El Gobierno de Portugal lanza guiños a la empresa Ryanair y al resto de aerolíneas que hay en España en plena tensión por la política de tasas de la empresa con participación pública Aena. Se han mantenido reuniones con las aerolíneas, ha habido sintonía y además se han hecho declaraciones públicas en contra del aumento de las tasas que tanto preocupan a la empresa irlandesa.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pasado de criticar el sistema de incentivos de Aena -como así ocurrió el pasado 16 de diciembre durante un encuentro en Valladolid, cuando aseguró que «el plan de Aena de incentivos no había conseguido el objetivo esperado»- a defender sin paliativos, dos meses después, la estrategia del gestor aeroportuario porque «las reglas las pone España».
Una postura que choca con la de su homólogo en Portugal, Miguel Pinto Luz, que hace unos días criticó la subida de las tarifas de ANA (la Aena portuguesa) y cuestionó su legalidad. «En la carta que enviamos a la ANA, el aumento de tarifas en 2026 está uno de los componentes que cuestionamos, incluso su vigencia», recogió el diario Jornal Económico de unas declaraciones del ministro de Infraestructuras y Vivienda.
El Gobierno, con su política, está empujando a Ryanair y a otras aerolíneas a que estudien mover sus rutas a otros países como Marruecos y Portugal. Este último se encuentra ahora mismo en una fase de gran transformación de la red aeroportuaria tras décadas intentando sin éxito construir un nuevo aeropuerto en Lisboa, porque el actual está saturado. ANA busca que esa obra se financie a través de una subida de tasas que el Ejecutivo portugués le niega.
Una actitud que difiere de la del Gobierno español. El pasado miércoles, el ministro Puente aseguró en el Congreso que «no era razonable económicamente que se pidiese incrementar la inversión en los aeropuertos y al mismo tiempo pedir una reducción de las tasas». La empresa participada en un 51% por el Estado solo recibe ingresos de dos fuentes distintas: las tasas aeroportuarias que pagan las aerolíneas y los ingresos comerciales de las tiendas que tienen en los propios aeropuertos, de las que se lleva un porcentaje. Sobre esto último, existe cierta polémica por lo elevados que son los precios. Las aerolíneas aseguran que las tasas han ido aumentando con el paso de los años y el Gobierno lo desmiente y afirma que «entre 2015 y 2024, las tarifas han bajado en términos reales».
De Hereu a Bustinduy
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se mantiene al margen de la guerra entre el Ministerio de Transportes y la aerolínea que más pasajeros transporta en España. Un conflicto que ha provocado que se eliminen 12 rutas y 800.000 asientos por parte de Ryanair para el próximo verano. Fuentes del sector argumentan que a Hereu no le interesa esta polémica y los efectos perversos que podría tener sobre el turismo, porque se encuentra centrado en atraer fondos europeos para el desarrollo industrial.
Mientras, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, mantiene otro choque con la aerolínea irlandesa tras imponerle una sanción de 179 millones de euros por «sobrecostes por el equipaje de mano». Una medida que cuestiona la Abogacía General del Estado, se estudia con detalle en Bruselas y que no comparte la cuota socialista del Ejecutivo. El ministro de Sumar puso el foco en la ‘tarifa básica’ que ofrece la empresa, que incluye el precio del billete más una bolsa o mochila gratis. Sin embargo, Bustinduy quiere que sea una maleta con ruedas y no una bolsa o mochila.
Puente, en el Congreso
El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció a petición propia el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Aunque en un principio el tema tenía que ver con la política de tasas aeroportuarias, los diversos grupos políticos fueron derivando el asunto hacia otros frentes: desde el caso Koldo hasta el franquismo, pasando por la demanda de las fuerzas independentistas de controlar los aeropuertos regionales.
Puente se mantuvo desafiante y duro con Ryanair, al que acusó de usar «argumentos falaces». Por otro lado, defendió a la compañía pública, Aena, subrayando que «no se financia con Presupuestos del Estado, sino que tiene autonomía financiera». Elogió además la figura de su presidente, Maurici Lucena, dando carpetazo a la tensión que mantuvo con él el pasado año, y defendió el sistema de tarifas, recordando que lo impulsó el Partido Popular en 2014. Sobre esto último, señaló que estas son «prestaciones patrimoniales públicas tasadas en la ley y que no se pueden alterar a capricho».
El ministro Puente está seguro de que Ryanair se va de Valladolid porque es su ciudad natal y donde él ha sido alcalde durante ocho años. Afirma que la aerolínea se va de los aeropuertos regionales en los que las tasas son más baratas a aquellos donde las tasas son más altas. Lo que, según él, explica que sus movimientos están pensados y basados en una «política comercial agresiva». No obstante, el presidente de Ryanair, Michael O’Leary, afirmó durante un encuentro empresarial hace unas semanas que salían de los aeropuertos regionales por la falta de rentabilidad.
El Gobierno rechazó un primer documento de Ryanair que proponía una alternativa a la política de incentivos de la empresa pública en enero de 2024 y, unos meses después, en septiembre, propuso una segunda. El ministro, durante su comparecencia, habló en singular para tachar la propuesta de Ryanair de «disparatada».
Según el ministro, la empresa propuso «incrementar 800.000 asientos anuales entre 2025 y 2026 en 14 aeropuertos regionales», condicionado a «una política de descuentos en las tarifas que revirtiera el ajuste tarifario de 2024; descuentos masivos del 50% en los aeropuertos regionales durante siete años por mantener pasajeros o incrementarlos. Es decir, por cada pasajero que mantuvieran con respecto al año anterior, un 50% de descuento en la tarifa, y por cada nuevo un 100% de descuento en la tarifa. Por último, pidieron aportación de fondos públicos por parte de las entidades locales y autonómicas durante cinco años, 150.000 euros al año, por mantener cada ruta existente, y 250.000 euros al año por cada nueva ruta».
