Es el presidente de la democracia con menos presupuestos aprobados y más prorrogados. Tras la moción de censura en 2018, Sánchez ejecutó los presupuestos heredados de Mariano Rajoy. Y prorrogó estas cuentas en 2019 y 2020. Sólo en 2021, 2022 y 2023 ha logrado el Gobierno apoyos suficientes para lograr la aprobación en el Congreso de su proyecto de presupuestos generales. En 2024 y ante las dificultades para alcanzar un acuerdo con sus socios, se prorrogaron las cuentas de 2023. Y 2025 arranca con un nuevo aplazamiento de estas. En total serían cuatro prórrogas, que muy probablemente se conviertan en cinco dadas las irreconciliables diferencias entre sus socios de Gobierno para pactar unas nuevas cuentas, y tres presupuestos aprobados en siete años de Gobierno. Todo un récord para un presidente que antes de llegar al poder, le exigía a Rajoy la aprobación de unos presupuestos por ser la primera y principal obligación de un Gobierno. Su opinión entonces era que sin presupuestos no había nada que gobernar. «Un Gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina».
Cuán acertado era el símil del Sánchez candidato. Porque la ley de presupuestos es la más importante de cualquier Ejecutivo. La que define la acción del Gobierno. Que sirve de base para el funcionamiento de los agentes económicos y las administraciones del Estado. Que determina la previsión de ingresos y gastos y su impacto en la solvencia del país, referencia necesaria para que los inversores extranjeros sigan comprando nuestra deuda soberana. También para seguir recibiendo los fondos NextGen hasta 2026. El Gobierno debe remitir a Bruselas un plan creíble para reducir el déficit y la deuda pública a niveles sostenibles. La reforma fiscal aprobada a finales del pasado mes de diciembre, que crea un nuevo impuesto mínimo para las multinacionales y prorroga el impuesto a la banca, sirve sólo para desatascar momentáneamente las negociaciones con la Comisión Europea, que espera que el Gobierno presente un proyecto de Presupuestos en el corto plazo.
Pero las duras negociaciones para sacar adelante esa reforma fiscal han rebajado las expectativas del Gobierno para lograr un acuerdo sobre los presupuestos. De forma que, por arte de la magia de Pedro Sánchez, eso de que sin presupuestos no hay nada que gobernar deja de ser cierto. No importa si los presupuestos que se prorrogan fueron aprobados por otras mayorías parlamentarias. Ya sean las sucesivas prórrogas de las cuentas de Cristóbal Montoro en las primeras legislaturas de Sánchez o, ahora, con la prorrogación de los presupuestos aprobados a finales de 2022 por un Parlamento que ya no existe. Tampoco si el Ejecutivo incumple con el artículo 134.3 de la Constitución que dice: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior».
Igual de poco relevante le resulta al Gobierno que en otras democracias parlamentarias de nuestro entorno, como la de Alemania, que sí parecen tomarse en serio sus mandatos constitucionales, la imposibilidad de aprobar un proyecto de presupuestos generales haya forzado al Gobierno de Olaf Scholz a dimitir y se convoquen nuevas elecciones. O su insistencia a permanecer en el poder sin unas nuevas cuentas públicas rompa con la práctica habitual de nuestra democracia: Felipe González en 1996 convocó elecciones ante la ausencia de presupuestos, lo que permitió la llegada de Aznar al Gobierno, o José Luis Rodríguez Zapatero que no elaboró presupuestos en 2012, en lo peor de la Gran Recesión y tras su fallida gestión, y supuso el acceso de Rajoy al Gobierno tras la convocatoria anticipada de elecciones.
El Gobierno es rehén una vez más de Junts. En julio de 2024 tumbó el techo de gasto propuesto por el Gobierno para 2025. Y fue rechazado de nuevo en septiembre. Supuso la primera piedra en el agónico proceso que vive el Gobierno en su intento de lograr los apoyos necesarios para aprobar unas nuevas cuentas públicas. Luego, la propuesta de los de Puigdemont para someter al Gobierno a una cuestión de confianza en el Parlamento podría retrasar hasta Semana Santa cualquier tentativa del Ejecutivo de Sánchez de aprobar unos nuevos presupuestos. Sería un trimestre perdido. La Comisión Europea ya ha advertido que su flexibilidad tiene un límite. ¿Cuál será esa fecha tope? ¿Se verá dañada la credibilidad de España? En ausencia de presupuestos, ¿qué efectos tendrá sobre la actividad económica la necesidad de encajar a machamartillo las medidas para reducir el déficit?
Otra de los grandes obstáculos para alcanzar un pacto sobre los presupuestos es el pacto entre el PSC y ERC para dar a Cataluña una financiación singular. ¿Alguna de las medidas de aplicación gradual recogidas en ese acuerdo se incluirían en el nuevo proyecto de presupuestos? Es una incógnita. Lo que los expertos sí saben y advierten es que la salida de Cataluña del Régimen Común dejaría al Estado hasta con 22.000 millones menos de recursos. Esto afectaría tanto a la redistribución territorial como a la dotación financiera de otras funciones de la Administración General del Estado. Así lo señala Funcas en este documento titulado Presupuesto de 2025: en punto muerto por el acuerdo de financiación en Cataluña.
Pero incluso si se despejan esos grandes obstáculos, la negociación a múltiples bandas con los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno sigue siendo muy difícil. No paran de abrírsele nuevos frentes: no sólo es Junts, también ahora Unidas Podemos, que ha protagonizado un áspero enfrentamiento con el socio que le dio la llave del Gobierno a Sánchez en la moción de censura de 2018, el PNV. Los de Ione Belarra quieren ser también imprescindibles para la legislatura. Cuadrar las aspiraciones de todos estos grupos, con intereses económicos encontrados, como se vio en la tramitación de las nuevas medidas fiscales, parece una tarea irrealizable. En el caso de los partidos nacionalistas, además, sus prioridades están lejos de coincidir con los intereses de la mayoría del país.
Así el Gobierno de Sánchez parece destinado a convertirse en el Ejecutivo de los 47 años de democracia (y no 50, como tramposa e interesadamente reclama Sánchez) que ha aprobado el mayor número de decretos leyes y el menor número de presupuestos, hurtando al Parlamento de sus funciones básicas. Un hito nada despreciable. Quién sabe si esa es su peculiar manera de mejorar la calidad democrática del país, la causa que trae de cabeza al presidente. Me temo que avances democráticos similares están aún por venir.
