Por mucho que seduzca la idea de poner fin a este ciclo político marcado por la mentira, la corrupción sistémica y la demolición del Estado de derecho, conviene recordar que no todo cambio implica una mejora. Echar a Pedro Sánchez es, a estas alturas, un imperativo democrático; más aún, es un imperativo moral. Pero si el precio para lograrlo es reeditar pactos o entendimientos con aquellos que han sido cómplices, cuando no inspiradores, del destrozo institucional, entonces más valdría dejar que todo caiga por su propio peso. Mejor dicho, por el peso de los autos judiciales. No es lo ideal, desde luego, pero a largo plazo no le quepa duda, querido lector, será infinitamente mejor que permitir que la burra vaya de vuelta al trigo.
En las últimas semanas, diversos medios han informado que el Partido Popular estaría sondeando a Junts y al PNV para evaluar una posible colaboración parlamentaria que permita desalojar a Sánchez de la Moncloa. Según estas informaciones, Feijóo intentaría vencer las resistencias internas del PP para tener «manos libres» con Puigdemont y abrir un canal de interlocución con el nacionalismo catalán, hoy secesionismo declarado. De hecho, ya se habrían producido gestos discretos, como el encargo al portavoz Miguel Tellado para tantear a Junts. Un acercamiento al que el partido de Puigdemont no ha dudado en imponer condiciones a la altura del despropósito, como celebrar reuniones en Waterloo con el expresident fugado.
Por su parte, el PNV guarda un sospechoso silencio, exigiendo explicaciones por el escándalo Cerdán, pero sin ninguna acción que vaya más allá de las palabras. El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, reconoció con claridad que no se puede contar con los caciques vascos «al menos de momento», porque su pacto con el PSOE «es de muy largo alcance». Tan largo como es la corrupción, que ya enseña la patita por esos lares. ¿O, acaso, alguien creía que el caciquismo impuesto por el PNV durante décadas no iba a degenerar en mostrenca corrupción?
A primera vista, se podría interpretar este acercamiento como una estrategia pragmática para construir mayorías parlamentarias alternativas. Un presunto realismo político basado exclusivamente en la aritmética, demasiado parecido al empleado por Sánchez para desmantelar el Estado de derecho en su propio beneficio. Sin embargo, cuando se examina con detenimiento la naturaleza de esos hipotéticos socios, el remedio se revela potencialmente mucho peor que la enfermedad.
Los nacionalistas no han sido meros convidados de piedra en la deriva antidemocrática que ha experimentado España. Muy al contrario, han sido piezas clave en la demolición de nuestra arquitectura institucional. Desde los Pactos de la Transición, se les concedió una sobrerrepresentación parlamentaria que ha permitido a minorías territoriales, incompatibles con la idea misma de soberanía nacional, convertirse en árbitros permanentes del gobierno de todos los españoles. Esos «pactos de gobernabilidad» que ahora se invocan como si fueran un mal necesario, han sido desde el minuto uno instrumentos de chantaje político. Esto no es realismo político, es una aberración que debemos corregir.
«Volver a pactar con Junts nada tiene que ver con reconstruir la democracia. Mantendrá vigente la dinámica de autodestrucción»
Junts, antes, CiU, lleva décadas imponiendo un modelo de política basado en el privilegio tribal, la ingeniería identitaria y el deterioro del principio de igualdad ante la ley. Su apoyo al PSOE ha tenido como precio una amnistía inconstitucional, aberraciones fiscales incompatibles con el interés general y un desprecio absoluto a la legalidad que jamás habría sido tolerado en cualquier otra democracia. Volver a pactar con ellos poco o nada tiene que ver con reconstruir la democracia. Muy al contrario, mantendrá vigente la dinámica de autodestrucción que nos ha conducido hasta el angustioso presente.
Si los secesionistas catalanes representan una amenaza en términos de deslealtad, Bildu encarna una amenaza profundamente siniestra. La blanqueada formación vasca, socio preferente del PSOE, representa la culminación de una anomalía ética: la legitimación parlamentaria de un movimiento político que no sólo no ha condenado el terrorismo, sino que se jacta de haberlo rentabilizado.
Recientemente, hemos sabido que Bildu presidirá la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas en Navarra. Una comisión que podría tocar intereses de empresarios vascos relacionados con la órbita de la izquierda abertzale. ¿Fiscalización o control de daños desde dentro? En un país con memoria reciente de corrupción, coacción y connivencia entre política y violencia, permitir que Bildu tenga esa clase de poder institucional equivale a disparar en la nuca de la democracia.
Bildu no es una formación «radical pero democrática», como los más cínicos de entre los cínicos pretenden presentar. Es una organización criminal que ha aprendido a usar el sistema democrático como medio, pero sin intención alguna de asumirlo como fin. No hay en ellos ni la honestidad fanática de un Robespierre ni la coherencia doctrinal de un revolucionario clásico: lo suyo es la mafia en su vertiente más descarnada: sangre, dinero, poder. Desde el mismo momento en que se toleró que estos abyectos personajes participaran en el juego democrático, se toleró también que los verdugos escribieran la historia de los mártires. Y no se me ocurre mayor atrocidad.
«El problema no es sólo Sánchez, sino el ecosistema que ha hecho posible primero su ascenso y después su supervivencia política»
Conviene recordarlo por enésima vez: el verdadero problema de España no es sólo Pedro Sánchez. El problema es el ecosistema que ha hecho posible primero su ascenso y después su supervivencia política. Un ecosistema profundamente corrompido por décadas de cesiones al nacionalismo, de confusión entre el poder y las instituciones, de oligarquías que han actuado como anacrónicas franquicias feudales dentro del Estado. Y que, para colmo de males, han sido emuladas regionalmente por los partidos dizque nacionales.
Si para echar a Sánchez hay que legitimar otra vez a quienes han minado desde dentro la democracia española, poco o nada cambiará. Y el riesgo de que todo vuelva a repetirse será enorme. Un nuevo gobierno sostenido con el aval de los mismos que han sostenido a Sánchez, liquidado de facto la Constitución y legalizado la violencia política estaría inevitablemente condicionado, hipotecado, contaminado desde el origen. Error sobre error.
La incapacidad para constituir una alianza política que convierta a los nacionalistas en perfectamente prescindibles no puede justificar echarse una vez más en sus brazos. En lugar de pactar con quienes sólo quieren trocear España, blindar sus privilegios y alcanzar la impunidad en sus respectivos terruños, sería más inteligente, y desde luego mucho más honesto, dejar que el Estado de derecho, por deteriorado que esté, haga su trabajo. Las investigaciones judiciales avanzan. Las cloacas del poder están dejando de ser rumor y están comenzando a ser sumarios lapidarios. Y en ellos asoman la cabeza los caciques provincianos y las monas vestidas de seda de Bildu. En este contexto, una salida basada en cálculos cortoplacistas, podría arruinar la posibilidad de una purificación que va mucho más allá de Sánchez.
Sí, mientras tanto el país seguirá sufriendo. Pero el sufrimiento no se alivia firmando pactos con los verdugos de la legalidad. Se alivia reconstruyendo una democracia fuerte, con instituciones libres de chantajes, con partidos comprometidos con la nación y no con las mafias nacionales y locales.
«El sanchismo debe acabar. Pero no debe hacerlo con la ayuda de quienes lo hicieron posible»
El sanchismo debe acabar. Pero no debe hacerlo con la ayuda de quienes lo hicieron posible. Porque entonces no habrá transformación, sino mutación. Una nueva mortaja para el mismo cadáver corrupto.
Decía Churchill que «la democracia es el peor sistema de gobierno, exceptuando todos los demás». Lo decía consciente de que el sistema democrático también tiene debilidades, pues, además de ser vulnerable a la mentira y a la ignorancia, tiende a ser secuestrado por quienes desprecian sus principios fundacionales. Así pues, recuperar la democracia exige rechazar cualquier alianza con quienes la han pervertido. Incluso si eso supone esperar.
La historia enseña que los regímenes enfermos más tarde o más temprano caen. Pero también que, si no se purgan sus males más profundos, acaban renaciendo.
