El Congreso de los Diputados siempre tiene algo de teatro. Los políticos pueden atacarse con dureza en la tribuna, pero después mantener una buena relación y trenzar acuerdos de forma discreta. Sin embargo, en los últimos años, la relación entre el PSOE y el PP en privado era muy parecida a la que se ve en público: una tensión difícil de soportar, con todos los puentes aparentemente rotos. Y en el epicentro de esa toxicidad había dos cosas muy relacionadas: la ausencia de reconocimiento de Pedro Sánchez como legítimo presidente, y el bloqueo del Poder Judicial. El acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial ha supuesto un cambio radical en ese ambiente. No tanto en público, donde el PP siguió como siempre atacando con mucha dureza al Gobierno, sino en privado. En los pasillos del Congreso se podía escuchar a dirigentes del PP alabando a Félix Bolaños, al que atribuyen una apuesta decidida por el acuerdo frente a otros sectores del Gobierno, y a ministros del PSOE aplaudiendo que esta vez sí Alberto Núñez Feijóo haya decidido cerrar el pacto a pesar de las presiones del ala dura de su partido y de Vox.
El propio Pedro Sánchez, feliz con el acuerdo que llevaba esperando cinco años y medio y que, en la visión de su entorno, da oxígeno al Gobierno y normaliza la legislatura, renunció a replicar como suele a Feijóo en la sesión de control al entender que el líder del PP necesitaba aparecer muy duro en público para justificar un acuerdo que había sido rechazado por sectores importantes del PP y del mundo mediático conservador hasta hace solo unos días. “Para usted la perra gorda”, se entregó Sánchez de forma burlona, con un mensaje claro: si Feijóo necesita sobreactuar para que la derecha más dura asuma el pacto, bienvenido sea ese coste. Todos han cedido en el acuerdo. El PSOE se ha tragado a José Mario Macías, un jurista con mucha vena política y con un estrecho vínculo con el PP, como magistrado del Tribunal Constitucional, y el PP ha asumido una redacción de una proposición de ley que en absoluto garantiza, como ellos querían, que los jueces elegirán en el futuro directamente a 12 de los 20 vocales del CGPJ.
La Moncloa ha decidido ayudar a que la derecha digiera el acuerdo y dejar que el PP venda como grandes novedades cuestiones que ya estaban pactadas desde 2022 o incluso otras que ya están en la ley actual, como los nombramientos por mayoría reforzada. Tampoco quiere destacar las cesiones de los populares, y deja que sean ellos los que reivindiquen una gran victoria negociadora. Todos parecen satisfechos, y diversos dirigentes y miembros del Gobierno consultados aseguran que esto es solo el principio: ahora vendrán en cadena, algunos antes del verano y otros justo después, varios acuerdos para renovar otros órganos que están pendientes: Banco de España, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE) y también el siempre delicado Consejo de Administración de RTVE. En el Gobierno creen que ahí no debería haber muchos problemas, porque las cuotas por partidos están claras desde el último pacto, que también cerró Félix Bolaños, entonces con Teodoro García Egea, mano derecha de Pablo Casado, y bastaría renovar a los que tienen el mandato caducado respetando esas mismas cuotas.
Este nuevo clima con el PP, al menos en privado, tendrá además varios episodios en este mes de julio, porque la proposición de ley que han pactado Bolaños y Esteban González Pons lleva una tramitación larga que supondrá varios plenos dominados por este ambiente de acuerdo entre los dos grandes partidos. Habrá plenos en julio, un mes en teoría no hábil, los días 4, 11, 17 y 23, según comunicó la presidenta, Francina Armengol, a los grupos. Varios de ellos están pensados para la proposición de ley conjunta del PSOE y el PP sobre el Poder Judicial, que ya registraron ambos este miércoles con la firma de los dos portavoces, un momento especialmente simbólico y que no se veía hace años. Habrá un pleno para la toma en consideración, otro para las enmiendas a la totalidad, y otro en el que se aprobará la reforma que implica una mayor despolitización, con garantías por ejemplo de que los jueces no pueden volver directamente de la política a la judicatura, y se votará a los nuevos 20 vocales del CGPJ. Todo se quiere hacer lo más rápido posible para que el desbloqueo de la justicia empiece antes del parón de agosto. El nuevo CGPJ tendrá mucha tarea porque el bloqueo ha dejado un centenar de puestos sin cubrir.
Este acercamiento del PSOE y el PP, obligado por la necesidad que marca la Constitución de un acuerdo entre los dos grandes partidos para renovar el CGPJ -la opción de reducir las mayorías nunca estuvo encima de la mesa, según fuentes de La Moncloa, porque el presidente y su entorno la veían muy compleja- está generando tensión de algunos socios del Ejecutivo que son claves para su mayoría, especialmente los independentistas. Algunos incluso acusan al PSOE de haber cambiado de socios y le animan a intentar sacar adelante la legislatura con el PP. Mientras, a la derecha de los populares, también Vox les acusa de haberse entregado al PSOE.
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En realidad, según fuentes de los dos partidos al máximo nivel, los bloques siguen donde estaban y solo se van a pactar las cuestiones en las que es imprescindible el acuerdo entre los dos grandes, esto es la renovación de distintos órganos. Pero, por ejemplo, no hay ningún viso de un gran acuerdo que implica a los dos, pero tiene mucha más dificultad política, como es la reforma de la financiación autonómica. Y las normas del día a día, de las que también se tendrán que aprobar varias en julio —el real decreto ley que prorroga el IVA al 0% en el aceite y otros productos hasta septiembre es uno de los más importantes— no contarán muy probablemente con el PP y, por tanto, el Gobierno tendrá que acudir a su mayoría de investidura.
Nada ha cambiado de fondo ahí, pero sí parece existir en privado un nuevo clima y sobre todo algo más relevante: la sensación, muy extendida este miércoles en el Congreso, de que Gobierno y oposición vuelven a reconocerse, entran en una fase de normalización de la legislatura y, en consecuencia, asumen, de manera indirecta, que se acabó el periodo de excepción y, salvo enorme sorpresa arrastrado por una repetición electoral en Cataluña en otoño, nadie está pensando ahora en un adelanto electoral sino más bien en una legislatura que se va a estirar aunque sea con una evidente debilidad parlamentaria del Gobierno que, sin embargo, no tiene posibilidades de ser censurado porque no hay una mayoría alternativa.
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