Autor : Víctor Castillo (Psicólogo)
La propuesta de fusionar el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) representa un retroceso para la educación pública en República Dominicana. Este documento detalla las razones por las cuales dicha fusión es improcedente, apoyándose en estadísticas que evidencian su impacto negativo, particularmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la educación superior pública.
- Desconocimiento de un consenso técnico y social.
El proyecto de fusión desconoce un consenso elaborado tras un año y medio de trabajo por una comisión oficial, representando múltiples sectores educativos. Algunos puntos clave alterados incluyen:
• Financiamiento educativo: El proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) establecía un aumento progresivo de la inversión en educación preuniversitaria hasta alcanzar un 6% del PIB en 2030, como parte de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12). Actualmente, solo se invierte un 4.2% del PIB, mientras que el promedio regional es de 5.1%.
• Descentralización: Instituciones como INAFOCAM, INABIE e INEFI perderían su autonomía administrativa, afectando su capacidad de gestión eficiente. Según estudios, la descentralización mejora la calidad educativa en un 20% en países con sistemas similares.
- Impacto en la UASD y la educación superior pública
La fusión atentaría contra la educación superior pública, particularmente en la UASD, que actualmente representa más del 30% de la matrícula universitaria nacional. El MESCYT, diseñado para atender las necesidades de este sector, se vería limitado en:
• Planificación y financiamiento: Actualmente, la UASD enfrenta un déficit presupuestario del 40%, y esta fusión podría reducir aún más los fondos destinados a la educación superior.
• Calidad académica: Más del 60% de los egresados de la UASD provienen de sectores vulnerables; disminuir la inversión en esta institución pondría en riesgo su acceso a educación de calidad.
- Pérdida de derechos laborales y financieros
El proyecto de fusión modifica derechos fundamentales de los docentes y el personal educativo:
• Jubilación: El derecho a jubilarse con 25 años de servicio sin importar la edad, como lo establece el proyecto LOE, sería sustituido por 30 años de servicio o 25 años y 60 años de edad. Esto afectaría a más de 10,000 docentes activos en los próximos cinco años.
• Pensión: El porcentaje de pensión mínima para servidores educativos con menos de 15 años de servicio disminuiría del 60% al 40% del salario promedio, lo que afectaría su calidad de vida.
- Financiamiento educativo insuficiente
La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12) establece que la inversión educativa debe alcanzar el 7% del PIB en 2030. Sin embargo, la fusión omite este compromiso:
• Actualmente, la inversión en educación superior es de solo el 0.8% del PIB, mientras que en países como Costa Rica supera el 1.5%.
• Sin un incremento adecuado, la UASD y otras universidades públicas enfrentarán limitaciones en infraestructura, tecnología y expansión de cobertura.
- Incompatibilidad estructural entre MINERD y MESCYT.
El MINERD y el MESCYT tienen funciones y objetivos distintos:
• El MINERD atiende a más de 3 millones de estudiantes en niveles inicial, básico y medio, mientras que el MESCYT supervisa a 52 instituciones de educación superior y se enfoca en investigación y desarrollo.
• La integración de ambas entidades podría generar conflictos administrativos y una disminución de la eficiencia. Estudios muestran que fusiones similares en otros países reducen la calidad educativa en un 15%.
- Riesgo de centralización y politización.
La eliminación del carácter descentralizado de instituciones como INAFOCAM, INABIE e INEFI:
• Aumentaría la burocracia administrativa, reduciendo la capacidad de respuesta local y regional.
• Politizaría decisiones estratégicas, afectando la equidad y transparencia en la asignación de recursos educativos.
En conclusión , la fusión del MINERD y el MESCYT no solo ignora un consenso técnico y social, sino que pone en riesgo la educación pública, especialmente la UASD, institución que atiende a los sectores más vulnerables del país. Las estadísticas evidencian que esta propuesta desatiende las necesidades del sistema educativo, debilita derechos laborales y compromete el futuro de la educación superior en República Dominicana.
Hacemos un llamado a las autoridades a respetar el consenso logrado en el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) y a mantener la separación entre MINERD y MESCYT para garantizar una educación pública de calidad en todos los niveles.
