Un despliegue de 85 efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y de la Policía Local de Santa Eulària des Riu (Ibiza) se desplegaron a primera hora de este miércoles en el asentamiento ilegal del barrio de Can Negre, conocido popularmente como Can Rova 2, para llevar a cabo el desalojo de las más de 200 personas que desde hace meses viven en el solar. El goteo de residentes que han ido saliendo con sus enseres se ha frenado al filo de las 15.00 horas, después de que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Palma haya paralizado el desalojo tras aceptar la suspensión del desahucio formulada por el representante legal de varias familias residentes en los terrenos.
Estas familias han apelado a la falta de notificación previa por parte del juzgado y a la situación de vulnerabilidad de los residentes para frenar el desalojo, que ha sido paralizado de forma provisional. El abogado David Fechenbach, que asesora a unas 70 personas residentes en los terrenos, ha denunciado en declaraciones a Radio Ibiza que tanto el Ayuntamiento como la propiedad del terreno han actuado “de mala fe” porque no habían notificado que este procedimiento estaba en marcha. El abogado ha defendido la necesidad de buscar un equilibrio entre la supuesta inseguridad y la vulnerabilidad de muchos niños que residen en el asentamiento porque “hay una contraposición de bienes jurídicos a proteger”.
“Estaba trabajando y me dijeron que viniera, que nos iban a desalojar. Si lo llego a saber con tiempo, me habría intentado buscar algo”, decía Alejandro, residente en el poblado desde hace dos meses, que explicaba que hay algunas personas que llevan alrededor de un año viviendo en este asentamiento, en el que proliferan las chabolas, los vehículos y las tiendas de campaña. Este joven, quien ha pedido no revelar su apellido, cuenta que hay unas 90 familias que no tienen donde ir, algunas de ellas con menores de edad. “Nos tendremos que quedar en la calle, es complicado, pero hay que asumirlo”, lamentaba. Durante toda la mañana la carretera que discurre en paralelo al poblado aparecía con maletas y diversos enseres de los moradores del terreno, muchos de ellos empleados del sector turístico. Algunos han regresado tras conocer la noticia de la suspensión del desahucio.
La noticia de la paralización ha dado algo de aire a los más de 200 residentes en los terrenos, de propiedad privada. Buena parte de quienes allí están instalados eran antiguos habitantes del poblado de Can Rova, que fue desmantelado el pasado mes de julio tras un dictamen de la Audiencia Provincial de Baleares que resolvió el pleito que mantenían los propietarios del terreno y que finalmente dejó en la calle a casi 700 personas. El solar es propiedad de seis hermanos y uno de ellos lo había estado gestionando durante los últimos años con la oposición del resto, que finalmente llevaron el asunto a los tribunales. El gestor del solar cobraba a los residentes por instalar las caravanas o vivir en las tiendas de campaña, en un terreno en el que se había instalados baños portátiles y fuentes de agua para los usuarios. En el censo realizado por los propios residentes en el asentamiento antes del desalojo se contaron 695 personas.
La situación del mercado del alquiler en Ibiza, una isla en la que se llegan a pedir 1.000 euros al mes por una furgoneta para dormir o 3.000 euros al mes por un estudio de 30 metros, provocó que fueran muchos los trabajadores que se decidieron por pagar al propietario de Can Rova para tener un hueco en el que dormir. Con el desmantelamiento del poblado y tras verse sin un lugar al que ir, muchos decidieron asentarse en los terrenos cercanos, que comenzaron a conocerse como Can Rova 2. Allí instalaron tiendas, casetas y automóviles e instalaron una valla para evitar el acceso a la zona. Unos hechos que la propiedad de los terrenos denunció ante los tribunales a los que urgió al desalojo de los moradores.
El juzgado autorizó el desahucio con base en varios informes de los técnicos municipales que apelaron a un riesgo de electrocución, incendio y explosión debido a las precarias instalaciones eléctricas y al uso de bombonas de butano, así como a la acumulación de basura y matorrales en la zona. Los técnicos también destacaron que, por el perímetro de la valla instalada de manera ilegal por los residentes en el solar, discurre una de las principales tuberías de agua que da suministro a la ciudad. Tras el dictamen judicial, el consistorio puso en marcha un protocolo operativo para la demolición del asentamiento.
El regidor de Seguridad Ciudadana de Santa Eulària, Juan Carlos Roselló, ha señalado que no existe un censo oficial de los residentes en los terrenos y ha insistido en que ninguna familia ha pedido ayuda a los servicios sociales. “Estaba peor de lo que nos habían trasladado”, ha subrayado el concejal, para quien la mala situación de los depósitos de agua y de las fosas sépticas comprometían la seguridad de los residentes. Roselló ha insistido en que, para los casos de personas vulnerables y en función de sus necesidades, se estudiará la posibilidad del trasladado de algunos de los afectados a centros de acogida social.
