No producían la droga ni la transportaban. Tampoco se encargaban de introducirla en España ni la vendían después. Y, sin embargo, tenían un papel clave en su tráfico ilegal. La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera detuvieron el pasado miércoles a los presuntos integrantes de una organización criminal asentada en Galicia dedicada a proporcionar narcolanchas a la carta y motores fuerabordas a los clanes que operan en las aguas del Estrecho de Gibraltar tanto para traficar con drogas como con seres humanos, según ha informado este viernes el Ministerio del Interior.
Los grupos de narcotraficantes llegaban a pagar a la red ahora desmantelada hasta medio millón de euros por una embarcación de 12 metros de eslora dotada con la última tecnología para navegar y que pudiera alcanzar los 60 nudos (110 kilómetros por hora) en condiciones de mar favorables. La investigación ha constatado que con las narcolanchas que fabricaba la organización ahora desmantelada se habían intentado introducir en la Península más de 4.300 kilos de cocaína y 4.500 de hachís que finalmente fueron aprehendidos por las Fuerzas de Seguridad.
En la operación, en la que ha participado la Polícia Judiciária de Braga, han sido decomisadas en diferentes fases desarrolladas en el último año ocho lanchas ―algunas cuando navegaban cargadas de droga o inmigrantes― además de 25 potentes motores y abundante material náutico, como radares GPS y antenas. Se ha detenido a seis personas en Ourense, Pontevedra y Valença do Miño (Portugal), y otras cinco han declarado como investigados, todos ellos acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas. También se ha destapado un complejo entramado societario en Ourense y el norte de Portugal con mercantiles a nombre de testaferros que se creaban y desaparecían poco tiempo después, y la trama utilizaba tanto para adquirir en Portugal de manera aparentemente legal el material para construir las narcolanchas como, posteriormente, lavar los beneficios obtenidos. Según detallan fuentes cercanas a la investigación, en tan solo tres meses por las cuantas bancarias de estas mercantiles pantalla ―sin actividad ni empleados― se movieron tres millones de euros.
Fuentes cercanas a la investigación destacan que los ahora detenidos ―alguno de los cuales ya tenía antecedentes por delitos similares― ofertaba a los clanes del Estrecho una amplia cartera de servicios. “Les podían pedir solo los motores fueraborda o la embarcación completa con más o menos instrumentos de navegación. El precio incluía llevar el producto final allí donde sus clientes quisieran”, destacan estas fuentes. La compra del material y el ensamblaje del mismo, que se realizaba en una nave de Valença do Miño, se hacía en Portugal para aprovechar que este tipo de embarcaciones no tiene en este país la consideración de género prohibido. En España, el Gobierno aprobó en octubre de 2018 un real decreto que declaró ilegal la tenencia por parte de particulares de las también llamadas planeadoras o rhib (siglas de su denominación en inglés, rigid-hulled inflatable boat) y, por tanto, pueden ser decomisadas cuando son detectadas aunque no llevasen droga cuando son detectadas.
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La bautizada como Operación Vozka se conoce dos meses después de que una de estas embarcaciones ilegales embistiera una zódiac de la Guardia Civil y asesinara a dos guardias civiles e hiriera a otros cuatros en el puerto de Barbate (Cádiz), y solo unos días después de que trascendiera otra operación policial en la que se intervinieron cinco narcolanchas. Según destacó entonces el Ministerio del Interior sobre esta última operación, denominada Sherry-Katyn-Grajuela, se había acabado con “la mayor red de narcotransportistas por vía marítima a través de embarcaciones de alta velocidad” que existía entre la Península y el norte de África.
Este golpe, en el que fueron detenidas 31 personas, ya puso de manifiesto los vínculos de los traficantes del Estrecho con Galicia y Portugal. De hecho, esta red estaba dirigida desde una lujosa urbanización de los alrededores de Lisboa desde la que mantenía una “vigilancia total” de los medios aéreos y marítimos policiales desplegados para perseguirlos. Fuentes cercanas a la Operación Vozka aseguran que investigan si esta última trama era cliente de los ahora detenidos por fabricar embarcaciones a la carta.
En el desarrollo de la Operación Vozka han participado más de 100 agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Tributaria), así como el Servicio Cinológico y la Unidad de Helicópteros del instituto armado de A Coruña. La investigación, en la que no se descartan más detenciones, es dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense y por la Fiscalía Antidroga de Ourense.
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