Donald Trump sabía que el camino de Matt Gaetz, su elegido para fiscal general, se complicaba para conseguir su confirmación por el Senado y ya tenía otro nombre en la recámara. Pocas horas después de que Gaetz, acosado por sus escándalos sexuales, comunicara que renunciaba al puesto de fiscal general, el presidente-electo anunció a su sustituta: Pam Bondi, que fue fiscal general de Florida entre 2011 y 2019, una vieja aliada del presidente-electo.
«Durante demasiado tiempo, este Departamento de Justicia partidista ha sido utilizado como arma contra mí y otros republicanos», dijo el presidente-electo en el anuncio, en relación a las causas penales que le han perseguido desde comienzos del año pasado. «Ya no más. Pam volverá a centrar al Departamento de Justicia para su propósito de luchar contra el crimen y hacer a EE.UU. seguro otra vez», añadió Trump sobre Bondi, una aliada de Trump que se integró en su equipo de defensa durante el primer ‘impeachment’ (juicio político) de su presidencia.
Esta nominación a fiscal general apunta a una cúpula del Departamento de Justicia copado por abogados de Trump, que ya había nominado a tres de sus letrados en sus causas penales -Todd Blanche, Emil Bove y John Sauer- como sus números dos, tres y cuatro. Es decir, muestra a las claras su prioridad de tener a un Departamento de Justicia a su servicio, más allá de la independencia que le debe caracterizar, después de haber prometido represalias y venganza en campaña.
Bondi, de 59 años, inició su carrera en el ministerio público como fiscal en el condado de Hillsborough, en Florida. Allí también fue portavoz de la fiscalía, en su primera muestra de habilidad comunicativa, que le ha llevado a aparecer con frecuencia como comentarista política en televisión. Esa comodidad en los medios fue una de las claves por las que ganó la elección a fiscal general de su estado en 2010.
La relación entre Trump y Bondi es lejana y no exenta de polémicas. La más recordada tiene que ver con una donación que el multimillonario neoyorquino hizo a Bondi en 2013. La hizo a través de una de sus fundaciones y no cumplió con la normativa fiscal federal. Años después, la fundación adujo que fue un error. Pero hubo más que eso: la donación coincidió con una investigación abierta en Nueva York contra la Trump University, en la que decenas de sus alumnos denunciaron a la entidad por fraude. La oficina de Bondi en Florida aseguró que consideraba unirse a la demanda, pero eso nunca ocurrió. Algunos días después fue cuando se produjo esa donación de 25.000 dólares de Trump a la campaña de Bondi, solicitada por esta última, y poco después la fiscal general de Florida decidió no participar en la demanda. Bondi aseguró después que no tenía conocimiento de la demanda en el momento de solicitar el dinero.
Bondi apoyó a Trump en las primarias republicanas de 2016 y tuvo cierta presencia en la campaña en Florida. En la Convención del Partido Republicano de aquel año dio discursó en el que animó a los asistentes a entonar el cántico ‘¡a la cárcel!’, contra la rival demócrata de Trump, Hillary Clinton. No se sumó al Gobierno tras la victoria histórica de su aliado aquel año, pero Trump si contó con ella en noviembre de 2019 para el equipo de defensa de su primer ‘impeachment’. En 2020, fue una de las voces que clamó sobre la existencia de fraude electoral en la derrota de Trump ante Joe Biden, pero sin presentar evidencias.
Tras dejar la fiscalía en Florida, Bondi ingresó en el sector privado con Ballard, una firma de ‘lobby’ cercana a los republicanos en la que ha trabajado para grandes compañías -Amazon, General Motors, Uber- y gobiernos extranjeros -Qatar- y desde donde también ha contribuido a recabar fondos para candidatos republicanos.
Hasta su nombramiento como nominada a fiscal general, Bondi se desempeñaba también como directora del brazo legal del America First Policy Institute, un ‘think tank’ conservador con mucha presencia en los círculos de Trump.
