Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han lanzado este jueves una advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez afirmando que «no toleraremos la amenaza y el chantaje de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez». Horas antes de que se inicie la conferencia sectorial para abordar la problemática en el sector, han emitido un comunicado, los populares aseguran que retirar los fondos que no apliquen la ley va en contra de la Constitución.
En este comunicado conjunto aseguran «que el Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan», y que, de no hacerlo así, «supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal (empezando por el art. 31.2 de la Constitución y de otras leyes que desarrollan este principio), y de las buenas prácticas de la gestión de los fondos estatales y comunitarios».
Las comunidades autónomas firmantes manifiestan «nuestro rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de España de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda utilizando los recursos económicos de todos los españoles». Igualmente, rechazan «el procedimiento anunciado para hacerlo, mediante un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta».
Las regiones populares se defienden y advierten de que «es una decisión potestativa y, por tanto legal, de las comunidades autónomas NO declarar en sus territorios Zonas de Mercado Tensionado y, por tanto, NO intervenir los precios de los alquileres. Esas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios. Las comunidades autónomas cumplimos la ley, como no puede ser de otra manera».
Ante esta amenaza quieren dejar claro que «no toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda, que se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos».
El PP reclama «al Gobierno que dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema que ya es acuciante para una mayoría de la población española, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en general, y la de vivienda en particular. Buen ejemplo de ello es la propia Ley estatal o el bono de alquiler joven».
Finalmente, proponen «que la acción política de todos los representantes públicos en esta materia esté guiada por el diálogo, el planteamiento técnico riguroso y la evaluación de las políticas públicas. Las acciones de confrontación, los planteamientos extremistas y la imposición ideológica deben ser eliminados del legítimo debate político en una materia tan delicada para los ciudadanos como es el acceso a una vivienda».
Estas regiones parten del convencimiento de que «la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas de los ciudadanos como consecuencia de la nefasta política del Gobierno. En estos seis años de Pedro Sánchez como presidente, la vivienda ha pasado de ser el decimosexto problema que más preocupa a los españoles a convertirse en el segundo».
Con el Gobierno de Sánchez, subrayan los populares, «los alquileres se han vuelto prohibitivos. Ya son para muchos ciudadanos un bien de lujo en lugar de ser uno de primera necesidad. Es más, entre junio de 2018 y abril de 2024, el precio de los alquileres se ha incrementado un 32%. Y desde la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la Vivienda, en mayo de 2023, el aumento ha sido de casi un 13%».
Otro de los grandes problemas, a juicio de esta formación política, «es el que se ha generado con la llamada ocupación, que se cifra en 78.800 viviendas en el conjunto de España; es decir, una cifra equiparable a ciudades como Toledo o Guadalajara. A este grave problema se añade el fenómeno de la inquiocupación, que ha crecido de manera alarmante en los últimos meses».
Además, recuerdan que «en la campaña electoral de 2023, Sánchez anunció la construcción de 183.000 viviendas, que nadie sabe todavía dónde están. En materia de vivienda, ha conseguido estrangular el mercado. La carencia absoluta de medidas para combatir la situación inmobiliaria es su único legado».
Los ciudadanos, siguen afirmando los populares, que residen en España «se enfrentan, por tanto, a un enorme reto social de acceso a una vivienda a precio asequible, tanto en compraventa como en alquiler. Diariamente se conocen datos que evidencian que se trata de un problema creciente, que está alcanzando magnitudes de drama social, que afecta no solo a las familias humildes, sino también, y muy especialmente, a los jóvenes y a las clases medias».
Por último, están convencidos de que «los poderes públicos, cada uno en el ámbito de sus competencias, tenemos la obligación inexcusable de establecer las medidas necesarias para atajar el problema cuanto antes y promover soluciones eficaces para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda asequible, en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española».
