Cuatro semanas después de la riada del barranco del Poyo resulta fácil enumerar los errores que confluyeron en una tragedia cuyo origen natural no puede servir de disculpa a los gestores políticos por su inacción en las primeras horas. Son los mandos militares los que en páginas de España ponen hoy de manifiesto la ventaja que, a través de la militarización inmediata y masiva de la zona afectada, habría proporcionado la declaración por parte del Gobierno de la «situación de interés» prevista en la Ley de Seguridad Nacional. El Ejecutivo regional conocía el terreno, pero no los medios. Maquinaria pesada y orugas para despejar calles, suministro de comida y agua, requisa de bombas de achique u organización de voluntarios –que contribuyeron a prolongar el caos al barrer el lodo hacia las alcantarillas– no solo hubieran aliviado el rigor de la DANA, sino transmitido a la opinión pública la solvencia de un Estado cuestionado incluso en una tragedia que debiera haber contribuido a la confianza.
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