El Gobierno ya no se anda con rodeos. Óscar López, ministro de Transición Digital y Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, ha acusado este viernes al juez Juan Carlos Peinado de “prevaricador” y “mentir” en los tribunales por tergiversar la declaración como testigo de Blanca Gil de Antuñano, directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa Business School, con el ánimo de imputar a Juan José Güemes. El vicepresidente económico de la institución contradijo previamente al magistrado y le negó un trato de favor a Begoña Gómez y haberla contratado por el mero hecho de ser la mujer del presidente.
El juez, que abrió en abril una investigación contra Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras aceptar una querella de Vox basada en informaciones de prensa, algunas de ellas falsas, sin que nueve meses después haya encontrado indicios sólidos, imputó a Güemes por considerar que había mentido en su respuesta. La información la publicó EL PAÍS el miércoles y este viernes RTVE ha emitido unos audios que evidencian que el magistrado no se ciñó a las palabras de la testigo. La directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa en realidad nunca hizo dijo que se hubiera contratado a Gómez por ser la pareja del presidente del Gobierno, como dijo Peinado, que decidió suspender en ese mismo momento la declaración de Güemes como testigo y citarlo como imputado porque su testimonio contradecía, en su opinión, el de la responsable de Recursos Humanos del Instituto de Empresa.
“Lo que hemos conocido del señor Peinado es claramente prevaricador. El señor Peinado ha mentido en sede judicial, él, y ha utilizado una mentira para imputar a otra persona. Estamos conociendo cosas que son muy, muy preocupantes. Es que en un Estado de derecho los ciudadanos tienen derechos”, ha afirmado López tras visitar la sede de Cellnex Telecom en Madrid. El ministro, que entre julio de 2021 y septiembre de este año fue el jefe de gabinete de Pedro Sánchez en La Moncloa, considera también que el juez Peinado realiza instrucciones “claramente prospectivas” que “van cambiando de asunto, que se alargan en el tiempo durante meses, y para el que todo vale”.
El ministro también ha reprobado que Güemes —que fue consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre— haya sido imputado por una afirmación “que no se ha hecho en sede judicial” y que “el juez dice que sí se ha hecho”. “Parece ser que el juez ha mentido en sede judicial y ha utilizado una declaración que no se produjo”, ha sentenciado López, que también ha lamentado que el juez haya admitido querellas contra la pareja del presidente del Gobierno “sin ninguna prueba, con cuatro titulares de prensa”. Peinado amplió la causa contra Gómez imputándole dos nuevos delitos por apropiación indebida e intrusismo profesional tras una querella presentada por la organización ultraderechista Hazte Oír. La esposa de Sánchez negó el miércoles ante el juez los cuatro delitos que le imputa. Este viernes ha declarado Cristina Álvarez ante el juez Peinado: la directora de Programas de La Moncloa ha explicado que fue contratada a proposición de Gómez para coordinar su agenda institucional, un cargo que ya desempeñaron otras personas con las parejas de los anteriores presidentes del Gobierno.
La causa penal abierta por el juez Peinado acumula ya cuatro imputados. Además de Gómez y Güemes, el juez ha actuado contra el empresario Juan Carlos Barrabés, que dio varias clases en el máster que codirigía la mujer de Sánchez. Barrabés logró varios contratos públicos de Red.es tras presentar ofertas que incluían 34 cartas de apoyo, de las que una había sido firmada por Gómez como codirectora de la cátedra de la Complutense. La Guardia Civil elaboró un informe a petición del juez donde tras examinar el concurso descartaba cualquier tráfico de influencias en la adjudicación. Como ya le sucedió a Güemes, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, también fue imputado tras desmentir un trato de favor a Gómez por su condición de esposa del presidente del Gobierno.
Otro ministro, Óscar Puente, ha tildado de “tergiversación” la actuación del juez Peinado por preguntarle a un testigo “sobre algo que supuestamente ha dicho otro compareciente y dice cosas que no dijo” para finalmente terminar imputándole. Esther Peña, portavoz de la dirección del PSOE, también ha expresado la preocupación de los socialistas por las actuaciones del juez Peinado por haber atribuido a una testigo una declaración que nunca pronunció. “La verdad va a salir a la luz”, ha aseverado.
