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Segundo acto de María Jesús Montero en el Senado. La ministra de Hacienda ha vuelto a defender este martes por la tarde el honor de su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, y del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El empresario Víctor de Aldama aseguró el pasado jueves ante el juez que había pagado comisiones a ambos. La dirigente socialista ha evitado explicar si su hombre de confianza en el Ministerio se reunió con Koldo García porque este ha iniciado acciones legales «para lavar su imagen».
Montero solicitó esta mañana que se suspendiera la sesión tras 35 minutos de comparecencia porque tenía que ir a votar al Congreso. El presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez, aceptó la petición, que motivó el enfado de los partidos de la oposición. Los representantes del PP y de Vox tomaron la palabra para reprochar la espantada de la ministra de Hacienda, que debía declarar ante esta comisión el viernes, fecha que se adelantó tras su reclamación. Ha retomado su argumentación de la misma forma que la cerró a primera hora.
«Aldama declaró como imputado sin obligación de decir la verdad y señala a personas inocentes», ha insistido Montero. El asesor del exministro José Luis Ábalos anotó en su agenda diversas llamadas y reuniones con el jefe de Gabinete de la ministra, como publicó este diario. La compareciente ha descartado hacer valoraciones al respecto porque su hombre de confianza ha emprendido acciones legales. El PSOE presentó el pasado viernes una demanda de conciliación conjunta en la que estaba incluido Moreno.
La agenda de Koldo
Koldo García reflejó en su agenda al menos dos reuniones con el jefe de Gabinete de Montero. La primera, «para tomar algo», habría tenido lugar el 22 de octubre de 2020 a las 17.30 horas. Para el 6 de mayo del año siguiente anota una comida con la mano derecha de la ministra de Hacienda. Incluso aparece agendado otro almuerzo «con Carlos» el 10 de marzo de 2021, aunque este diario no ha podido confirmar que se trate de la misma persona.
Montero ha insistido en que los informes de la Guardia Civil no aluden a esos encuentros. Antes de esa fecha también aparecen anotadas varias llamadas. Aldama aseguró ante el juez que había entregado un sobre con 400.000 euros en efectivo a Ábalos en concepto de comisiones y otros 250.000 euros a Koldo García. De la cantidad que entregó al asesor del exministro, especificó que 15.000 euros eran para Cerdán y otros 25.000 euros para Moreno.
Montero y la SEPI
La ministra de Hacienda ha subrayado que el comisionista de la trama tiene abierto dos procesos judiciales por la acción de la Agencia Tributaria, algo que el PP ha puesto en duda porque las adjudicaciones de las mascarillas a Soluciones de Gestión se denunció desde la Asamblea de Madrid por el ahora senador popular Alfonso Serrano.
Montero ha negado esta tarde cualquier reunión con el comisionista de la trama para el rescate de Air Europa. Aldama señaló el pasado jueves ante el juez a la ministra por su participación en la negociación. El comisionista de la trama Koldo afirmó que mantuvo una videoconferencia con la ministra de Hacienda y que habría impuesto en la negociación a Bartolomé Lora Toro, presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). La dirigente socialista ha negado cualquier reunión, ni física ni telemática.
«Había conversaciones muy tensas con la ministra [Nadia] Calviño y con la ministra Montero. Era una situación límite. Quiero decir, la compañía estaba en una situación límite, no solamente con los trabajadores, sino con los lessores, porque estaban amenazando con que retiraban los aviones y embargaban todo. Entonces, bueno, pues todos los días básicamente teníamos reuniones con todos ellos (…) Había mucha tensión y había mucho interés. Al final se estaban jugando mucho», aseguró Aldama.
El PP ha requerido a Montero que explique por qué destituyó a varios funcionarios que investigaban irregularidades que derivaron en el caso Koldo poco antes de estallar. La ministra de Hacienda relevó, entre otros, al director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Javier Hurtado, y a la delegada especial de la Agencia Tributaria en Aragón, Paloma Villaró.
Ceses en Hacienda
La compareciente ha relatado que los ceses se firmaron el 1 de febrero, un día antes de que los técnicos elevaran los tejemanejes de la trama. Las bajas se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5. El informe elaborado por el inspector de Hacienda Raúl Burillo alertaba de las irregularidades detectadas en el expediente de Soluciones de Gestión, la empresa beneficiada por las adjudicaciones de mascarillas al inicio de la pandemia.
Tanto Burillo como el jefe de la Agencia Tributaria en ese momento, Jesús Gascón, desmintieron que las salidas estuvieran relacionadas con el caso. Montero ha insistido este martes en esa dirección. Los populares han asediado a la compareciente con un presunto fraude con el IVA del material sanitario durante la pandemia, que se pagó a las empresas a pesar de que esos productos tenían exención fiscal. La ministra ha asegurado desconocer lo sucedido y se ha comprometido, como hizo la semana su secretario de Estado, a «revisar las actuaciones».
Los correos intervenidos a Transportes desvelan que el departamento que dirige Montero centralizó los contratos para la compra de material sanitario. Las comunicaciones prueban que se creó un grupo de trabajo en relación con esos contratos. Sin embargo, Hacienda no reclamó que se compraran por encima de las cantidades de mercado, la devolución de las partidas por lotes defectuosos, ni alertó de la falta de experiencia de las empresas seleccionadas.
Montero ha negado que existiera un grupo de trabajo. Ha señalado que su departamento, como otros ministerios que no eran autoridad competente, estuvieron al servicio de quienes debían realizar las compras. «Es imposible conocer todos los contratos», ha respondido la ministra a preguntas del senador del PP Gerardo Camps.
