El PP y Vox han avanzado este martes en el Congreso su negativa a apoyar la reforma del Reglamento de la Cámara impulsada por el PSOE para regular la actividad de los grupos de influencia en el ámbito parlamentario y han arremetido contra los socialistas por promover esta iniciativa cuando, en palabras de la popular Carmen Navarro, están «cercados por la corrupción» y «les han estallado sus cloacas». «Es una iniciativa cínica e hipócrita», ha clamado Ignacio Gil Lázaro, de Vox.
La encargada de presentar el texto ante el Pleno ha sido la socialista María Adrio, quien ha explicado que con esta modificación reglamentaria se pretende también sancionar los «incumplimientos» del Código ético de las Cortes y Ley Electoral que ha achacado a parlamentarios del PP y Vox a los que ha señalado por falsear sus declaraciones de bienes.
En concreto, ha mencionado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ocultó «parte de su patrimonio» al Senado, que la Cámara Alta tuvo que instar a la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, a aclarar el suyo, y que Santiago Abascal y otros representantes de Vox declararon «ocultaron sobresueldos» al Congreso y a otras instituciones.
«Ello implica falta de transparencia, de ética, ocultación a la ciudadanía y pone en entredicho la forma de haber adquirido un patrimonio», ha avisado defendiendo la necesidad de castigar estos comportamientos. La réplica se la ha dado la secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Carmen Navarro, del PP: «Aquí el único que ha incumplido con su declaración de bienes es el diputado (José Luis) Ábalos«.
Fin de las «puertas giratorias»
Pero el grueso de los grupos han avanzado su apoyo y han centrado sus intervenciones en la regulación de la actividad de los grupos de influencia que plantea al PSOE. En este contexto, la mayoría de los socios del Ejecutivo han reclamado unas normas más ambiciosas que prohíban directamente las llamadas «puertas giratorias». «Los principales lobistas en España son «expresidentes del Gobierno y exministros», ha resaltado Néstor Rego, del BNG.
También Bildu apoyará la toma en consideración de la reforma, pese a considerarla «tímida» y haber puesto en duda su diputado Oskar Matute que unos diputados vayan a acceder a sancionar a compañeros de partido. Varios grupos, como PNV y Bildu, han cuestionado que el texto del PSOE fije las mismas obligaciones de registro para el desarrollo de actividades de influencia en el Congreso a las grandes corporaciones, como Repsol, que, por ejemplo, las asociaciones de vecinos.
«No es lo mismo un lobby empresarial con una voluntad de lucro evidente que la acción de movimientos sociales o populares en defensa de sus puestos de trabajo o de realidades que benefician al conjunto de la población», ha ilustrado Oskar Matute.
Como Matute, la diputada de ERC, Pilar Vallugera, ha recordado las reuniones con energéticas que tuvieron lugar en el Congreso cuando se negoció el impuesto a los beneficios de este sector. «Si supiéramos con quién se reúne cada grupo, entenderíamos el por qué del vuelco en determinados textos legislativos cuando pasan por la Cámara», ha indicado, reclamado «más rigor» y «más ganas de control» a los socialistas.
