas de la ciudad en las que, paradójica y elocuentemente, se cruzó con decenas de turistas que recogieron en sus teléfonos una llamativa cabecera de manifestación, con una formación de una docena de policías nacionales que despejaban el camino. Los participantes no dudaron en pararse a explicar sus quejas a aquellos que preguntaban: “No es que no queramos turistas, lo que no queremos es que se especule”, argumentaba un padre que marchaba con su hijo a una pareja de extranjeros.
La construcción masiva como solución
El presidente del Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, Fernando Cos-Gayón, tilda la situación de “crítica”, tal como señala en el informe trimestral que publica el ente. “Llevamos advirtiéndolo desde hace seis años”, asegura Cos-Gayón, quien tiene clara la solución, aunque admite que no es a corto plazo: “Es urgente la construcción masiva de viviendas, tanto en régimen de propiedad como de alquiler, pero con un foco claro en la vivienda de protección pública porque la demanda actual está compuesta en un 90% por ciudadanos con rentas bajas”, expone y advierte de que, lo que ahora es un problema habitacional, se puede convertir en un problema social y al levantamiento de asentamientos. “Si no tenemos casas, ocuparemos las plazas”, fue uno de los lemas que más se coreó ayer.
El Observatorio realizó un estudio sobre las posibilidades del suelo público (de todas las administraciones) que tiene la ciudad de Valencia. “Se podrían hacer 2.500 viviendas públicas que provocarían una rebaja del 30% en el precio”.
La presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana, Nora García, coincide en la solución con la que, tal como destacan ambos, quienes tienen posibilidades y quieren comprar son personas, en muchos casos, que están ocupando ahora viviendas en alquiler que liberarían.
Sin embargo, al finalizar la manifestación, una de las portavoces de la plataforma, María Alandes, apuntó que la solución no es construir más sino liberar para el alquiler las viviendas vacías que, según dijo, ascienden a más de 57.000 solo en la ciudad de Valencia. “Solo en el centro, el 40% de la vivienda está vacía y en algunos puntos, como en el barrio del Cabanyal, sucede lo mismo”, dijo.
Tanto el profesor Cos-Gayón como la presidenta de las inmobiliarias consideran que esta sería una solución solo de emergencia y a corto plazo Nora García suma a las viviendas vacías los pisos turísticos ilegales que, según sus cálculos, suman entre 2.000 y 3.000 viviendas.
La manifestación, en la que participaron muchísimos jóvenes, no fue una manifestación festiva. Durante el recorrido no hubo música, ni bailes. Fue una marcha pacífica y seria. “La ciudad para quien la habita”, pregonaban.