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La Guardia Civil detuvo ayer 1 de agosto en torno a las 14.00 horas a cinco trabajadores de un centro de menores de Ateca, en la provincia de Zaragoza, en concreto del centro de chavales con problemas de conducta grave, gestionado por la Fundación Salud y Comunidad, que tiene un concierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Los delitos que se atribuyen a dos auxiliares, dos educadores sociales y el director de la institución consisten en lesiones, torturas, agresiones sexuales, contra la integridad moral de los menores, corrupción de menores y también pertenencia a grupo criminal. Todos ellos delitos cometidos «hacia menores internos en dicho centro», informa la Dirección General de la Guardia Civil en Aragón, que ha precisado que la denuncia la interpuso la madre de un menor ante la Policía Nacional en Zaragoza por las lesiones que había observado supuestamente en el cuerpo de su hijo, pero la demarcación de Ateca correspondía en sus gestiones al Instituto Armado. Y éste se ha encargado de la investigación en las últimas semanas. Lo prolijo del atestado ha llevado a la juez instructora de la causa, en Catalayud, a ordenar la entrada en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los cinco, que han negado ser autores de los hechos.
Las víctimas, según el auto de la titular de guardia en Calatayud, son dos víctimas: una menor de 17 años y el menor cuya madre denunció, de 16.
Los detenidos han pasado esta mañana de viernes a disposición judicial. A mediodía se les ha ordenado su ingreso en la cárcel de Zuera, en la provincia de Zaragoza, tras tomarles declaración. Al parecer los cinco han negado los hechos. La juez titular del Juzgado Mixto número 2 de Calatayud, Aída Ramírez, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los cinco.
La juez encargada de la investigación judicial había decretado horas antes el cierre provisional del centro. Y al tener conocimiento de esa orden, los menores han procedido a ser reubicados en otros centros del IASS por parte del Gobierno aragonés, tal y como ha remarcado también la vicepresidenta Mar Vaquero, que ha subrayado que el bienestar y el interés del menor van a primar sobre cualquier otro asunto y ha anunciado que el Ejecutivo de Jorge Azcón se persona también en la causa como perjudicado.
El TSJA sí ha aclarado esta mañana de viernes que la instructora expresa que «en el presente caso existen indicios suficientes de los que se infiere racionalmente la comisión de los citados delitos, tal y como se deduce del contenido de las exploraciones judiciales de los menores denunciantes, de las declaraciones testificales practicadas al personal trabajadores del centro, de los informes forenses y de los datos obrantes en el atestado policial«.
Según ha podido saber ABC, esas pruebas se inician hace unos pocos días, aunque fue a finales de junio cuando se empezaron a observar los comportamientos denunciados. Agravados con posterioridad, según algunos testimonios.
El director, señalado
Entre los investigados se encuentra el director de la institución. En el comunicado sobre la actuación de los agentes, la Dirección General de la Guardia Civil de Aragón precisa que «los investigadores lograron determinar que el responsable del centro, en una ocasión, solicitó a un empleado sanitario que realizase un informe que mostrase que un menor no presentaba ningún tipo de lesión«, es decir, ordenó que lo falsificase y mintiese, a lo que este trabajador se negó en rotundo. No emitió el informe falso, y lo denunció en el momento de la investigación policial.
Los menores tienen trastornos de conducta graves
El centro de Ateca es un servicio concertado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) con la Fundación Salud y Comunidad y el Grupo vasco Lagunduz (con el que este diario se ha puesto en contacto y que ha preferido no dar declaraciones hasta conocer el contenido de las acusaciones) destinado a dar asistencia a una veintena de chavales de entre 6 y 17 años (incluso más tiempo, si lo ordena un juez). Según la información de la que dispone este periódico, los menores siempre llegan a este centro por una autorización judicial. El centro ofrece un programa especializado de apoyo intensivo a menores (preferentemente hasta los 17 años, como citamos) que presentan conductas disruptivas recurrentes, con poco arraigo familiar por lo general. Se encuentran en régimen semicerrado, por lo que «entran y salen» de la institución.
Están dentro de este recurso «por autorización judicial y debido a un trastorno de conducta grave diagnosticado», especifican fuentes del IASS. También añaden que el bienestar de los menores internos es ahora mismo la prioridad y en eso trabajan con la entidad gestora desde la Subdirección de Protección a la Infancia y Tutela y la Dirección Provincial del IASS en Zaragoza. Se han puesto a disposición de la investigación y ofrecen su «colaboración absoluta» para esclarecer lo que suceda en el centro, añaden.
Desde el Gobierno de Aragón sí aclaran que como todos los centros de menores concertados, se tiene un «seguimiento» de los expedientes de los menores y se está en permanente comunicación con ellos.
Encerrado con llave y sin cámaras
La operación policial, a cargo del equipo del área de los delitos contra las personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Zaragoza de la Benemérita, está todavía en marcha, y se investiga si podría haber más víctimas entre los internos. La investigación se inició como consecuencia de que una madre denunció lesiones supuestas hacia su hijo por parte de «educadores del centro», argumentó. Según los resultados de la investigación, «se determinó que los educadores, siempre con el conocimiento del director del centro, habrían estado llevando a cabo una serie de acciones hacia el menor en cuestión que no se ajustarían al protocolo de trato hacia los internos».
Estos supuestos hechos delictivos se basarían en episodios de aislamiento, tratos degradantes y vejatorios. El episodio más sangrante del que ha tenido conocimiento este periódico es que al menor cuya madre denuncia lo encerraron en una habitación, con la ventana tapada, la llave echada y se le infligieron lesiones y golpes para reconducir su comportamiento. El responsable del centro pidió ocultar las agresiones. También pidió «apagar las cámaras» y que no se registrase lo que ocurría dentro del cuarto o cuando se inmovilizaba físicamente a los menores (contenciones), siempre presuntamente y según la información de fuentes de la investigación.
