El inspector jefe Óscar Sánchez echa un vistazo a su móvil. Ignacio Torán acaba de mensajearle. Son las 10.51 del 9 de septiembre de 2024. Solo faltan dos meses para que sean detenidos.
—Hola. ¿Nos vemos mañana? —le pregunta el presunto capo español de la droga, afincado en Madrid y especializado en la importación de cocaína desde Sudamérica.
Necesita hablarle de negocios. “Le he pedido [al abogado] una gemela a la tuya. Y otra para propiedades”, le comenta a Sánchez: “Cripto hay mucha. Mucha, mucha”, remacha Torán en pocas palabras, refiriéndose a las “estructuras societarias” que habían urdido para mover y blanquear la ingente cantidad de dinero (mucho, convertido en criptomonedas) que han ido acumulando gracias al tráfico de estupefacientes, según detalla la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Aunque no tiene reparos en dejar algunas pistas, el capo no quiere extenderse en esta charla telemática. No quiere exponerse más.
—Prefiero mañana. Cara a cara. Aquí no más —ordena Torán.
—Ok. Perfecto —responde el inspector.
—Tú no des plata. Yo me encargo.
Para entonces, ambos llevaban ya varios meses bajo el radar. A instancia de la Fiscalía Antidroga, la Audiencia Nacional abrió en junio de 2024 una investigación, que alcanzaría su culmen el noviembre siguiente con la detención de ambos y el hallazgo de más de 20 millones de euros en efectivo en poder del jefe policial. Todo ello ha quedado reflejado en un enorme sumario que ha permanecido secreto casi un año y que se sumerge en los vínculos que el presunto agente corrupto (destapado por sus propios compañeros) tejió durante un lustro con los miembros de la supuesta banda de narcos liderada por Torán. Una documentación, a la que ha tenido acceso parcialmente EL PAÍS, que también se adentra en el modus operandi ideado por Sánchez para ofrecer chivatazos y protección a sus socios a cambio de brutales mordidas; así como en la intrincada maraña de empresas usada para el blanqueo.
Aun así, muchas incógnitas quedan todavía en el aire. Y la duda de si algún día obtendrán respuesta. ¿Cuándo se corrompió el agente?, ¿cómo se sumergió en el mundo del crimen?, ¿fue Torán el primero en captarle? ¿quiso dejarlo en algún momento?…
Óscar Sánchez, que ha vivido una doble vida durante mucho tiempo, constituye una incógnita en sí mismo. Sus compañeros lo describen como un personaje distante, soso y reservado. Nacido en Madrid, a sus casi 50 años, aparentemente era el típico funcionario de clase media acomodada: un padre de familia con dos hijos menores de edad; casado con otra policía (Noelia Ruiz, también arrestada); que vive en un chalé pareado en una zona residencial en el pueblo de Villalbilla, a unos kilómetros de la capital; aficionado a la caza y al Real Madrid; que aprovecha las vacaciones para irse a su otra casa de Denia (Alicante); y con un Citroën C4 de 13 años y un Land Rover de hace casi una década a su nombre…

En definitiva, uno más, un cualquiera, un tipo gris al que la prensa ha bautizado como El Anodino. Pero alguien que hizo carrera en el Cuerpo. Ingresó en la policía en 2007 como inspector. Pasó por la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (Udyco) —la misma que ahora, junto a Asuntos Internos, ha conseguido meterlo en prisión—, donde llegó a liderar el Grupo 36. En 2020 ascendió a inspector jefe y, tras pasar unos meses en la comisaría de Paterna (Valencia), regresó a la capital. Esta vez, a la Jefatura Superior de la comunidad, como uno de los jefes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Según el organigrama, tenía tres grupos de investigación a su cargo: uno de falsificaciones y estafas; otro de blanqueo y fraude fiscal; y otro de lucha contra la corrupción.
En resumen, un buen currículum oficial. Aunque en las sombras gestaba otro más oscuro, ligado a aquellos a quienes debía combatir y que, en cambio, le regaban presuntamente con billetes de euros. De ello, no quiere hablar. Ante sus compañeros, Sánchez optó por guardar silencio. “Dice que no va a realizar ninguna declaración en sede policial y que lo hará ante la autoridad judicial cuando sea requerido”, escribieron los agentes en un acta cuando lo detuvieron el 6 de noviembre. Al sentarse dos días después ante el magistrado Francisco de Jorge, instructor de la Audiencia Nacional, decidió mantener la misma actitud y rehusó igualmente responder: “A preguntas de su señoría, manifiesta que se acoge a su derecho a no declarar”, apuntó la letrada de la Administración de Justicia.
Antes ya había pasado varias horas observando cómo sus antiguos colegas rastreaban su chalé en Villalbilla y su despacho en la jefatura. A las 5.10 del 6 de noviembre, en plena madrugada y amparados por el factor sorpresa, los agentes entraron en su casa. A las 5.25 le notificaron su detención. A las 5.35, el arresto de su mujer, destinada en la comisaría de Alcalá de Henares. Para ese instante, el inspector ya debía ser consciente de que su doble vida quedaría al descubierto, que sus secretos iban a salir a la luz.
No había vuelta atrás.
Y las escenas se sucedían a un ritmo de infarto. La Unidad de Guías Caninos y el GOIT, un grupo especializado en buscar pruebas en los rincones más inimaginables, irrumpieron en el domicilio. Allí intervinieron 18,9 millones de euros. Una fortuna oculta por toda la vivienda: en las paredes, en dobles fondos, en el jardín, en cajas fuertes, en baúles, en “compartimentos ocultos”… Billetes y más billetes por todos lados… Tantos que la funcionaria de Justicia informó al juez de que resultaba “imposible proceder al recuento durante el registro”. El magistrado ordenó entonces precintarlo. Se llevaron el dinero hasta el complejo policial de Canillas para trasladarlo días después, mediante una comitiva escoltada por los geos, hasta la sede de Prosegur en Vicálvaro, donde se hizo el cómputo final.
No fue el único hallazgo relevante. En Villalbilla se intervinieron bastantes recibos de grandes comercios pagados en efectivo: miles de euros gastados en el Corte Inglés, en Leroy Merlin, en Apple, en MediaMarkt… En la segunda residencia de Denia se hallaron otros 448.110 euros ocultos en el doble fondo de un armario y en el cuarto de las herramientas. Y en su despacho de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, otros 896.400 euros escondidos en una caja negra y bolsas en un armario blanco. Los investigadores también localizaron allí una máquina de envasar al vacío, un USB con forma de coche de policía y destacable documentación (como una libreta con apuntes a mano sobre el “entramado empresarial internacional” utilizado para canalizar los fondos o un ”plan de blanqueo” de 14 millones de euros a través de criptoactivos).

En el registro de su antiguo lugar de trabajo, estaba presente su superior, el comisario con el que solo tres semanas antes hablaba al teléfono sobre el mayor alijo de cocaína incautado en la historia de España. 13 toneladas de droga que el capo Ignacio Torán había tratado de introducir en España a través del puerto de Algeciras (Cádiz) con la ayuda de una empresa de frutas controlada por una pareja (Vilma Janet Águila y José Miguel Berenguer), y con la colaboración del propio inspector jefe, según el sumario. En esa conversación, cuando Óscar Sánchez aún desconocía que Asuntos Internos y la Brigada Central de Estupefacientes lo tenían en la diana, se quejaba a su comisario de que nadie le hubiese avisado de que dicho container iba a ser revisado, pese a que él ya lo investigaba y lo había introducido en las bases de datos del Cuerpo.
—Se han metido de manera muy guarra —protestó a su superior.
Pero, ¿qué papel desempeñaba Sánchez en la organización de narcos? ¿Por qué lo tenían presuntamente a sueldo? ¿Cuánto se embolsaba?
Para comprender su papel, hay que adentrarse en el funcionamiento interno de la Policía Nacional. Los agentes deben introducir en una base de datos los nombres, direcciones, teléfonos u otras reseñas clave relacionadas con sus investigaciones. Gracias a este sistema, si dos o más grupos coinciden, salta una alerta. El objetivo es no duplicar trabajo y favorecer el intercambio de información entre los funcionarios e, incluso, entre distintos cuerpos. El inspector jefe se aprovechó del procedimiento, según las pesquisas. Metía los datos de sus protegidos para saber si otra unidad les seguía la pista. Asuntos Internos y la Brigada Central de Estupefacientes hablan de una colaboración “imprescindible”, que se prolongó al menos desde 2019 (aunque se sospecha que pudo empezar antes, pues se han detectado movimientos anómalos en el sistema desde 2016 y se han encontrado sus huellas dactilares en un sobre vinculado con otra causa abierta en 2013 por tráfico de drogas).
De hecho, según se desprende de las conversaciones que Torán mantenía con Sánchez, la personalidad del agente no dejaba de estar cargada de ambición, lejos del carácter insípido que describen quienes lo trataban. En estos intercambios, incluso, el inspector jefe animó a su socio a aumentar el número de envíos y la cantidad en los meses de la pandemia, cuando había menos controles.

Al principio, según la información recuperada, el inspector jefe se mostraba tímido en sus infiltraciones. Conforme avanzó el tiempo y la impunidad se hacía evidente, Óscar Sánchez multiplicó su actividad. Se desató: llegó a introducir en el sistema la numeración de más de 550 contenedores, según las pesquisas. Datos y más datos. Y eso tenía un precio. Uno muy alto.
Lo explica el propio Ignacio Torán en una comunicación del 7 de mayo de 2020, interceptada por la Policía Nacional, cuando discute sus márgenes de beneficio con José Darío Q. J., un colombiano detenido también en abril de 2024 por narcotráfico:
—Voy a ganar menos que nadie. No compensan esos números —se quejaba el supuesto capo español— Yo, del 15%, debo dar un 40% a Aduana; un 40%, yo; y un 20%, chicos [en referencia a otros colaboradores]. Me van a quedar 80.000.
Aduana era el supuesto alias asignado al inspector jefe y, por poner en contexto esas cifras, los investigadores calculan que solo el contenedor de Algeciras (con 13 toneladas de coca) valdría en el mercado entre 400 y 700 millones de euros, en función de cómo se vendiera la mercancía. Las ganancias, como solían, serían estratosféricas. “Óscar Sánchez anotaba los kilos de cocaína que la organización conseguía introducir con éxito gracias a su ayuda y anotaba también minuciosamente las cantidades de dinero que le correspondían”, destaca el juez De Jorge. En las comunicaciones encriptadas interceptadas a diferentes miembros de la trama, los billetes aparecen en decenas de fotos de todas las formas posibles: envasados en bolsas de plástico, mientras les quitan humedad con un secador, amontonados en la cama… Estas imágenes se mezclan, por ejemplo, con pantallazos de recomendaciones en Netflix durante la pandemia, entre ellas, ZeroZeroZero, una serie basada en un libro de Roberto Saviano sobre el periplo de un cargamento de cocaína.

Ha habido y habrá otros agentes de la ley que se pasan al lado oscuro. Que dan soplos, aceptan sobornos o hacen la vista gorda. Pero el nivel de implicación, su influencia, los años de colaboración y, por supuesto, los 20 millones de euros intervenidos en su poder; han convertido el caso de este inspector jefe en algo excepcional. Además, su supuesta actuación criminal fue mucho más allá. Según los investigadores, sus beneficios eran tan desorbitados que tuvo que idear cómo blanquear tanto dinero — “Óscar está con un puteo tremendo con el tema de la pasta”, comenta un sospechoso en otra conversación intervenida—. El sumario hace hincapié en cómo ganó premios de lotería, cómo se adquirieron garajes en el madrileño Paseo de la Castellana, cómo se compraron solares edificables en su pueblo… Para todo, construyó una presunta red paralela de contactos, empresas y testaferros.
La trama paralela del policía
Son las 10.21 del 5 de marzo de 2024. Yolanda Ruiz, cuñada de Óscar Sánchez (es la hermana de su esposa Noelia), espera sentada en el interior de una oficina del BBVA de Azuqueca de Henares, una localidad de apenas 35.000 habitantes de la provincia de Guadalajara, adonde ha llegado a bordo de un Mercedes A200 tras dejar esa mañana a sus hijos en el polideportivo. Viste con pantalones de cuero y una chaqueta de color gris. A las 10.33, avisan de que es el turno del número Y049. Es el suyo. Yolanda Ruiz se dirige entonces a la empleada del banco que atiende en el mostrador principal. Le indica que quiere hacer una transferencia de 194.000 euros para “crear una sociedad”. Y añade: “Tiene que ser inmediata”. Y repite: “Tiene que ser, sí o sí, inmediata”. El concepto será: “Pumba Gestión”.

Pumba Gestión comenzará sus operaciones el 1 de abril de 2024 bajo el genérico objeto social de “tenencia de valores y participaciones en sociedades, nacionales o extranjeras, y el control y dirección de sus participaciones en estas empresas”. La trama fijará su sede en la madrileña calle Picos de Europa, donde no habrá ninguna referencia a ella: “Ni en el buzón exterior ni en el telefonillo hay ninguna identificación”, escriben los investigadores, que solo encuentran allí un taller especializado en cambios automáticos de vehículos. Yolanda Ruiz será la administradora oficial. Desde las sombras, la manejará Óscar Sánchez, que convertirá esta compañía en un holding “para blanquear las ganancias ilícitas” procedentes del tráfico de estupefacientes.
Para Asuntos Internos, marca un antes y un después. Según el sumario, en una primera fase, usó las empresas controladas por la organización de narcos para transferir una parte del dinero hasta su núcleo familiar —ahí su mujer Noelia juega un papel fundamental, como otra presunta canalizadora de esos abonos de cientos de miles de euros durante un tiempo en que apenas sacan dinero de sus cuentas (entre enero de 2019 y de 2024, solo constan cuatro retiradas por un valor total de 1.060 euros)—. Después, los agentes destacan que Sánchez fue perfeccionando su estrategia hasta que creó este conglomerado empresarial bajo el nombre de Pumba para “enmascarar” los pagos e introducirlos en el “sistema económico legal”.
Los investigadores lo resumen así: “Yolanda tiene un desconocimiento total de la actividad mercantil de las sociedades que administra: desconoce el número de trabajadores, sus funciones, ignora los despidos efectuados, pregunta a su cuñado los problemas que surgen con las facturas”. Ella misma lo confiesa en una llamada que mantiene con su hermana en octubre del pasado año: “No tengo ni puta idea. […] Yo voy y firmo, pero tampoco te creas que me entero mucho de lo que firmo. ‘Tienes que ir a firmar esto, tienes que ir a firmar lo otro, tienes que ir a firmar…’ . Pues vale, pues yo voy y firmo, pero […] Unos berenjenales sin tener ni puta idea. Claro, la gente me habla como si fuera yo la empresaria y supiera […] Yo estoy tranquila porque está Óscar detrás”.
La telaraña del inspector jefe era más extensa. “Se han acreditado diferentes operativas que enmascaraban los pagos”, apunta Asuntos Internos, que describe cómo “habría entregado elevadas cantidades” de efectivo a terceras personas para mover los fondos a través de una maraña societaria internacional —con tentáculos en más de una docena de países, como Panamá, Costa Rica, Polonia…—. Las pesquisas detallan otros planes de blanquear los millones a través de la compra de criptomonedas. Para todo ello, Óscar Sánchez echó mano, entre otros, del abogado Mario Pestaña, que figura en Los Papeles de Pandora, una filtración masiva de documentos relacionados con sociedades offshore. Los investigadores definen a Pestaña como el coordinador de esa “estrategia” de lavado de dinero: “Asumió un papel activo en el diseño y ejecución de los artificios empleados para blanquear”.

A su vez, Ignacio Torán contaba con sus propios subalternos. Como Juan Ángel Cervera, el “gestor” que administraba supuestamente diferentes compañías tapadera y con quien acabó enfrentado porque le “intentó robar”: “Le cogí, le até a una silla y no lo he matado porque me dio pena”, le contó el supuesto capo a uno de sus colabores, Carlos Javier Cano, según este le relató a su mujer. Ante la Policía, el propio Carlos Javier Cano confesó que recibió pagos de Cervera a cambio de ejercer como testaferro y que viajó con 267.000 euros en efectivo a Suiza, donde le interceptaron y tuvo que enfrentarse a un proceso judicial.
El entramado deja otros personajes particulares. Emerge con fuerza Eduardo Montero Salgado, administrador de una empresa frutícola, cuyas naves industriales eran supuestamente usadas para recepcionar la coca. Los policías lo describen como el hombre de confianza de Torán, como un narco experimentado. Su consejo y sus directrices siempre eran escuchadas por el cabecilla. El registro de sus propiedades fue casi tan sorprendente como el del chalé de Óscar Sánchez preñado de billetes. En su casa se encontró un búnker con embalajes de envasado al vacío con el apunte de “100k”; una máquina de contar billetes; y una garrafa de agua llena de monedas de dos euros que pesaba 64 kilos… Una buena hucha. En su vivienda había aparcados vehículos de lujo: Lamborghini, Audi y BMW. En una de sus naves industriales, la policía localizó una “sala de minería de criptoactivos”, algo que, explicado en palabras sencillas, son ordenadores con potentes herramientas instaladas para maniobrar en el mercado de criptomonedas durante las 24 horas.
Precisamente, Eduardo Montero es primo de Alejandro Vega Salgado, alias El Tigre, uno de los narcotraficantes más conocidos y poderosos de España, al que se sitúa actualmente en Dubai. Los investigadores tienen muy en cuenta esta vinculación. A El Tigre se le ha relacionado con un contenedor importado en 2021 por la banda de Torán, que contenía 1,6 toneladas de cocaína ocultas entre piñas.
Óscar Sánchez es muy meticuloso. Al ratificar su ingreso en prisión provisional, el juez De Jorge especificó que llevaba una “ordenada contabilidad” de sus tejemanejes. Torán confiaba en él hasta tal punto que no abría “ninguna nueva vía de importación” hasta que le daba el visto bueno. Según el sumario, incluso, el presunto capo podía paralizar la actividad comercial de determinadas empresas ante las advertencias del agente. Como cuando, en septiembre del pasado año, el policía contó a Torán que sus compañeros tenían en la diana a uno de sus socios.
—A mí, él me da igual, pero no quiero que nos salpique —avisó el policía.
Sin embargo, el barro ya les cubría.
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