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El Gobierno lleva dese junio de 2018 sin hacer ningún requerimiento a los 763 ayuntamientos catalanes que incumplen la ley de banderas al no ondear de su fachada la bandera de España. Esta dejación de funciones por parte de la Delegación del Gobierno en Cataluña y sus subdelegaciones provinciales se da desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y debido a su dependencia parlamentaria de ERC y Junts per Catalunya. Así lo denuncia la entidad Impulso Ciudadano.
El último informe de Impulso Ciudadano sobre la exhibición de símbolos en los ayuntamientos catalanes refleja que hay 763 consistorios que no tienen la bandera de España en su fachada. Es decir, el 80% de ayuntamientos de Cataluña evitan colgar la insignia nacional. En 381 municipios (el 40%) tampoco ondea la bandera catalana. Mientras que en 97 consistorios se exhibe la bandera independentista -la estelada- y en 62 muestran otros símbolos nacionalistas.
Solo un 17% (160 de los 947 ayuntamientos catalanes) cumplen plenamente la normativa y exhiben las banderas de España y Cataluña en condiciones legales, sin símbolos nacionalistas o partidistas en las fachadas de los consistorios.
Inacción del Gobierno
La entidad presidida por José Domingo también denuncia la inacción del Gobierno y la Generalitat en este asunto. Desde junio de 2018, las cuatro subdelegaciones del Gobierno en Barcelona, Lérida, Tarragona y Gerona no ha efectuado requerimientos a los ayuntamientos para que cumplan con la normativa de símbolos, a pesar de haber recibido más de 30 denuncias que afectan a 530 entidades locales. Algo que no sucedía con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.
La Generalitat, por su parte, no ha variado su posición. Tampoco desde la llegada del PSC, con Salvador Illa en el Govern tras los comicios del 12 de mayo de 2024. Esta dejación de funciones de las administraciones está siendo suplida por la labor de entidades cívicas como Impulso Ciudadano, que desde 2020 ha presentado más de 200 requerimientos y 17 recursos contencioso-administrativos con amplio éxito judicial.
En el año 2020, los ayuntamientos de Cardedeu y Sant Pol de Mar tuvieron que reubicar la bandera de España. En 2022 fueron La Garriga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Centelles, Abrera, Collbató, El Papiol, Molins de Rei y Montblanc. En 2023, Impulso Ciudadano logró que volviera a ondear la bandera en Cabrils y Ripoll. En 2024 poasó lo mismo en Sant Esteve de Palautordera y Begues. Y en este 2025, los ayuntamientos de Verges y Sant Sadurní d’Anoia se han visto obligados a exhibir la insignia nacional.
El PSC incumple en 48 ayuntamientos
El informe también destaca que en los gobiernos compartidos en los que participan Junts o ERC, la tendencia mayoritaria sigue siendo el incumplimiento. Por lo que respecta al PSC, incumple en 48 consistorios de los 114 ayuntamientos en los que gobierna.
El informe de 2024 refleja una ligera pero significativa mejora en el cumplimiento de la normativa sobre símbolos oficiales respecto a años anteriores. En 2021, solo 125 ayuntamientos (13%) cumplían plenamente la ley. En 2022, ese número ascendió a 132 (14%). En 2024, son ya 160 los municipios que respetan las obligaciones legales, lo que supone un 17% del total.
Este avance, aunque modesto, está vinculado en buena medida a los resultados de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Estas elecciones supusieron un aumento notable en el número de ayuntamientos gobernados por los socialistas, que es, según los datos, el partido con mayor número de consistorios que respetan la normativa sobre símbolos.
Condicionar la financiación pública
El presidente de Impulso Ciudadano afirma que «los datos del incumplimiento generalizado siguen siendo muy preocupantes». Y denuncia que «no podemos permitir que siga normalizándose la desobediencia institucional en Cataluña. El cumplimiento de la ley no es una opción, es un mandato».
A este respecto, insta a llevar a cabo una serie de reformas como condicionar la financiación pública (fondos estatales, autonómicos y europeos) al cumplimiento de la normativa de símbolos, sancionar personalmente a los responsables políticos que desacatan la ley, dar poder a los secretarios municipales como garantes de la legalidad administrativa y reactivar el control de legalidad desde la Delegación del Gobierno y la Generalitat.
