El político y empresario Pablo Crespo (Pontevedra, 64 años), condenado a penas que suman más de 70 años de cárcel por el caso Gürtel, aún tiene que sentarse en el banquillo en dos causas más de corrupción. El que fuera secretario de organización del PP de Galicia, número dos de aquella red y, ahora, colaborador de la justicia, lleva desde el verano cumpliendo condena en un régimen de semilibertad que le permite no tener que ir a prisión ni a dormir. En su tobillo derecho lleva el dispositivo de control telemático que Instituciones Penitenciarias le ha colocado para cerciorarse de que cumple las restricciones a su libertad que aún pesan sobre él. Mientras, trabaja en el bufete de Miguel Durán, el abogado que, junto a su propia hija, Margarita Crespo, lleva su defensa. Durante su estancia en prisión ha participado en varios programas de reinserción. Entre ellos, el Programa de Intervención en Delitos Económicos (Pideco), dirigido a, entre otros, los presos de corrupción. Lo alaba, pero también incide en que faltan medios para extenderlo. “No es fácil reconocer que has cometido un delito solo por ambición, por codicia o por tener más dinero”, asegura. Él es uno de los 464 presos que ya lo han seguido desde que el Ministerio del Interior lo pusiera en marcha en 2021. Otro ha sido el extesorero del PP Luis Bárcenas, a quien un juez acaba de conceder la libertad condicional por, entre otros motivos, haberlo hecho. Crespo aspira a acceder a esa misma libertad dentro de un año.
Pregunta. ¿Qué ha supuesto para usted su paso por prisión?
Respuesta. Ha sido una experiencia dura, durísima para mí, pero sobre todo para mi familia. Son nueve años y tres meses en régimen cerrado, que para algunos es media vida.
P. La Constitución recoge que las cárceles deben servir para reinsertar. ¿Se cumple ese principio en su opinión?
R. Se intenta cumplir. La ley lo proclama así, el Reglamento Penitenciario también y la estructura de Instituciones Penitenciales está enfocada para ese fin, pero al final la dinámica dentro de las cárceles no lo permite. Hace falta que las personas más importantes en el ámbito tratamental, como son el educador, el jurista, el psicólogo y el trabajador social [son los profesionales que elaboran los informes con los que se valora la concesión de beneficios penitenciarios] se centren en esa labor y no en otras burocráticas que les impide conocer en profundidad a los presos y saber cuál es el mejor recorrido penitenciario para se reincorporen a la sociedad cuando consigan la libertad. La solución, como siempre, requiere un tirón presupuestario, porque seguramente lo que habría que hacer es duplicar, como poco, el número de estos técnicos que hay en las cárceles.
P. Usted ha participado en varios programas penitenciarios, entre ellos el llamado Pideco, ¿sirven para algo?
R. Sí sirven. El Pideco dura meses y es el más útil que he conocido en Instituciones Penitenciarias, tanto por sus contenidos como por la dinámica que genera entre los presos que lo hemos seguido. En el grupo de seis personas en el que estuve, la psicóloga, una excelente profesional, nos planteaba unas tareas que nos obligaba a exponer tanto nuestros problemas como las diferentes motivaciones que nos llevaron a cometer los delitos por los que fuimos condenados. Eso no es fácil, porque implica el reconocimiento de los errores y eliminar las disculpas con las que uno intenta autojustificar lo que ha hecho. No es fácil reconocer que has cometido un delito simplemente por ambición, por codicia o por tener más dinero.
P. Entiendo que ahora ve de una manera diferente los hechos que le llevaron a la cárcel.
R. Claro que lo veo de una manera distinta y eso, creo yo, es el objetivo de este programa, que uno sea capaz de asumir y reflexionar, de darse cuenta de qué es lo que ha hecho mal e, incluso, indagar en las causas de por qué lo ha hecho.
P. ¿No era consciente cuando cometió los delitos de las consecuencias que tenía desviar dinero público para su propio beneficio?
R. Sí lo era, pero no quería verlo. Soy consciente de que, efectivamente, los delitos de corrupción son muy perjudiciales, y no solamente por el daño concreto que supone la sustracción de determinadas cuantías económicas, sino también por la imagen que se deja a la sociedad.
P. Usted se ha sentado dentro de estos programas penitenciarios cara a cara con la víctima de un delito, ¿le sirvió este encuentro?
R. Tener testimonios en directo de personas que han sido víctimas de un delito sirve para aumentar la empatía hacia ellas. Cuando cometí los delitos, yo era consciente de que mi actuación no era correcta, pero ahora también lo soy de que, además, generaba un daño.
P. Usted ha colaborado con la justicia y así lo ha reconocido la Fiscalía Anticorrupción. Hay quien puede llegar a pensar que solo dio ese paso cuando ya estaba en la cárcel y lo tenía todo perdido.
R. Es cierto que podía haber colaborado con la justicia muchos años antes y haber ahorrado muchos disgustos, no solo a mí, sino a mi familia. Pero en una causa como la mía, con tantísimas vicisitudes, la línea de defensa la marcaban mis abogados y a ella me ajusté para defenderme de las acusaciones mientras me fue posible. Luego llegó el momento de colaborar y lo hice cuando ya no tenía nada que ganar ni que perder.
P. ¿El paso por la cárcel le ayudó a dar ese paso?
R. La prisión debe servir precisamente para que los condenados empaticen con las víctimas y tomen ese tipo de decisiones. Cuando yo oí hablar del Pideco, presenté una instancia en prisión para participar en él. Han tardado varios años en incluirme en el programa. La administración penitenciaria debería ser un poco más activa en potenciar estos programas.
P. Usted está desde el año pasado en tercer grado o semilibertad, y desde el verano con una medida de control telemático que le permite no tener que acudir al Centro de Inserción Social (CIS) ni a dormir. ¿Esta flexibilización facilita la reinserción?
R. Sin duda. El mayor problema que tiene una persona condenada cuando sale de prisión es conseguir un trabajo, sobre todo por el estigma que supone precisamente haber pasado por la cárcel. Trabajar es el mejor medio de reinserción y flexibilizar el régimen de vida con salidas diarias ayuda a ello.
P. Habla de una estigmatización de los reclusos. En su caso, condenado por un caso tan mediático, ¿esa estigmatización es mayor?
R. Si no es por Miguel Durán, que además de ser mi abogado sabe de mis capacidades profesionales y me dio trabajo, yo hubiera estado condenado precisamente a la no-reinserción, ni laboral ni social. Una persona que no trabaja puede caer en la depresión, se minusvalora, lo que dificulta su reinserción. Por ello es tan necesario que Instituciones Penitenciarias ponga más medios en estos programas.
P. ¿Cuál es el peor recuerdo de los 9 años y 3 meses que pasó en prisión en régimen cerrado?
R. Los primeros días fueron jornadas muy duras en las que mi mayor preocupación era mi familia, porque sabía que lo estaban pasando fatal. Además, aquellos días se nos sometió a una vigilancia extrema porque creían que nos podíamos fugar en alguno de los traslados a la Audiencia Nacional para declarar, lo que era una invención pura y dura.
P. ¿Cree que debe pedir perdón a alguien?
R. Desde luego, a la sociedad en su conjunto por el daño causado, pero sobre todo a mi mujer, a mis hijos, a mis hermanos, a mi madre… Al fin y al cabo, cuando alguien pasa por una experiencia como la mía con la difusión mediática que tuvo, la gente que me quiere, que es mucha, lo pasa mal.
