Aunque garantizó imparcialidad e inhibición en las decisiones polémicas, Carlos Pimentel no escapa a las críticas luego de que el presidente Luis Abinader lo designará director de Alianzas Público-Privadas (Agapp), cuyo rol será simultáneo al de titular Contrataciones Públicas.
Pese a ser advertido, el jefe de Estado firmó el decreto 614-24, con el que otorga a Pimentel el nuevo rol y le encargó, dentro de doce meses, elaborar una propuesta para la readecuación estructural y normativa de ambas instituciones, con el objetivo de «garantizar la eficacia, transparencia y coherencia en la implementación de las contrataciones públicas y las alianzas público-privadas«.
Peralta alertó a ambos
Desde que se enteró de la situación, Antoliano Peralta, en su rol de consultor jurídico del Poder Ejecutivo, les dejó saber, tanto a Pimentel como al jefe de Estado, que la doble función podría implicar conflictos de intereses.
En una carta, Peralta enfatizó «designar a un solo director de ambas entidades, implica que esta supervisaría los mismos procesos de compras y contrataciones que ejecuta, lo cual podría comprometer su imparcialidad e independencia necesarias en los procesos de adjudicación y ejecución de contratos».
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) informó que la designación viola la ley y afecta sensiblemente la institucionalidad de la Administración Pública. También dijo que viola la Ley 47-20, de Alianzas Público-Privadas.
Participación Ciudadana informó que la Constitución y varias leyes estipulan claramente la intención de evitar la concentración de múltiples cargos públicos en una sola persona, especialmente en contextos donde convergen intereses diversos y significativos.
Mientras que el partido Fuerza del Pueblo (FP) expresó que, «resulta inconcebible que se pretenda encomendar esos roles a la misma persona«.
De su lado, José Paliza, ministro de la Presidencia, expresó que ese tema no debe preocupar, porque lo que se busca es organizar el sistema de compras.
En un comunicado emitido el viernes, Pimentel garantizó que, durante las votaciones en el Consejo de ese organismo, «en toda decisión que involucre o que pudiera generar conflicto de interés, optaría por la inhibición o la delegación«.
