“Ha llegado el momento de que las personas con discapacidad reivindiquemos lo que tenemos dado por derecho. No estamos pidiendo nada que no tengamos reconocido por ley”. Así resume Nieves Márquez, presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) el sentir que ha movido a 2.000 representantes del movimiento asociativo de personas con discapacidad en Andalucía a concentrarse este martes en Sevilla para reclamar una financiación justa y un modelo de sostenibilidad. Los manifestantes reclaman una actualización automática de los recursos económicos de la Junta en función del IPC y unas garantías que permitan la sostenibilidad y la calidad de los servicios que prestan a los 570.000 andaluces con más del 33% de discapacidad —el 7% de la población― y sus familias. “No podemos depender cada año de la voluntad política de los gobernantes”, advierte Marta Castillo, presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en Andalucía, que ha promovido la manifestación.
Una de las principales preocupaciones de las asociaciones es cómo afrontar el incremento salarial del 12% estipulado en los convenios con los trabajadores de los centros que atienden a las personas con discapacidad y que entrará en vigor el año que viene. “Las cantidades presupuestadas son las mismas que en 2024, sin un incremento de en torno al 10% o 12% cada entidad tendrá que apañárselas como pueda”, advierte Castilla. Las transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro en el sector de discapacidad se mantienen en el proyecto de Presupuestos de 2025 en 6.155.092 euros; las destinadas a Cermi siguen en 104.800; y la partida para ayudas públicas de carácter social a personas con discapacidad y ONG se reduce de 500.000 a 420.000 euros. Ese “apañárselas como pueda” se traduce en una reducción de la jornada laboral de los trabajadores, cuando no despidos, en un menor número de terapias que se prestan o en menos tipos de asistencia. “Todo, en definitiva, implica un detrimento de la calidad de la atención”, advierte.
Esa merma ya la están sintiendo muchas de las 2.000 personas que, venidas de todas las provincias andaluzas y según el dato facilitado por la Subdelegación del Gobierno, se han manifestado en Sevilla, todas de negro, en señal de duelo por la situación tan crítica que están atravesando. “Estamos sufriendo recortes, pero nuestras necesidades no disminuyen. Antes teníamos cinco intérpretes y ahora solo tenemos uno”, explica por signos María Concepción Fernández, una mujer sorda de 73 años que ha venido desde Granada. “Tenemos muchas barreras. Necesitamos a los intérpretes para hacer nuestras gestiones, ir al médico… son necesarios en nuestro día a día, por eso necesitamos poder gritar y reivindicar nuestros recursos”.
A su lado, Laura Martín, su intérprete de signos, asiente. Ella también teme que la subida salarial, necesaria y acordada en el convenio, pueda afectar a su futuro laboral. “Pueden reducirnos las horas, o incluso prescindir de nosotros”, explica. Las entidades que se engloban dentro de Cermi generan 11.000 empleos directos y 30.000 indirectos. Esa intranquilidad sobre su estabilidad se la trasladó Castilla al presidente del Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el pasado 11 de septiembre, pero el dirigente popular no se comprometió a incrementar las partidas presupuestarias. Ya entonces advirtieron de que iniciarían movilizaciones para visibilizar su situación. Estas han culminado en la manifestación multitudinaria de este martes que ha discurrido entre la Plaza de España y el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno autónomo.
Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, dice entender la preocupación de los convocantes, pero recalca que con el Gobierno de Moreno se ha incrementado hasta en un 24% el precio por plaza de los centros concertados para atender a personas con discapacidad, frente a la situación de “decalaje” heredada, según ella, de la etapa socialista, “que mantuvo seis años congelados los precios y en 2016 llegó incluso a recortarles el dinero”. Este año se ha incrementado el precio en un 4,5%, pero Cermi advierte de que la subida debería ser de entre el 10% y el 12%.
Las entidades reconocen la implicación de la Junta, pero reclaman que la financiación sea sostenible y que no esté pendiente de negociaciones e incrementos anuales. “Se ha pasado del convenio para fijar el precio por plaza a contratos administrativos, pero en ellos no se ha tenido en cuenta el incremento del coste de la vida, que es lo que queremos que se incluya. No solo han subido los salarios, también el IPC. La gasolina cuesta más, los alimentos…”, señala Ana Ruiz, presidenta de Aproinla (asociación para la inserción laboral de personas con discapacidad) que ha venido en autobús desde Málaga. “El coste de la plaza debe ser justo y absorber los gastos reales, porque de lo contrario esos incrementos los tenemos que suplir las asociaciones con nuestros propios recursos, por lo que no podemos destinarlos a mejorar nuestros centros o nuevos servicios”, abunda. “Calculamos que para que las entidades podamos mantener los centros y prestar servicios la Junta debería destinar 30 millones de euros para llegar al coste real del precio por plaza y todos los servicios que prestamos”, indica la presidenta de Cermi Andalucía.
El Consejo Andaluz de Colegios de Trabajo Social critica el tiempo de espera para conseguir una valoración de discapacidad, 28 meses, y pide a la Junta que planifique con antelación las plazas residenciales para personas gravemente afectadas a nivel intelectual, que requieren de unos cuidados muy específicos y disponen de pocos centros especializados. “Con tanto tiempo de demora es imposible cumplir con los principios de integración y de igualdad de oportunidades, y en el caso de las plazas, deben preverlas en función de las necesidades actuales porque en la mayoría de los casos se trata de personas cuyas familias a cargo han envejecido y no tienen capacidad para seguir atendiéndolos”, explica María Isabel Peláez, coordinadora de su Comisión de Servicios Sociales.
“Vivimos con el corazón encogido”
El coste real de la vida y los efectos en el devenir de las asociaciones de discapacitados lo ha percibido Gema, trabajadora social de la Federación gaditana de Personas con Discapacidad que empuja la silla de ruedas de Sonia. “Las facturas de la luz y las del agua no son las mismas que hace tres años, todos los proveedores han aplicado un incremento y si hay que pagar todo eso, hay menos recursos para destinarlos a los servicios, y respecto de nosotros, evidentemente, queremos que se nos suban los sueldos para poder prestar los servicios de manera digna y no precaria, pero también estamos observando las dificultades para pagar esos salarios”, explica.
“Vivimos con el corazón encogido”, reconoce Márquez, que reivindica la importancia de los servicios que prestan las entidades que atienden a personas con discapacidad y los problemas para acceder a subvenciones. “Nuestros técnicos son trabajadores sociales, especialistas en accesibilidad, en comunicación… Prestamos atención psicológica, asistencia personal, ayuda para el empleo. Hay convocatorias, pero no tenemos seguro que podamos acceder a esas ayudas, y si fallan, no podemos atender ni llegar a tantas personas que dependen de nosotros, porque al final somos la mano de las administraciones”, abunda. “El 90% de las personas con discapacidad o sus familias pasan por alguno de nuestros centros y son usuarias de nuestros servicios”, añade Castillo.
Una de las que se benefician de ellos es Jessica, de 42 años, que ha venido desde Córdoba y empuja un andador. Tuvo un accidente de tráfico que le provocó una tretraparesia severa. “Mucha gente depende de los medios que nos ofrecen las asociaciones para poder vivir un poquito mejor, para terapia, para sanidad y para otras cosas que necesitamos y que no nos podemos financiar porque son muy costosas”, indica. Ella ya ha notado la merma en la calidad de esos servicios esenciales. “Es más difícil pillar cita para determinadas terapias y si no se sube el sueldo y no sube la financiación, los servicios se van a mermar todavía más”, concluye.
Implicación del Gobierno central
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado la inversión de 33 millones de euros de fondos europeos para la construcción y reforma de centros residenciales y centros de día para personas con discapacidad, la convocatoria de ayudas para la promoción de la autonomía con discapacidad o un plan estructural para agilizar el proceso para su reconocimiento. Pero ha recalcado que la manifestación también iba dirigida contra el Gobierno central, “que con la prórroga de los Presupuestos le ha costado a los andaluces dependientes 200 millones de euros”. “Vamos a ver si el Gobierno tiene o no presupuesto, en qué condiciones y en qué partidas para los dependientes”, ha remachado. Desde CERMI Andalucía, su presidenta, Marta Castillo, explica que al Ejecutivo de Pedro Sánchez le reclaman un incremento en la financiación para la dependencia, que ya ha iniciado, para llegar al 50% fijado por la ley.
