En estos siete años de gobiernos sanchistas hemos acumulado una muy nutrida colección de casos de corrupción, si bien es cierto que aquellos que pueden tener implicaciones penales todavía están en los tribunales y, por tanto, debemos ser cautos sobre su desenlace, puesto que los involucrados tienen todo el derecho a la presunción de inocencia.
Escándalos sub iudice hay de todos los colores (Ábalos, Begoña, David Sánchez, Fiscalía…), si bien los más dañinos y peligrosos son aquellos que nunca serán juzgados y que afectan exclusivamente a las esferas de la ética, los principios democráticos y los valores constitucionales. Parasitar todas las instituciones y contrapesos del Estado puede que sea legal, pero es indigno de un Gobierno democrático. Estar dispuesto a sacrificar España con tal de seguir un día más en La Moncloa, lo mismo.
Jésica, Koldo, la cátedra de la Complutense, el enchufe en Badajoz o la filtración sobre el novio de Ayuso son temas absolutamente menores en comparación con el proceso de desmantelamiento de la democracia por el que nos llevan. Corrupción ha habido y habrá siempre: la novedad fundamental es que este Gobierno, por primera vez en nuestra historia reciente, está dispuesto a llevarse por delante la democracia con tal de tapar todos sus escándalos.
«El momento es muy delicado. Y la prueba más evidente de ello es que hasta el Partido Popular, que tiene cierta tendencia natural a la tibieza, lo ha entendido a la perfección al usar un eslogan tan acertado como ‘Mafia o democracia’»
Algunos periodistas, guardias civiles y jueces han sido claves para aflorar esa corrupción. Pero Sánchez, en lugar de ir depurando responsabilidades (como cabría hacer a cualquier político responsable), ha decidido liarse la manta a la cabeza y plantear abiertamente reformas legislativas para perseguir a esos colectivos y garantizarse la impunidad.
Así, ya se trabaja desde hace meses para reformar, por primera vez en 40 años, los derechos al honor y de rectificación, con la idea de imponer fuertes multas a los medios de comunicación que se atrevan a publicar algo mínimamente crítico a partir de ahora. También se está urdiendo, con la complicidad de una parte de la profesión, una especie de lista oficial de medios, con la intención de excluir a los más incómodos con el poder y limitar su acceso a subvenciones y publicidad institucional.
Respecto a los jueces, se ha puesto encima de la mesa un proyecto para banalizar el ingreso a la carrera judicial, de tal modo que cualquier Leire Díez de turno pueda dictar sentencias en el futuro. Una reforma que acerca España a países como México o Turquía.
Y también se ha anunciado el plan para quitar a los jueces la instrucción de los casos, que pasaría a manos de los fiscales. Esto, teniendo en cuenta de quién depende la Fiscalía, ya sabemos a qué conduce: a no investigar la corrupción propia y a perseguir al rival todo lo que se pueda. Además, esa reforma lleva aparejada una derivada que afecta a los guardias civiles y policías, que pasarán a recibir las órdenes de los fiscales y no de los jueces, por lo que su actuación se verá claramente politizada.
A pesar de la exigua mayoría parlamentaria de que dispone el Gobierno, algunos de estos planes tienen visos de prosperar en el Congreso de los Diputados, pues los aliados de Sánchez, aunque se dicen demócratas, están más interesados en destruir el sistema (extrema izquierda) o en romper España (nacionalistas e independentistas) que en preservar el Estado de derecho. Cuanto peor, mejor, pensarán ellos.
Por tanto, ahora mismo lo más grave no es la corrupción en sí, por mucho que nos alarme e indigne. Lo verdaderamente relevante es que, por primera vez en estos últimos 50 años, hay un Gobierno dispuesto a arrasar con lo que haga falta con tal de seguir en el poder… y encima cuenta con los apoyos suficientes para lograrlo.
El penúltimo ejemplo de ello lo hemos visto este sábado, cuando THE OBJECTIVE ha desmontado la verdadera naturaleza mafiosa de quienes están en este momento en el poder. Un Gobierno que es capaz de propagar unos mensajes manipulados para hacernos creer que la UCO preparaba un magnicidio contra Pedro Sánchez, con «bomba lapa» incluida, debería encender las alarmas de cualquier persona decente. ¿De verdad que no hay ningún diputado de la mayoría progubernamental capaz de dar un paso al frente y apoyar una moción de censura para evitar que un grupo de delincuentes se carguen la democracia con tal de tapar la corrupción?
El momento es muy delicado. Y la prueba más evidente de ello es que hasta el Partido Popular, que tiene cierta tendencia natural a la tibieza, lo ha entendido a la perfección al usar un eslogan tan acertado como «Mafia o democracia». Si de verdad lo tenemos todos claro, habrá que dejar de compadrear con los mafiosos y con sus colaboradores necesarios. Ni una cesión más, ni una reunión, ni una foto, ni un centímetro que les pueda dar aire o blanquear ante el exterior. Con los chorizos no se negocia. O nos tomamos en serio el asunto, o nos iremos por el sumidero más pronto que tarde.
