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Un resumen dinámico de las noticias más trascendentales de la semana, en la que el apagón nacional que se registró el martes en la República Dominicana provocó un caos general en la población y repercutió los días siguientes, cuando también los lectores siguieron el debate sobre la indexación salarial pendiente y el anuncio, inédito, del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta, sobre su suspensión de la administración del patrimonio y los asuntos económicos de la arquidiócesis.
El apagón nacional trastocó la vida de los dominicanos en un martes de espanto
El apagón que afectó a toda la República Dominicana se produjo por una falla crítica en la subestación de San Pedro de Macorís, específicamente por el colapso de una barra de 138 kV, según detalló el Organismo Coordinador del SENI citado por Diario Libre. La interrupción dejó sin energía a todas las regiones del país, impactando hogares, comercios, industrias, transporte, hospitales y servicios básicos. La magnitud del evento recordó al apagón de 2015, que también tuvo un efecto nacional.
La avería provocó la salida instantánea de varias plantas generadoras, lo que desestabilizó completamente el sistema. El Metro de Santo Domingo, la línea 1 del teleférico y parte del sistema de transporte público quedaron paralizados, generando largas filas y retrasos significativos. Diario Libre también registró incidencias en centros educativos y oficinas públicas, algunas de las cuales suspendieron actividades o recurrieron a plantas eléctricas.
Pasadas varias horas de trabajo técnico, las autoridades informaron que el 96 % del sistema había sido restablecido para las 2:20 a.m. del miércoles, logrando una generación de 2,875 MW. Sin embargo, varias zonas urbanas y rurales permanecieron inestables durante la mañana siguiente. Las empresas distribuidoras explicaron que la reposición total debía realizarse de manera escalonada para evitar nuevos disparos del sistema.
El Comité de Fallas del SENI abrió una investigación para determinar si la causa fue un error humano —relacionado con la operación manual de cuchillas— o un fallo técnico estructural de la subestación. Diario Libre informó que este tipo de anomalía no es común y podría implicar revisiones profundas en los protocolos de operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional.
El jueves, la viceministra de Innovación y Transición Energética del Ministerio de Energía y Minas, Betty Soto, dijo que el informe oficial del Comité de Faltas concluyó que el evento se originó por un «error humano operativo«.
No obstante, horas después, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, en nombre del Gabinete Eléctrico, negó la versión y este viernes dijo que se ha alcanzado un 65 % del proceso de investigación. Estimó que en una semana se tendrá el informe que determinará la razón del fallo.
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¿Puede la indexación salarial aplicarse sin desbalancear las finanzas públicas?
El debate sobre la indexación salarial volvió al centro de la discusión económica dominicana tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Magín Díaz, quien advirtió que ajustar los tramos del impuesto sobre la renta a la inflación —como establece el Código Tributario— tendría un impacto inmediato sobre los ingresos del Estado. Según estimaciones oficiales, la medida podría reducir la recaudación entre 24,000 y 29,000 millones de pesos, lo que obligaría al Gobierno a identificar fuentes alternativas o rediseñar su programación fiscal.
Mientras desde Hacienda se plantea que la indexación debe evaluarse dentro de una reforma integral que garantice equilibrio y sostenibilidad tributaria, sectores políticos han cuestionado el retraso en su aplicación. El senador Omar Fernández sostiene que existen márgenes fiscales suficientes para asumir el costo del ajuste, entre ellos una posible reducción del déficit energético previsto para 2026, un reordenamiento de la nómina pública y el uso de recursos de deuda aún no ejecutados.
El debate también enfrenta dos visiones opuestas sobre justicia tributaria: por un lado, quienes entienden que la congelación de los tramos del ISR desde 2017 ha elevado de forma indirecta la carga fiscal sobre los asalariados; por otro, las autoridades fiscales que alertan que cualquier cambio debe evitar comprometer la estabilidad macroeconómica.
En el fondo, la discusión refleja un dilema de política pública: cómo proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo los ingresos que sostienen servicios esenciales del Estado. Por ahora, el Gobierno insiste en que la indexación no puede aplicarse de manera aislada, mientras sus defensores reclaman su implementación como un derecho contenido en la legislación vigente.
![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/monsenor-francisco-ozoria-defendio-su-honestidad-y-proclamo-su-amor-a-la-iglesia-7b076e21.jpg)
La suspensión de monseñor Francisco Ozoria sienta precedente
La Santa Sede decidió suspender a monseñor Francisco Ozoria de sus funciones administrativas dentro de la Arquidiócesis de Santo Domingo, alegando problemas de «mala administración«, según dio a conocer el sacerdote en una carta dirigida a sus fieles. Aunque conserva el título de arzobispo, dejó de tener poder de gobierno y gestión sobre asuntos económicos, patrimoniales y de personal.
La medida incluyó el nombramiento de un arzobispo coadjutor que asumirá formalmente la administración, lo cual implica un cambio profundo en la estructura de autoridad eclesial de la capital. Esta intervención canónica es excepcional y responde a decisiones tomadas directamente en el Vaticano.
Ozoria declaró el jueves en un comunicado que hizo público que nunca recibió amonestación o advertencia previa y que aceptaba la decisión en obediencia, aunque lamentó que «los enemigos han vencido«. Sus palabras generaron amplia repercusión en redes sociales, medios y círculos religiosos, que han seguido el caso con atención desde que comenzaron los rumores de intervención.
La publicación de Diario Libre también destaca que la gestión de Ozoria ha sido objeto de críticas internas sobre el manejo administrativo de la arquidiócesis, especialmente en temas financieros y organizacionales.
El fin del cierre del Gobierno de Estados Unidos con gran eco en RD
El Gobierno de Estados Unidos reabrió la noche del jueves tras el acuerdo aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Donald Trump, poniendo fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país, con un total de 43 días de paralización. El acuerdo permitió restablecer el funcionamiento de agencias, instituciones federales y programas administrativos.
La Cámara de Representantes aprobó la medida con una votación ajustada, mientras que el Senado lo había hecho previamente con 60 votos. Diario Libre destacó que el cierre afectó a cientos de miles de empleados federales suspendidos o trabajando sin paga, lo que generó tensiones económicas entre familias y retrasos en servicios públicos.
El presidente Trump calificó el cierre como resultado de una «extorsión demócrata«, pero aseguró que firmaba el acuerdo para evitar más daño al país. También hizo un llamado a los estadounidenses para «no olvidar lo ocurrido», anticipando que un nuevo conflicto presupuestario podría surgir pronto si no se encontraba una solución duradera.
Durante el cierre, varios servicios esenciales se vieron comprometidos, incluyendo el procesamiento de pasaportes, inspecciones alimentarias, operaciones en puertos y aeropuertos y el trabajo de agencias científicas y de seguridad.
El desenlace reveló profundas divisiones entre republicanos y demócratas y dejó abierta la posibilidad de nuevos bloqueos institucionales. Diario Libre planteó que, aunque el acuerdo representa un respiro temporal, la estabilidad política de Estados Unidos sigue en tensión, especialmente de cara a los próximos debates presupuestarios y electorales.
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Aumenta el costo del SFS por dependiente tras nueva resolución del CNSS
El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) aprobó un aumento de 204.32 pesos a la cápita del Seguro Familiar de Salud (SFS) por cada dependiente del Régimen Contributivo, elevando el monto mensual de 1,683.22 a 1,887.54 pesos. La medida, contenida en la Resolución 624-02, entró en vigencia el 1 de noviembre de 2025.
El ajuste se compone de 142.08 pesos correspondientes a la indexación acumulada entre abril de 2023 y marzo de 2025; 44.71 pesos por el incremento en la tarifa de consultas ambulatorias, y 17.53 pesos destinados a ampliar beneficios del Plan de Servicios de Salud, incluyendo nuevos medicamentos y procedimientos cubiertos.
De los 1,887.54 pesos actualizados, la Tesorería de la Seguridad Social transferirá 1,882.49 pesos a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), mientras que 5.05 pesos se dirigirán al Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (FONSAP), que financia tratamientos vinculados a tuberculosis, VIH y hepatitis B.
El incremento afecta a 270,450 dependientes adicionales registrados en el sistema, lo que implica un aumento significativo del gasto familiar mensual en salud para miles de hogares, de acuerdo con los datos proporcionados por el CNSS.
Las autoridades justificaron el alza señalando que responde a variaciones de precios, actualizaciones tarifarias y ampliación de coberturas, con el objetivo de fortalecer el alcance del SFS y garantizar mayor protección sanitaria a los afiliados y sus dependientes.
