Los grupos del PP y Vox en el Parlamento de Baleares han aprobado este martes —con los votos en contra de los grupos de la izquierda del PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos— la Ley de Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Baleares, que contempla, en su disposición adicional primera, la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que se puso en marcha en 2016. Se trata de la primera comunidad autónoma que elimina este órgano de control, extendido en otras regiones de España, que hasta ahora permitía formular denuncias anónimas para investigar tanto presuntos delitos como posibles irregularidades administrativas en las instituciones. El Gobierno autonómico del PP que preside Marga Prohens ha rechazado las peticiones de organizaciones como Transparencia Internacional España que, junto a una veintena de entidades, reclamó el mantenimiento de la oficina para favorecer el control de los cargos públicos. El PP ha argumentado que la oficina es “un invento” del PSOE que “nunca ha funcionado”. Los socialistas han acusado a Prohens de fomentar “la opacidad” y han avanzado que se plantean recurrir el cierre ante el Tribunal Constitucional.
La nueva ley aprobada por el PP y Vox avanza en la ocultación pública de las declaraciones de bienes y de patrimonio de sus altos cargos y en una rebaja de la transparencia. A pesar de contemplar la obligación de que los cargos públicos presenten declaraciones patrimoniales y de bienes, el registro que se creará a tal efecto tendrá carácter reservado y sólo podrán tener acceso al mismo el Parlamento, los órganos judiciales, la Sindicatura de Cuentas o determinados órganos administrativos. De hecho, la ley no contempla ningún tipo de régimen sancionador que castigue el incumplimiento a la hora de publicar estas declaraciones. La norma también cercena la opción de presentar denuncias anónimas por parte de funcionarios o ciudadanos como amparaba hasta ahora la oficina.
Los 207 expedientes que actualmente están en tramitación —14 de ellos a lo largo de este año— por parte de los funcionarios de la oficina pasarán, a través de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la comunidad autónoma, a las administraciones que sean competentes por razón del objeto de la denuncia. En la práctica, eso significa que será el Gobierno balear el que decidirá si sigue o no adelante con los expedientes y cuáles se llevan a término. Además, la ley declara la caducidad de los casos que lleven más de nueve meses abiertos desde que se iniciaron las actuaciones. La nueva normativa contempla un plazo para el cierre de la oficina de seis meses y el cese de su director, Cristóbal Milán, de forma inmediata a partir de la entrada en vigor de la ley.
“Es un desastre de ley, por decirlo finamente, un desastre desde un punto de vista político, técnico y jurídico”, ha dicho durante el pleno del Parlamento regional la diputada del PSIB-PSOE, Pilar Costa, que ha acusado al Gobierno de Prohens de actuar “por venganza” para evitar que se investigara una presunta trama urbanística en el municipio mallorquín de Campos que afecta a un socio de su padre. Para la portavoz de Més per Mallorca, María Ramón, el órgano que asumirá parte de las funciones que realizaba la oficina —la Inspección General de Calidad— “no es independiente”. “¿Cómo investigará un posible caso que afecte a la misma comunidad de Baleares, se investigarán entre compañeros de trabajo o entre superiores jerárquicos?”, ha señalado. El diputado Josep Castells, de Més per Menorca, ha criticado que la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la comunidad autónoma tenga encomendada la gestión “de esta documentación altamente sensible” cuando considera que no es un organismo que pueda “instruir un expediente por un problema de corrupción”.
Tanto el PP como Vox han hecho una defensa férrea de su nueva ley. El diputado popular Mauricio Rovira ha defendido que sea la Inspección General de Calidad la encargada de asumir los expedientes pendientes: “La remisión a este órgano es la mejor y la más independiente, desde luego mucho más independiente que la actual oficina de lucha y persecución de los contrarios políticos del PSIB”. En la misma línea se ha manifestado la diputada de Vox Patricia de las Heras, que ha celebrado el cierre “de un chiringuito” que a su juicio pretendía dar “apariencia de buen gobierno al gobierno más corrupto”. El cierre de la oficina no estaba incluido en el programa electoral del PP, aunque el acuerdo que el PP suscribió con Vox para garantizarse la investidura de Marga Prohens sí contemplaba la eliminación de los organismos públicos “que no reporten beneficios claros para la ciudadanía y supongan un gasto superfluo, innecesario, duplicado o con fines ideológicos y garantizaremos la máxima eficiencia del gasto en aquellos que continúen”. En los ocho años de funcionamiento, la oficina ha tramitado 522 denuncias.
La supresión llega cuando el Gobierno de Prohens se encuentra inmerso en un expediente para reclamar el dinero pagado por unas mascarillas a una empresa investigada por la Audiencia Nacional en el llamado caso Koldo. La presidenta del Govern, interrogada esta mañana en el Parlamento por el PSIB, ha insistido en que el expediente de reclamación no ha caducado y ha argumentado que desistir no tiene que ver con los plazos sino con las dificultades de que prospere, precisamente por el certificado de conformidad firmado por el anterior Ejecutivo. “Este certificado es la defensa de la empresa de la trama”, ha señalado la presidenta. La líder del Govern ha reiterado que el Ejecutivo no se conforma con los 2,6 millones de la diferencia inicial, sino que opta por la nulidad del contrato para recuperar la totalidad del montante. “Lo único que ha caducado son las mascarillas”, ha concluido.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
_
