El real decreto ley 7/2025 por el que se pretende reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del pasado 28 de abril ha tenido el apoyo unánime del sector energético. Esta situación hacía pensar que su trámite parlamentario sería sencillo por la buena … acogida de las empresas. Pero nada más lejos de la realidad, la política española se ha acostumbrado a vivir en el alambre.
Podemos confirmó ayer lo que ya avanzó ABC hace dos semanas: que su apoyo a esta norma no está garantizado. De hecho, la formación morada ha dicho que se trata de un decreto que no pone coto a las grandes eléctricas, y que tampoco se ha creado para evitar futuros apagones. Por eso muestran su rechazo. No obstante, fuentes políticas aseguran a este medio que el partido liderado por Ione Belarra podría cambiar su intención de voto en el último momento.
Sobre el sentido de la votación, tampoco se conoce lo que hará el Partido Popular, que ha pasado a ser fundamental tras la negativa de Podemos. De esta forma, si los morados se mantienen en su rechazo solo habría una posibilidad de que el real decreto saliera adelante: la abstención del PP.
Consultadas por al situación, diversas asociaciones energéticas no dan crédito a lo que está sucediendo. Esta norma impulsada por el Gobierno, de forma sorprendente, había conseguido aunar las posiciones de las principales compañías españolas, con independencia de su tamaño o al sector al que se dediquen.
Norma esencial
Eléctricas, gasistas, petroleras, grandes, pequeñas… todas las empresas entienden que la norma constituye las bases regulatorias para encarar los principales retos que tiene el sector en lo que respecta a la integración de las renovables en el sistema; la operativa de Red Eléctrica —principal señalada en esta crisis—; el papel que debe jugar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); el impulso a la electrificación de la industria. Todos coinciden en la necesidad de que salga adelante este real decreto ley.
Por eso, desde hace semanas, las organizaciones sectoriales han metido presión a los políticos puesto que se trata de un plan que, en la mayoría de sus aspectos, tiene claves económicas fundamentales para el desarrollo de las políticas energéticas.
Por lo que respecta a las medidas, la transversalidad ha sido aplaudida por la inmensa mayoría del sector energético. Por ejemplo, en materia renovable, la modificación de los plazos en los permisos de los proyectos es una gran novedad. Otro aspecto clave tiene que ver con el almacenamiento. De igual modo, el autoconsumo, también ha entrado en el punto de mira de esta norma, así como todo el desarrollo de las redes eléctricas para el impulso industrial.
