Editorial
La gravedad de las denuncias vertidas a las puertas de la sede socialista de Ferraz obliga a sus autores a materializarlas a través de los instrumentos que aún tienen en su mano
El grosor de las críticas vertidas en la sede del PSOE por quienes, como Emiliano García-Page o Javier Lambán, han ejercido la oposición interna al proyecto político de Pedro Sánchez, cada vez más personalista y alejado de los principios de su partido, no se compadece ya con la pasividad con que en los últimos meses han tolerado la deriva socialista, guiada por el interés particular del jefe del Ejecutivo. Tras las declaraciones realizadas en Ferraz por los líderes territoriales de Castilla-La Mancha y Aragón, más próximas a los postulados constitucionales del PP que a la doctrina acomodaticia de La Moncloa, amagar no puede ser ya suficiente. La conversión del PSOE en una formación que consagra los privilegios –primero penales, ahora fiscales– de unos pocos frente al interés general no es sino la consecuencia del programa de cesiones con que Pedro Sánchez pretende perpetuarse en el poder, empezando por una secretaría general del PSOE a la que volverá a aspirar en el congreso de noviembre. Como señaló Page, «no se pueden poner patas arriba los consensos constitucionales para tener gobiernos y ministerios», y como apuntó Lambán, el pacto suscrito entre ERC y el PSC para blindar una ‘financiación singular’ de Cataluña «atenta contra la Constitución y una España cohesionada y unida». Frente a la tibieza de otros líderes autonómicos –el asturiano Adrián Barbón ni siquiera acudió; el madrileño Juan Lobato se ofreció como mediador, y el andaluz Juan Espadas habló de factores ‘equilibradores’–, los líderes de Aragón y Castilla-La Mancha hicieron suyo el argumentario que el pasado viernes hizo público el Partido Popular contra la ruptura del marco constitucional que representa la última cesión de Sánchez a un independentismo que este miércoles, y lejos de plegar velas e instalarse en el nuevo marco de ‘convivencia’, vuelve a sacar pecho y a exhibir en la Diada sus conquistas y sus demandas. Amagar no pude ser ya una simple pose, de cara a la galería de sus respectiva parroquias regionales, para quienes llevan meses enarbolando la bandera de España y del PSOE frente a la huida hacia adelante del presidente del Gobierno.
La gravedad de las denuncias vertidas a las puertas de la sede socialista de Ferraz –nada espontáneas, razonadas y razonables– obliga a sus autores a materializarlas a través de los instrumentos que aún tienen en su mano. El aparato con que cuenta el líder socialista es poderoso, y aún lo será más tras un congreso con el que Pedro Sánchez pretende eliminar cualquier disidencia. La extrema debilidad parlamentaria del jefe del Ejecutivo, origen de un programa político que esta legislatura se ha limitado a garantizar su propia supervivencia, sin posibilidad real de sacar adelante otros proyectos en las Cortes, está en la raíz de un proceso de refundación cuyo único principio conocido es la concentración y la conservación del poder, a cualquier precio, para España. Es la inestabilidad de la ‘mayoría de progreso’ que dice liderar el presidente del Gobierno la que ha hecho fuertes a las minorías separatistas, pero también la que puede precipitar un cambio en el PSOE. De un solo voto depende la continuidad del proyecto contra el que vuelven a cargar, con una ferocidad hasta ahora inédita, los barones socialistas que aún recuerdan los valores que su partido asumió como propios en la Transición. Lambán, Page o el extremeño Miguel Ángel Gallardo saben de sobra que no participan en un simple debate sobre el modelo de financiación autonómica, sino ante una crisis que afecta al PSOE y, en mayor medida, al futuro de España.
