Patricia Canet, presidenta de l’Associació de Familiars de la Fossa 146 del cementerio de Paterna, ha presentado este martes en los juzgados del municipio una querella por crímenes contra la humanidad durante el franquismo por el asesinato y la desaparición forzada de su tío abuelo paterno, Juan Canet Bou, fusilado el 13 de octubre de 1941 a la edad de 24 años. Es una de las 2.238 personas que fueron enterradas en las fosas comunes del cementerio de Paterna situado a solo unos metros del conocido como paredón de España. “Era el hermano de mi abuelo paterno, agricultor y natural de Cullera. No tenía ninguna afiliación política ni sindical ni había hecho ningún tipo de pronunciamiento. Fue un asesinato por venganza”, explica Canet mientras cuenta la cruda historia de esta pérdida familiar 84 años después de que sucedieran los hechos.
“Alguien la tiene que pagar en casa”, fue la denuncia de una persona del vecindario que provocó que Juan Canet Bou fuera sacado a la fuerza de su domicilio, encarcelado y fusilado dos años después. “Mi abuelo paterno, sargento republicano, estaba volviendo a pie a casa desde Teruel tras la batalla del Ebro; y el otro hermano había huido a Francia cuando estalló la contienda civil española”, recuerda Patricia. En el juicio sumarísimo, su tío abuelo fue acusado de “adhesión a la rebelión” y de participar en el asesinato de un cura de Cullera. “Pero es mentira, porque en todos los expedientes de todos los familiares con los que he podido hablar se acusa a los fusilados de asesinar a un cura. Sabemos que los juicios no tenían ninguna garantía y menos las acusaciones”, asevera.
Canet, profesora de Historia, asegura que no se rinde y quiere hacer su aportación para que algún día los ajusticiamientos durante el régimen franquista se reconozcan como crímenes contra la humanidad aunque confiesa que hay partes del sumario del juicio a su tío abuelo que no es capaz de leer todavía. Las 115 querellas presentadas hasta ahora con este objetivo no han prosperado y han sido archivadas. No obstante, Patricia destaca “un posible aspecto a favor” para que su querella avance. “Hay una fiscal de Memoria Democrática que es proclive a participar y a unirse a estas demandas”, afirma, aunque es consciente de que “la última voluntad para que esto prospere es la interpretación del juez o la jueza”.
Aràdia Ruiz, abogada de la cooperativa El Rogle, se ha encargado desde 2018 de promover medio centenar de querellas relacionadas con represaliados del franquismo en el País Valenciano: “Este país sufrió una dictadura desde 1939 a 1975 y las consecuencias fueron cerca de 300 campos de concentración, medio millón de personas que se vieron obligadas a exiliarse, se calcula que pudieron haber más de 300.000 bebés robados y se estima que todavía hoy en día hay más de 140.000 personas enterradas en las cunetas. Son números escalofriantes”.
Juan Canet Bou es una víctima más de estos crímenes de lesa humanidad “y por eso hemos puesto una querella en concurso con una desaparición forzada”, explica la letrada, “porque los tiran a una fosa común y no se saben donde están”. “Rebatimos los argumentos que hasta ahora ha dado la judicatura española, teniendo en cuenta el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y las recomendaciones de la ONU de que se investiguen estos crímenes”, ha subrayado Ruiz.
La judicatura española siempre ha apelado a la ley de Amnistía de 1977 para archivar las querellas de otros familiares pero, según la abogada, esta legislación se aprobó seis meses después de que el Estado español ratificara el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice en su artículo 13 que cuando se producen crímenes de lesa humanidad no pueden ampararse en este tipo de amnistías para eludirlos. En cualquier caso, Ruiz insiste en que la ley de Amnistía todavía en vigor lo que impide es la pena no que haya una investigación. “Por tanto, investiguemos. El objetivo de las familias ya no es sentar a nadie en el banquillo sino que se averigüe lo que pasó, que se haga un relato de la verdad judicial y se citen los nombres y apellidos de los que debieron ser procesados en su día por”, añade la abogada de El Rogle.
Entre los argumentos esgrimidos en la querella, la letrada ha aludido a que cuando tuvieron lugar los crímenes, pese a lo que dice la judicatura, el estado español estaba adherido al derecho internacional y a los Convenios de la Haya, con lo que “sí había una ley que tipificaba esos crímenes de lesa humanidad”. Así, ha explicado que al tratarse de crímenes de lesa humanidad, “nunca prescriben”, “pero el problema es que la judicatura dice que no fueron así, sino crímenes aislados”, ha lamentado.
La abogada reconoce que el discurso judicial es desesperanzador pero “están pasando cosas en los últimos años” y “parece que el muro de la impunidad se comienza a abrir por el caso, por ejemplo, de Carolina, una familiar de un fusilado en Paterna a la que un juzgado citó a declarar”. Luego se anuló la declaración [tras una sentencia del Tribunal Constitucional] porque se estaba pendiente de una documentación y esta decisión se ha recurrido.
La diputada autonómica socialista Mercedes Caballero, invitada al acto, ha manifestado que “verdad justicia y reparación son objetivos para los que necesitan de vuestras querellas. Incluso con las querellas desestimadas son pasos hacia delante porque pone en la agenda pública un tema sobre el que mucha gente no quiere hablar”, ha destacado.
La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Isaura Navarro, ha añadido que España tiene una asignatura pendiente con la Memoria Democrática “por cómo se hizo la transición política y porque hasta 2006 no tuvimos una ley de Memoria Histórica, que en realidad era un panfleto diciendo que eso estuvo mal y poco más. Estamos en esta batalla entre las dos Españas no reconciliadas y se debería haber hecho un trabajo en democracia para lograr justicia. Es una situación muy complicada y el futuro pinta muy negro”, ha criticado.
El proceso de exhumación de los cuerpos de la Fosa 146 del cementerio de Paterna, donde se cree que se enterró a Juan Canet Bou, comenzó en diciembre de 2023. “A día de hoy, la fosa ya está abierta y se han extraído los restos. Pero de las 13 personas que presumiblemente debería haber habido, solo se han encontrado los cuerpos de tres”, retoma Patricia Canet. Ella explica que “como aún no ha habido identificación genética, no se pueden recuperar los restos”. Y destaca que uno de los cuerpos hallados se corresponde con un individuo de “veintipocos años”, que podría ser su tio abuelo. “Pero tenemos que esperar como mínimo un año para poder identificarlo”, lamenta.
