El dictador murió en la cama de viejo. Fue un hecho triste que en cuarenta años nadie pudiera desmontar la dictadura. Pero así fue. Cuando Franco murió costó mucho a las dos Españas cerrar heridas abiertas por la guerra civil y por la propia dureza de la dictadura. Se supo avanzar con el fin de reconciliar y superar esos enfrentamientos. Se empeña Sánchez en vincularse a Franco. Hemos visto ya en este primer evento del 50 aniversario de la muerte del dictador la evidencia de lo que se avecina. Ausencia de un rigor que empieza por el cronológico de un aniversario de una muerte para el que falta todavía casi un año. No ha sido problema para que, a toque de corneta, se evocara la imagen entusiasta con un lleno hasta la bandera de ministros, cargos y aplaudidores de Sánchez. Como si fuera una Demostración Sindical de las que hacía Franco todos los años en el Estadio Santiago Bernabéu, los juegos florales eran solo un adorno para el discurso del presidente. Sánchez no tuvo ni la grandeza, ni la justicia, ni el menor reparo en citar a Juan Carlos, Suárez o Torcuato.
Insiste en vincularse emocionalmente a Franco como sea. Se autofelicitó hace años cuando dijo que pasaría a la historia por haber exhumado el cadáver del Valle de los Caídos. Ahora vende la diferencia entre una dictadura de hace medio siglo con los avances políticos, económicos y sociales de cuarenta años de democracia y de una Constitución que nos trajo un Estado de derecho y social, y los vende como si fueran logros de sus siete años de gobierno. Intenta generar la simbiosis de su imagen con la de un valeroso y moderno demócrata que nos va a librar de toda la extrema derecha, y de paso de la derecha y de media España que no piensa como él.
Para ser justos ya nos ha demostrado que puede ser capaz de todo. Le hemos visto volar el Código Penal eliminando el delito de sedición y rebajar el de malversación. Le hemos visto regalar indultos y subir la apuesta carcomiendo la Constitución con una Ley de Amnistía tan chapucera que ni siquiera le va a servir hasta el que controlado Tribunal Constitucional dé otro capotazo legal en el estilo del que provocó la anulación de la condena a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE.
«Meter el miedo a los jueces y a los periodistas para que se controlen o autocensuren sí que recuerda a los que se vivía hace medio siglo en España»
Principios que parecían conquistas inamovibles y asentadas en nuestra democracia han volado por los aires. La igualdad de los españoles fue la primera. Da lo mismo que sea por un amnistiazo a los protagonistas de un golpe independentista o de que pronto sea por el reparto insolidario de la financiación de las comunidades autónomas. Nada es sagrado ni inviolable en esta nueva lectura del Estado de derecho que han hecho desde que están en el gobierno. Frente a la búsqueda del bien común de la patria, la escuela Sánchez defiende los acuerdos singulares que favorecen solo a los que tienen votos para mantenerle en el poder. Ahora se extiende a los que pueden salvar a los suyos de los juicios e informaciones.
Ante el rodeo judicial, policial y periodístico, con los escándalos que le afectan en lo más cercano, lanza la tinta del calamar del franquismo. Y detrás de la tinta saca presenta por sorpresa una Proposición de Ley Orgánica que proteja a su esposa, a su hermano, a su fiscal general del Estado (sí, es suyo, así lo dice él mismo) y a toda una trenza de escándalos que engarzan a Ábalos, Koldo, Aldama y lo que venga.
Intenta Sánchez cargarse la acusación popular en otra voladura del Estado de derecho. Ya se cargó la igualdad de los españoles ante la ley y por eso no ve problema que esta norma paralice cualquier investigación, aunque esté activa. Salva a su familia cercana y protege más al «tito» Álvarez García. No será Sánchez el que tenga remordimientos por la contradicción de intentar limitar algo que el propio Partido Socialista ha venido haciendo con intensidad en los últimos años.
Esto es solo el principio. La voladura pensada y diseñada por el Gobierno tiene aristas todavía más peligrosas. Este gobierno, en el que se mantienen dos jueces como ministros, lleva años intentando controlar el poder judicial. Y dado que no parece conseguirlo en la plenitud y efectividad que necesita, el diseño pasa por controlar el origen de los procesos. Estudiaban una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir su anhelo, nunca ocultado, de quitar a los jueces la actividad investigadora y dejar la iniciativa solo en manos de la fiscalía. Lo que pudiera ser contemplado como una opción que funciona en otros países, salta en España por los aires con la lamentable imagen actual de una Fiscalía General del Estado, no ya controlada por el Gobierno, sino que actúa incluso con más entusiasmo y atrevimiento que muchos ministros.
Si además lo publicado por la prensa libre no puede ser apriorísticamente usado, si desaparece la capacidad constitucional de poder activar la acción popular, si solo se actúa a instancias de una fiscalía que, por su estructura jerárquica, es fácil de tener como ahora totalmente controlada, lo que viene no es una medida más de Sánchez, es una voladura real y controlada de nuestro Estado de derecho.
No solo son las medidas. Es el estado de miedo que quieren imponer a jueces y periodistas. Dice el proyecto socialista que se controlarán las declaraciones de los jueces incluso en ámbitos privados que podrán motivar causa de abstención o recusación. Lo de considerar opiniones en ámbitos privados como pruebas de algo, parece más propio de una distopía totalitaria más cercana al franquismo que de algo que tenga que ver realmente con un Estado de derecho. Se les quiere obligar a que callen ante la mayoría de los actos de la vida política del país porque detrás de todo siempre hay un partido político, un sindicato, una autoridad o un funcionario público. Los jueces son independientes y tienen que ser prudentes en sus declaraciones, pero son ciudadanos que también pueden hablar y opinar.
Meter el miedo a los jueces y a los periodistas para que se controlen o autocensuren sí que recuerda a los que se vivía hace medio siglo en España. Todas las asociaciones de jueces, incluidas la progresista Jueces para la Democracia, han denunciado la propuesta. Hay prisas en el Gobierno. Los casos de Begoña Gómez y David Sánchez siguen su curso. Tantas prisas hay que en vez de buscar una tramitación parlamentaria garantista como implicaría un proyecto de ley con los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, se busca el método de urgencia. El mismo que ya ha provocado otras grandes chapuzas legales de los gobiernos de Pedro Sánchez.
«Quieren crear un estado de opinión que considere despreciativamente que todas las investigaciones son lo que llaman despectivamente solo ‘recortes de prensa’ y no informaciones comprobadas y rigurosas»
Todo lo que rodea y emana de esta propuesta supone además un menosprecio al trabajo serio de las investigaciones periodísticas que han sustentado muchas de las acusaciones populares y que han sido la base de la investigación, juicio y condena de los grandes casos de los últimos años. Dice la proposición socialista que la actual sociedad de la información «donde las noticias o juicios de valor periodísticos son de fácil difusión a través de canales digitales y redes de comunicación, genera un flujo de avisos, reportajes, testimonios, sucesos y revelaciones que no siempre están contrastados o que obedecen a móviles espurios». Fango. Todo lo que no guste al gobierno son bulos o fango.
Habla de supuestos que cuando han ocurrido ya tienen una respuesta legal en el artículo 313, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que el juez inadmitirá la querella «cuando los hechos en que se funde no constituyan delito o cuando la querella sea manifiestamente falsa». Quieren crear un estado de opinión que considere despreciativamente que todas las investigaciones son lo que llaman despectivamente solo «recortes de prensa» y no informaciones comprobadas y rigurosas. La base de la libertad de prensa y de la democracia en todos los países libres occidentales.
Este proyecto busca en realidad legislar para algunos nombres propios y eso es un atentado a las esencias de la ley. Intenta la paralización de las investigaciones abiertas y eso puede ser la voladura final del Estado de derecho.
