El contexto de Emvisesa en 2016, el año desde el que la UCO de la Guardia Civil investiga el expediente de enajenación de una parcela de Pino Montano a una particular que, a su vez, subcontrataba el terreno para varias firmas, la … empresa pública vivía una de las etapas más críticas desde su creación en 1987. La sociedad municipal arrastraba una parálisis casi total en la promoción de VPO y una situación económica asfixiante, fruto de años de endeudamiento y de una gestión marcada por el desplome del sector tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Durante años había sido un motor para la construcción de vivienda protegida en la ciudad, pero en 2015, cuando el gobierno local del PSOE asumió el mando, la entidad estaba prácticamente paralizada: sin suelo disponible para construir, con promociones inconclusas, vacías o pendientes de adjudicación desde hacía años, y con un parque de alquiler social reducido.
La foto fija de 2016 era demoledora. Había más de 500 viviendas nuevas terminadas y cerradas, sin adjudicar, mientras más de 12.000 familias aguardaban en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Emvisesa apenas generaba ingresos y acumulaba pérdidas superiores a los seis millones de euros, con una deuda financiera de más de 70 millones y hasta 18 promociones hipotecadas o embargadas. La empresa tenía entonces una plantilla de más de 80 trabajadores para una actividad casi inexistente, y su presupuesto anual, cercano a los 25 millones de euros, estaba completamente tensionado por el servicio de la deuda.
Una auditoría interna reveló disfunciones graves: promociones sin licencia de primera ocupación, pisos vacíos sin contratos de alquiler en vigor, locales comerciales abandonados, inexistencia de un inventario actualizado del parque público, ausencia de seguimiento a los adjudicatarios e incluso viviendas ocupadas irregularmente sin actuaciones de control. Todo ello había convertido a Emvisesa en un ente inerte, incapaz de responder a la emergencia habitacional de la ciudad y, a la vez, un lastre para las cuentas municipales.
La situación obligó a un giro radical. El gobierno de Espadas aprobó un plan de choque para adjudicar de inmediato las viviendas vacías, poner en el mercado los locales cerrados, reorganizar la plantilla, renegociar los créditos con los bancos y recuperar suelo público para volver a construir. Se impulsaron fórmulas como la captación de viviendas vacías de particulares para destinarlas al alquiler social, y se empezaron a diseñar cooperativas públicas y programas de rehabilitación para movilizar el parque residencial envejecido de Sevilla.
La empresa que en 2016 estuvo al borde del colapso económico y reputacional inició así un proceso de saneamiento y reinvención que, no obstante, apenas acabó al final del segundo mandato socialista con un parque de apenas 83 viviendas nuevas ya entragadas.
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