Un mes. Ese fue el tiempo que pasó desde que el Gobierno de Pedro Sánchez se hiciese con el control total de Indra (destituyendo a cinco consejeros independientes en una tensa junta de accionistas) hasta que la firma participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) comenzó a apoyar formalmente la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Ocurrió entre junio y agosto de 2022, tal y como queda reflejado en los correos electrónicos de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno con el exvicerrector Juan Carlos Doadrio incluidos en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
«Hola a todos. Ya tenemos la firma de la adenda de Indra -Minsait, que tenemos que firmar por la otra parte. Gracias y un saludo, Begoña Gómez». Este correo electrónico, fechado el 4 de agosto de 2022 y reenviado a la Complutense por su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, es una de las comunicaciones que la UCO ha incorporado al informe solicitado por el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la instrucción del caso Begoña. Un detalle determinante, ya que muestra una referencia temporal sobre el inicio del apoyo por parte de Indra al proyecto: agosto de 2022.
El patrocinio de Indra a la cátedra de Begoña Gómez quedó plasmado en esa adenda al convenio de creación del programa académico. La empresa ha defendido que su implicación se limitó al desarrollo inicial del software y a la entrega de la herramienta a la Complutense, negando haber tenido un papel en su gestión posterior. Sin embargo, la colaboración quedó bajo el foco judicial al investigarse si los recursos y apoyos aportados a la cátedra pudieron ser utilizados en beneficio particular de la esposa del presidente del Gobierno o de entidades vinculadas a ella. En total, la compañía destinó 128.442 euros a este proyecto.
Moncloa ‘asalta’ Indra
El correo se envió un mes después de que el Gobierno de Sánchez, a través de la SEPI, se hiciera con el control total de Indra en un tenso consejo de administración en el que el sector de consejeros independientes fue completamente laminado con cinco destituciones. En aquella junta de accionistas, celebrada el 23 de junio de 2022, Indra experimentó un giro empresarial inesperado con la destitución de cuatro consejeros independientes y la no renovación de otro más, lo que dejó al consejo prácticamente sin voces críticas.
Aquel día fueron cesados los consejeros independientes Alberto Terol (líder del sector crítico opuesto a que el Gobierno tomase el control de Indra a través de la SEPI), Ana de Pro, Enrique de Leyva, Carmen Aquerreta e Isabel Torremocha (no renovada). En su lugar, entró al consejo Jokin Aperribay (SAPA). Así, el consejo pasó a estar formado por solo 9 miembros, frente a los 13 que lo conformaban anteriormente. A ello se le sumaría, además, la dimisión días después de dos independientes más, Ignacio Martín y Silvia Iranzo. La salida en bloque de estos perfiles generó un intenso debate interno y abrió el camino para una nueva composición del órgano de gobierno muy alineada con los intereses del accionista mayoritario, la pública SEPI.
Ese movimiento en el consejo de administración fue posible gracias al peso de las acciones de la SEPI (un 25% del capital), representada por el exministro Miguel Sebastián y Antonio Cuevas, que actuaron en coordinación con otros socios estratégicos como Amber Capital y SAPA. Con sus votos, se consolidó una mayoría que permitió remodelar el consejo y reforzar la capacidad de decisión de Moncloa dentro de la compañía.
Ese día quedó en evidencia que Sánchez había logrado asegurarse el control total de la tecnológica en un escenario político clave: la guerra de Ucrania y la ola de inversiones para el rearme de Europa frente a Rusia. La remodelación supuso además el refuerzo de la figura del presidente Marc Murtra, nombrado un año antes con el respaldo del Gobierno, que asumió funciones ejecutivas de mayor alcance que las que realizaba hasta ese momento.
Begoña Gómez visita a Murtra
Murtra, amigo personal de Sánchez, fue nombrado presidente de Telefónica el pasado 18 de enero. El ingeniero catalán llevaba cuatro años al frente de Indra. Ambas empresas, controladas mayoritariamente por la SEPI participaron en el desarrollo del software de Begoña Gómez. La esposa del presidente del Gobierno visitó las oficinas centrales de Indra en «verano de 2022», la fecha bajo el foco, para conocer el avance del software en el que trabajaba la firma. Así lo declaró ante Peinado el exdirectivo de la compañía tecnológica Luis Abril.
La esposa de Sánchez fue recibida, según el propio Abril, por él y por Murtra. Todo a pesar de que se trataba de un proyecto de escaso presupuesto y de carácter «altruista». Ambos directivos tuvieron que declarar como testigos ante el juez que investiga a Begoña Gómez por cuatro delitos. Durante su intervención el pasado 28 de mayo, el actual presidente de Telefónica afirmó que «nunca recibió» una «insinuación por parte del presidente» del Gobierno «ni de nadie» sobre la «conveniencia» de que Indra se sumara al proyecto de colaboración con la polémica cátedra de la Complutense.
El actual presidente de Telefónica afirmó en sede judicial que recibió a Begoña Gómez por protocolo institucional antes de una reunión entre la compañía y la Complutense por el software de la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno. Precisó que no participó en la reunión posterior en la que, afirmó, se habló con ella sobre la inversión en el proyecto.
Peinado cerca a Begoña Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. La Audiencia Provincial de Madrid corrigió la decisión de Peinado de investigar a la esposa del presidente del Gobierno por la contratación y las labores privadas que desarrolló su asistente en Moncloa. La UCO ha enviado 121 correos de Álvarez con Doadrio y la acusación popular ha aportado 21 indicios que apuntalan el delito de malversación. La intención del magistrado es que, en caso de llegar el caso a juicio, sea enjuiciada por un jurado popular.
