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El Gobierno ha llevado esta semana a la mesa de diálogo de Seguridad Social una propuesta para elevar las cotizaciones sociales que pagan los autónomos a partir de 2026 y hasta 2028, una iniciativa que ha enfurecido a la principal asociación del sector y que no cuenta con apoyo de los distintos grupos políticos, ni siquiera el de Sumar, miembro del Ejecutivo.
¿En qué consiste la propuesta?
El objetivo que persigue el Ministerio que dirige Elma Saiz es reducir las desigualdades entre la contribución que hacen a la Seguridad Social los asalariados y los trabajadores autónomos, una meta que se debería alcanzar en 2032. Hasta entonces se abre un periodo transitorio, que arrancó en 2023, y que irá subiendo paulatinamente las cotizaciones por periodos de tres años.
En su propuesta planteada esta semana, el Gobierno plantea subidas de cotización variables por tramos de ingresos, que van desde el 4,3% (para los que ingresan entre 10.800 y 14.000 euros al año) al 34,9% para los que ganan más de 72.000 euros anuales, sólo en 2026; unos incrementos a los que seguirán otros en 2027 y 2028, de forma que en el acumulado de los tres años los aumentos oscilarán entre el 13% y el 104,9%.
En euros, supondrá el año próximo una cuota de entre 217 euros para los que menos ganan, 17 euros más que en 2025, y 796 euros para los que más ingresan, 206 euros más.
¿Cómo lo defiende el Gobierno?
El Ejecutivo recuerda que casi el 40% de los autónomos, 1,38 millones, se encuentran en los primeros tres tramos de la tabla de cotización (entre menos de 670 euros al mes -8.000 al año- y 1.166 euros al mes -de 14.000 a 15.600 anuales-), con lo que la subida de cuota para ellos será reducida. Además, en esos tramos, el 63% de los autónomos decidieron sobrecotizar en 2023 para tener derecho a una mejor prestación, lo que podría apuntar a que están dispuestos a pagar más a la Seguridad Social.
«Su cuota es menor a la inflación acumulada desde 2022 y es, además, más baja que la mínima en 2022, que era de 294 euros», señala el Ejecutivo.
Destacan que sólo un poco más del 15% de los autónomos, 570.000 personas, se encuentran en los tres tramos más altos de la tabla de cotización (entre los 3.620 y lo más de 6.000 euros al mes), siendo la mayoría de ellos socios o administradores de una sociedad y los que tendrán que afrontar la subida de cuotas «más notable», lo que les permitirá a su vez mejorar su prestación de cese de actividad (similar al paro) desde los 672 euros de media hasta los 1.355 euros o la prestación por nacimiento y cuidado de menor de los 960 euros a los 1.937 euros.
¿De quién fue la idea?
La necesidad de actualizar las cuotas de los autónomos deriva del Real Decreto-ley 13/2022 que se considera parte de la reforma de las pensiones y de los compromisos que pactó el entonces ministro del ramo, José Luis Escrivá, con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación.
Se acordó entonces que la adecuación para que los autónomos cotizaran por lo que realmente ingresan se haría progresivamente hasta el año 2032, una transición que iría elevando poco a poco los ingresos del sistema para poder contribuir a enfrentar el aumento del gasto derivado de la jubilación del baby boom.
En 2022 se acordaron las tablas de cotización para los próximos tres años (2023-2025) y ahora corresponde al Ejecutivo pactar con los agentes sociales un nuevo incremento para el siguiente trienio.
¿Qué les parece a los afectados?
No todas las organizaciones de autónomos han reaccionado de la misma manera, pero la que cuenta con más representatividad, ATA, se ha opuesto frontalmente. Su presidente, Lorenzo Amor, ha tachado la idea de «sablazo«. Asegura que se rompe el principio de que quien gane más, pague más, y se opone a fijar las bases de cotización para los próximos seis años «sin tener en cuenta el contexto económico y político del país».
La asociación más a la izquierda en el espectro ideológico, UATAE, tampoco la ve con buenos ojos, ya que «interrumpe la reducción de cuotas para los colectivos de autónomos de menores ingresos y más vulnerables», a los que en 2023 se redujo la aportación y a los que ahora se les incrementaría.
UPTA, por su parte, hace una valoración más positiva al considerar que está en línea con lo acordado en 2022.
¿Lo apoyarán los partidos?
En este caso, parece que el ala socialista del Gobierno se ha quedado sola en la propuesta, que no cuenta ni siquiera con el apoyo de Sumar. El partido de Yolanda Díaz dice que el Ejecutivo se podría centrar más en «achicharrar» a los «rentistas» que a los emprendedores.
Otros socios de Pedro Sánchez también se han mostrado en contra, como Junts y ERC, así como la oposición de PP y Vox.
¿Cuál es el objetivo?
Más allá de igualar la aportación de todos los tipos de trabajadores, el objetivo último del Gobierno es monetario, es decir, incrementar la recaudación de la Seguridad Social para poder hacer frente al gasto creciente en pensiones públicas, que se agravará especialmente las próximas tres décadas ante la jubilación de la amplia generación del baby boom.
Cuando diseñó la medida, Escrivá calculó que aportaría ingresos por un 0,5% del PIB cada año -cuando estuviera del todo desplegada-, el equivalente a unos 6.500 millones de euros cada año para las arcas públicas.
¿Será efectiva?
Aunque a corto plazo se produzca un fuerte incremento de los ingresos, esto supondrá más gasto futuro, ya que al aumentar las cotizaciones los autónomos generarán derecho a una mayor pensión. De hecho, distintos expertos han calculado que a largo plazo el sistema volverá a ser deficitario, y los ingresos quedarán por debajo de los gastos.
La efectividad de la medida, por tanto, queda acotada en el corto plazo, en tanto que sirve al sistema para acometer un problema inminente, pero en la práctica es una patada hacia delante, ya que el sistema volverá a encontrarse un problema de desequilibrio dentro de unas décadas.
