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Las inspecciones de Hacienda suelen acarrear un dolor de muelas. Esa fue la sensación que tuvo el expresidente de Extremadura José Antonio Monago cuando comenzó a recibir notificaciones que le exigían la devolución de las deducciones que disfrutaba por la compra de una vivienda. Varios requerimientos fueron firmados por uno de los tres inspectores que elaboraron el informe que exime de cualquier delito fiscal a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. El actual senador del PP demandó a la Agencia Tributaria y la justicia acabó dándole la razón en diciembre del año pasado.
Monago compró una casa en Badajoz en diciembre de 2012, cuando ya disfrutaba de una deducción por la compra de una vivienda habitual. La ley permite seguir beneficiándose de la desgravación en caso de reinvertir los beneficios en otro inmueble con la misma finalidad, aunque siempre que este se hubiese comprado antes de enero de 2013. No obstante, Hacienda consideró que había perdido ese derecho por no practicarlo durante un ejercicio.
El dirigente popular comenzó a recibir requerimientos de Hacienda solicitándole un reingreso total de 5.733 euros. Varias de esas notificaciones las firmó Emilio Hurtado Valiño, uno de los tres inspectores que elaboraron el informe que exculpa al hermano de Pedro Sánchez de cualquier delito fiscal.
Los recursos de Monago
La Agencia Tributaria reveló su identidad y el de otras dos compañeras a mediados de septiembre, después de que la juez que investiga al músico por diversos delitos solicitara a Hacienda el nombre de los funcionarios que habían elaborado el documento, que no llevaba firma ni membrete, algo inusual en este tipo de procedimientos.
El que fuese presidente extremeño entre 2011 y 2015 recurrió la decisión ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura (TEARE), que desestimó su reclamación. En una resolución a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, este órgano explica que las liquidaciones impugnadas eliminan las deducciones por inversión en vivienda habitual declaradas porque el inmueble fue adquirido en diciembre de 2012 y no se hizo uso de la desgravación en ese ejercicio «aun teniendo derecho a ella».
«En el caso que nos ocupa, la Administración elimina las deducciones por adquisición de vivienda habitual adquirida con anterioridad al 31 de diciembre de 2012 y, aunque tendría derecho a deducción (…), al no practicar esta deducción ni en el ejercicio 2012 ni en los anteriores pierde el derecho a practicarla en los ejercicios posteriores», insiste la resolución del TEARE.
El documento señala que, para que pudiera aplicar el régimen transitorio y deducir por la nueva vivienda, sería necesario que «el contribuyente haya practicado la deducción en relación con las cantidades satisfechas para la adquisición o construcción» del inmueble. Esta exigencia conlleva la necesidad de «haberse practicado de forma efectiva la deducción», por lo que no bastaría con tener derecho a ella.
Condena a la Administración
El TEARE rechazó las alegaciones de Monago, que acudió a la justicia ordinaria. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) estimó el recurso del expresidente regional en diciembre del año pasado y anuló la petición de Hacienda. Además, condenó a costas a la Administración, que rehusó recurrir la sentencia ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, según las fuentes jurídicas consultadas.
Monago alegó que no pudo realizar las deducciones de vivienda en 2012 porque el valor de la nueva adquisición y las ganancias patrimoniales superaron la inversión imputable. El dirigente popular también esgrimió defectos de forma. «A juicio de la Sala no concurren los óbices procesales señalados por la Administración», subrayó la sentencia del TSJEx.
La situación que sufrió Monago contrasta con la inspección del hermano del presidente del Gobierno, al que Hacienda exoneró de un delito fiscal sin iniciar una investigación. El informe que daba la razón a David Sánchez se limitó a una consulta en la base de datos de la Agencia Tributaria, según un escrito de dos páginas firmado por la delegada especial en Extremadura, Clara Isabel Santos, una de las tres personas que elaboró el documento.
La magistrada Beatriz Biedma solicitó el pasado 18 de junio a la Agencia Tributaria un informe que incluyera, entre otras cosas, información sobre el país donde ha fijado su residencia fiscal David Sánchez, el periodo impositivo en el que había realizado el cambio y si fijar la residencia en Portugal era compatible con sus tareas profesionales en Badajoz. Manos Limpias denunció al hermano del presidente del Gobierno en mayo por un presunto delito continuado contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, malversación y fraude.
Los autores del informe
La juez recibió el informe semanas después, aunque sin firma ni membrete. La Agencia Tributaria se excusó en que la magistrada no encuadró el requerimiento ni como informe de delito fiscal ni como auxilio judicial, por lo que se tramitó «como una petición de cesión de información no estructurada», regulada por el convenio de colaboración suscrito en septiembre de 2010 entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y Hacienda.
Biedma libró el 2 septiembre un nuevo oficio para que Hacienda le facilitara el nombre de su autor. Dos semanas más tarde, la Agencia Tributaria reveló la identidad de los funcionarios que elaboraron «de forma conjunta» el documento: la inspectora regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas (que actuó como coordinadora); el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria, Emilio Hurtado Valiño; y la delegada Especial de la Agencia Tributaria de Extremadura, Clara Isabel Santos.
