El costo político de hacer una reforma fiscal que cargue con más impuestos a la población es la razón por la que el presidente Luis Abinader y sus antecesores de las últimas dos décadas han preferido postergarla, según la opinión de algunos analistas.
Este proyecto de ley traería como consecuencia la «sepultura política» del PRM (Partido Revolucionario Moderno) para las elecciones del 2028, de acuerdo al politólogo Jesús Bueno.
Aunque el mandatario ha asegurado que no buscará la reelección, el PRM se enfrentará al reto de mantener el poder con un nuevo candidato cuando pasen estos cuatro años.
El consultor en negociación, Nelson Espinal Báez, considera que se trató de una respuesta táctica ante la falta de consenso y el riesgo de una crisis política.
«La decisión de retirarla responde a una lógica pragmática de evitar mayores tensiones sociales. En este sentido, la decisión parece más una medida de gestión de riesgos que una concesión populista», evalúa el abogado.
«Aquí se va a hacer una reforma tributaria cuando haya una situación obvia de inestabilidad macroeconómica en el país que ya no se pueda esperar nada, porque hacer una reforma fiscal es sumamente difícil», vaticina.
Más escéptica, la socióloga Rosario Espinal cree que el presidente Abinader retiró la propuesta «porque realmente no había interés de aprobarla». «Políticamente no se entiende que un presidente somete una reforma fiscal de la cual se ha hablado tanto y la retire tan rápido», argumenta.
Rosario Espinal está convencida de que el trago amargo que representa la reforma seguirá posponiéndose hasta que sea cuestión de vida o muerte.
Abinader había dicho que haría la reforma que otros debieron hacer a pesar del costo político, por lo que, para Espinal, resulta muy extraño y aparenta «que no se hizo el esfuerzo».
Bajar el gasto
El aumento del gasto público es uno de los factores que más molestó y generó rechazo hacia la reforma fiscal entre los que participaron en las vistas públicas ante el Congreso Nacional.
Por eso, los politólogos y economistas coinciden en que el gobierno debe tomar el camino de sincerarse con este tema antes de proponer más cargas a la ciudadanía.
«La reducción de los gastos revestiría al gobierno de autoridad moral para proponer nuevas imposiciones. Se carece de autoridad moral para proponer nuevas imposiciones frente a gastos excesivos, superfluos y carentes de prioridad», sostiene el economista y exgobernador del Banco Central, Guillermo Caram.
«El presidente debió tomar en cuenta, en primer lugar, los súper privilegios de los congresistas y la distribución de dinero para los partidos políticos todos los años, cuando debería ser únicamente durante el año electoral», apunta Jesús Bueno.
Rosario Espinal afirma que el PRM tiene que sentarse a hacer un análisis muy preciso de la ubicación del gasto: de lo que están recaudando, de lo que están gastando y cómo lo están gastando. Luego, podrían estudiar qué nuevos impuestos pueden crear.
Para Nelson Espinal Báez, esta es una oportunidad «para reconfigurar el proceso de reforma involucrando a actores claves, lo que ayudaría a legitimar el proceso y mejorar la percepción pública».
«Es relevante destacar que la élite económica del país parece haber tomado conciencia de la necesidad de la reforma fiscal, lo cual es un factor importante y positivo para la estabilidad a largo plazo. Esta actitud del sector empresarial refuerza la posibilidad de construir un consenso más amplio, que no solo permita relanzar la reforma fiscal, sino también avanzar en otras áreas críticas de desarrollo económico», reflexiona.
