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Esto no es el final. Es la idea que transmiten en el Gobierno ante la posibilidad de que decaiga la Ley de amnistía en el plazo de un mes, cuando expire el plazo que fija el reglamento a la aprobación de un nuevo dictamen en la Comisión de Justicia del Congreso. En Moncloa se sitúan en el peor escenario, el del rechazo definitivo de Junts a unas medidas de gracia por no incluir los casos de terrorismo y alta traición entre los delitos beneficiarios de la amnistía, que garantizaría una amnistía integral que incluya a Carles Puigdemont. Y si eso ocurriera, las fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE apuntan a que ésa no sería la última pantalla y que se podría empezar de nuevo, y desde cero, la tramitación parlamentaria.
En privado, el Ejecutivo transmite tranquilidad pese a los múltiples frentes que podrían frustrar la aprobación de la amnistía y que añaden elementos de presión. Restan importancia a la decisión del parlamento europeo, que califican de «interino» hasta las elecciones europeas del 9 de junio; creen que las conexiones rusas con el independentismo «ya las conoceríamos si fueran ciertas y veríamos informes de inteligencia»; y minimizan también el varapalo de la junta de fiscales augurando que no se podrá juzgar por terrorismo a los líderes del procés porque «no lo son». De esta forma, aguantan el fuego la metralla conscientes de que la batalla no está perdida ni será la última.
El señuelo de la Lecrim
En su habitual juego de prospectiva, el Gobierno baraja todos los escenarios, y en el más desfavorable se contempla que fracase la proposición de Ley de amnistía que este jueves y viernes evaluó la Comisión de Venecia en su visita a España. El primer plazo de quince días expira el 21 de febrero, pocos días después de las elecciones a la Xunta de Galicia. Según las fuentes consultadas por este diario, es falso que Gobierno y PSOE retrasen la negociación hasta después de unas elecciones que son secundarias para Moncloa, si lo que está en juego es la continuidad de la legislatura. «Pues claro que estamos negociando», explican desde Moncloa sobre unos contactos a varias bandas que nunca cesan entre PSOE y Junts. Otras cosa es que sirvan para concretar en algo tangible en apoyo de los neoconvergentes. La realidad es que no hay plan B. Y que, a día de hoy, la aprobación de la amnistía se supedita más a una rectificación de Junts que a una nueva oferta o cesión del PSOE para buscar una salida.
El señuelo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se antoja ahora «alambicado» y «complejo» para los ministros más informados del Ejecutivo porque el equilibrio en las partes que intervienen en la instrucción judicial sería algo más que difícil. «Pues si no sirve, si diluye y ya está», añaden en el PSOE. Porque esa es la clave, no tanto su complejidad técnica como su utilidad en la negociación y desde Junts dejan claro que la reforma de la lecrim no sería nunca una moneda de cambio para la amnistía. Según fuentes neoconvergentes, «no la descartamos pero no es nuestro escenario. No estamos ahí. Ése es otro proceso». En lo que están los de Puigdemont es en «mantener la apuestas y mantener nuestras enmiendas hasta el ultimo minuto, no en abrir nuevos frentes».
Junts «va directo al barranco pero van a frenar»
El último minuto sería el 6-7 de marzo. Ahí expiraría el segundo plazo de la Comisión de Justicia, el mes que fija el reglamento. Si no hay acuerdo en ese momento, decaería toda la tramitación parlamentaria que se ha desarrollado durante los últimos tres meses, desde la presentación en el registro de la proposición de Ley de amnistía el pasado mes de noviembre. Desde ERC empiezan a incrementar la presión sobre sus rivales autonómicos. «La Ley es necesaria. Nadie entendería que votaran en contra». Los republicanos airean el clima contrario a los pos convergentes en Cataluña y el coste por haberse adentrado en la zona de riesgo del ciclo electoral de 2024: «Sabíamos que salía ahora, pero dentro de un mes no lo se. Se ha disparado el riesgo».
Pocos se atreven a hacer pronósticos mas allá de constatar las dificultades, pero los más optimistas se encuentran en el palacio de La Moncloa y el cuartel general socialistas. Ministros y dirigentes socialistas mantienen la esperanza en que «al final acabará saliendo» porque «van directos al barranco pero en el ultimo momento van a frenar. Me cuesta mucho cree que se vayan a meter un tiro en el pie». Unos y otros repiten la palabra «precipicio» para ilustrar su confianza en que Junts reculará y evitará in extremis votar que no.
Junts «no se atreverá»
«No se atreverán», dicen desde el PSOE porque «ellos serían los culpables en Cataluña». Y si lo hicieran, hay quienes creen que tendría que haber un tiempo prudencial para digerir el desencuentro y para obligar a Junts a asumir las consecuencias de sus actos: Hay quienes incluso piensan que tendrían que ser ellos los que tendrían que presentar la nueva proposición de Ley de amnistía, tras haber rechazado la del PSOE.
Pero hasta en el más extremo de los escenarios, el rechazo de la amnistía y la imposibilidad de aprobar los presupuestos, miembros de relevancia del Ejecutivo intentan rebajar la importancia de una legislatura sin leyes para alejar el fantasma del adelanto electoral: «¿Por qué no va a continuar la legislatura? No hace falta ni sacar iniciativas. Tenemos unos presupuestos estupendos». Unas cuentas publicas de 2023 que no haría falta prorrogar porque ya se prorrogaron el 1 de enero. Estas fuentes apelan que los presupuestos son un «cajón desastre», a través de los cuales se podría canalizar los fondos europeos, que es una de las grandes preocupaciones. «Gobernaremos con o sin presupuestos. La cosa va para adelante». Por ahora, la continuidad de la legislatura no está en cuestión, al menos hasta la celebración de las catalanas, que es la carta a la que lo fía todo Pedro Sánchez.
