Desgraciadamente para el Gobierno, el ministro de Hacienda no se llama Montoro, sino Montero. Es conocida -se puede comprobar en cada sesión de control del Congreso- la tendencia de este Gobierno a aprovecharse plenamente de las ventajas de serlo, pero intentar repartir responsabilidades con la oposición, cuando no descargar todas sobre ella. Lo de Cristóbal Montoro es presuntamente gravísimo, no menos que muchos de los episodios que en estos momentos afectan a exministros y exdirigentes socialistas. Pero Montoro no gobierna ni lo hace su partido. Sus responsabilidades políticas ya fueron depuradas, y el propio involucrado sólo está hoy obligado a responder ante los tribunales.
El Ministerio de Hacienda lo ocupa hoy María Jesús Montero, quien, además, goza de mucha mayor influencia política, puesto que es también vicepresidenta primera, y ella sí tiene la obligación de responder ante los ciudadanos de las acciones de su Gobierno. Ella está, por ejemplo, obligada a explicar por qué ha pasado en muy poco tiempo de considerar perniciosa e inconstitucional la propuesta de ERC para la financiación en Cataluña a jalearla como una bendición. Ella sí tiene la obligación de justificar ante los ciudadanos qué le llevó a poner la mano en el fuego por Santos Cerdán y a despejar todas las dudas que ese caso ha sembrado sobre algunos de sus colaboradores.
“La corrupción del ministro de Hacienda del Partido Popular en ningún caso puede compensar ni rebajar las presuntas corrupciones del Gobierno y del PSOE que hoy están siendo investigadas por la justicia”
Por supuesto, no es María Jesús Montero la única que debe asumir responsabilidades ni la que más obligada está a hacerlo. Pero sí es importante que tanto ella -una de las que primero ha salido a referirse al caso Montoro- como el resto del Gobierno y de la cúpula socialista entiendan que las responsabilidades del Gobierno son muy distintas y superiores a las de la oposición, y que la corrupción del ministro de Hacienda del Partido Popular en ningún caso puede compensar ni rebajar las presuntas corrupciones del Gobierno y del PSOE que hoy están siendo investigadas por la justicia.
Los socialistas están perfectamente legitimados a utilizar el caso Montoro como baza electoral. Pueden devolver a la memoria de los españoles las antiguas fechorías de los populares y tratar de persuadir a los votantes de que aquella corrupción era peor y más les vale continuar con la que hoy conocen. No les auguro un gran éxito en esa tarea. Entre otras cosas, porque no he conocido jamás una sociedad expuesta a sospechas flagrantes de quienes les gobiernan optar por castigar en las urnas a quienes les gobernaron con antelación. Pero, como digo, el PSOE está plenamente legitimado para intentarlo.
Lo que no es legítimo -quizá sería mejor decir honesto, aunque ya entiendo que este no es hoy en día un término muy compatible con la política- es utilizar los presuntos delitos de Montoro para escurrir el bulto de la responsabilidad política del Gobierno sobre los presuntos delitos que hoy se investigan en su entorno. Con Montoro o sin Montoro, fue Pedro Sánchez quien nombró a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y sigue siendo él, por tanto, el responsable político de esas decisiones. Es el propio Sánchez o personas de su entorno quienes deberían explicar igualmente cuál fue su intervención en los movimientos empresariales de su esposa, en la contratación de su hermano y en la actuación del fiscal general.
El Gobierno es tan aficionado a aludir a los Gobiernos del PP que a veces da la impresión de que le gustaría que aún gobernara el PP, aunque lo cierto es que dejó de hacerlo hace más de siete años. Y es natural, porque estar en el Gobierno acarrea responsabilidades muy altas que a este que preside Sánchez le cuesta mucho asumir. En los gobiernos anteriores del PP se cometieron irregularidades y delitos que la justicia detectó y, en algunos casos, ya castigó. El PP sólo tiene hoy que demostrar que ha tomado las medidas para que eso no vuelva a ocurrir y convencer de ello a los ciudadanos. Podemos discutir si lo ha conseguido o no, pero no podemos atribuirle a Alberto Núñez Feijóo hoy las mismas responsabilidades por el caso Montoro que las que Pedro Sánchez tiene en los casos Cerdán, Ábalos, fiscal general, esposa y hermano.
