Ahora son las universidades privadas. Fue la locuaz María Jesús Montero, que últimamente no abre la boca sin atacar un derecho fundamental, quien primero atacó a las universidades privadas. Son «chiringuitos», dice Montero. La palabra, ahora lo veremos, tiene más sentido político del que parece. Luego fue el presidente del Gobierno. En el ánimo de este Gobierno está hacer una contribución a la mejora de la calidad de las universidades españolas, no atacar a los centros privados. En absoluto. Diana Morant, ministra contra la Ciencia, la Innovación y las Universidades, también hace suyo el discurso de la calidad. Pero sólo piensa en las que tienen dueños privados: «La universidad se la están cargando deliberadamente los que piensan que es un negocio».
¿Qué es lo que quiere hacer el Gobierno, y por qué? En primer lugar, necesita introducir un nuevo debate polarizador por varios motivos. El primero de ellos es que necesita desviar la atención ante la incesante acumulación de noticias sobre la corrupción que rodea a Pedro Sánchez. Una persona tan pagada de sí misma tiene que forzar que todo lo que ocurra sea en torno suyo, y no ha querido permitir que la corrupción sea una excepción. Ahí está. Hoy en el ojo del huracán, mañana en el cenit de una pirámide de expolio. No es que los españoles hayan salido a la calle indignados con tanto enriquecimiento ilegítimo. Pero el Gobierno no quiere que se hable de ello, y yo lo entiendo, y necesita distraer al público con un nuevo señuelo.
En segundo lugar, necesita tener un nuevo enfrentamiento con la oposición, pero sobre todo recomponer las relaciones con sus socios a la izquierda. Con el cascarón vacío de Sumar, y con la izquierda recalcitrante de Podemos. Este es un proyecto político de carácter ideológico, y aquí se pueden encontrar el PSOE, esa marca electoral de Pedro Sánchez, y las otras formaciones de izquierda. En plena polémica en el ámbito siniestro por los gastos en defensa, es necesario representar ante la opinión pública un acuerdo entre las formaciones llamadas progresistas.
En tercer lugar, hay una pulsión verdaderamente totalitaria. Entiendo que se ha abusado de ese término hasta llegar a desvirtuarlo. Pero la pulsión está ahí. La universidad pública, que se ha podrido, infestada de politiqueo y sectarismo, no responde por completo a las necesidades de la sociedad. Y, en la medida en que haya algo de libertad, la sociedad reacciona para conseguir lo que quiere. Esa, y no otra, es la explicación de que haya universidades privadas. Si las universidades públicas, sobre las que volcamos ingentes cantidades de dinero público, respondieran a lo que necesitan las familias y los profesionales, poco espacio habría para la iniciativa privada. Pero las privadas tienen mucho que ganar, a pesar de que quienes recurren a ella tienen que pagar el doble: lo que destinan a las públicas vía impuestos, más las matrículas de las carreras o másters que necesitan sus alumnos.
Este Gobierno habla cada martes y cada jueves de empleo. Pero quiere impedir que surjan nuevas universidades y cerrar varias de las que ya existen, a pesar de que los graduados en los centros privados encuentran empleo con más facilidad, y que la diferencia entre los que tienen un máster privado y uno público es aún mayor.
«El proyecto del Real Decreto prevé la adopción de medidas que nada tienen que ver con la calidad»
El objetivo no es mejorar la calidad. Supongamos que el Gobierno se creyera la doctrina oficial de que la calidad educativa sólo depende de que se destine más dinero público a las universidades públicas. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué, si este Gobierno ha demostrado tener dinero para absolutamente todo? ¿No cree que más inversión de dinero público en las universidades mejoraría la calidad? ¿O es que no le ha interesado hasta el momento?
Y no es mejorar la calidad, porque el proyecto del Real Decreto prevé la adopción de medidas que nada tienen que ver con ella, o que atentan directamente contra este objetivo. El Gobierno paraliza la aprobación de nuevos centros privados. ¿Cómo puede ser eso una apuesta por la calidad? Y prevé cerrar varias instituciones que están ya funcionando basándose en criterios de imposible cumplimiento, o que no tienen relación alguna con la calidad. Por ejemplo, cerrará los centros que no alcancen los 4.500 alumnos en cinco años. O los que no tengan un mínimo de diez títulos de grado, seis de máster y tres de doctorado. Imprimir un crecimiento acelerado ¿no atenta contra la calidad de los proyectos que ya están en marcha? Una mayor cantidad no quiere decir una calidad mayor. En el caso de las universidades virtuales, el decreto prevé que al menos tres cuartas partes del profesorado resida en España. ¿Por qué? ¿No atenta contra la calidad limitar la participación de profesores que vivan fuera de España?
Ya hay un órgano regulador que ha de velar por la calidad de las universidades. Se trata de la ANECA, que ha instaurado un régimen de terror en los centros universitarios, públicos y privados. Es decir, que no es que cada centro haga lo que le dé la gana.
«El indicador último de calidad lo ponen las familias, que eligen el centro que responde a lo que ellas quieren para los estudiantes»
Y el indicador último de calidad lo ponen las familias, que eligen uno u otro centro si responde a lo que ellas quieren para los estudiantes. ¿Falla la calidad de las universidades privadas? ¡Pero si el propio decreto reconoce que nada menos que el 31% de los estudiantes están en universidades privadas o centros adscritos! ¡Si cada vez son más las familias que toman esa misma decisión! Porque si de calidad se trata, lo que necesitamos no es tener menos universidades privadas, sino más. La calidad sólo mejora con una mayor competencia.
Pero el gobierno habla de «chiringuitos». Como si el tamaño de los centros estuviera relacionado con la calidad. E impone unos estándares mínimos de tamaño. Tengo la sospecha de que el Gobierno aquí no está solo, y que le acompaña la CRUE, donde hay no pocas universidades privadas. A ellas tampoco les gusta la competencia.
No está claro que el Real Decreto vaya a salir. No tiene pinta de que Junts permita el cierre de universidades privadas en Cataluña. Pero eso lo puede salvar el Gobierno, diciendo que eso no va contra los centros que estén en regiones con lenguas cooficiales. Vamos, que no va contra Cataluña ni contra el País Vasco. Y es así. Va contra la Comunidad de Madrid, y contra Andalucía. Que es otro de los motivos por los que el Gobierno saca ahora esta iniciativa.
